Pedro Benítez (ALN).- El chavismo, o más bien sus herederos directos, tienen una ventaja estratégica fundamental: les tienen sin cuidado las hemerotecas. Pueden decir y hacer hoy lo que exactamente condenaron ayer. Sin que se les mueva una pestaña.
Así, por ejemplo, Venezuela ha venido siendo sometida a lo largo de los últimos meses a un ajuste económico y fiscal que, por sus magnitudes, no tiene precedentes en América Latina. No conforme con la pulverización que el largo ciclo hiperinflacionario ha hecho de los sueldos y pensiones que paga la administración pública, el alto Gobierno acompaña ese ajuste por la vía del gasto con un incremento de la presión de fiscal sobre una población mayoritariamente sumida en la inopia.
Esto lo hace la misma gente que lleva treinta años abominando del ajuste “neoliberal” de 1989, en particular del aumento de un “medio” mensual (0.25 bolívares de la época) que se aplicó entonces al precio de la gasolina y que muy (in) coherentes con esa bandera hoy lo están dolarizando.
Otro sonoro ejemplo en ese sentido lo aporta cada cierto tiempo Rafael Ramírez, exvicepresidente del Área Económica, exministro de Petróleo y Energía, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), excuarto bate del equipo y ex novio de la madrina del chavismo. Hasta 2014 fue el hombre que más poder tuvo en los 100 años de la industria petrolera venezolana, gracias a la confianza que le depositó el expresidente Hugo Chávez.
No solo fue el administrador de la caja (es decir, de PDVSA), sino que por esa misma razón todo pasaba por él. Los 100 mil barriles diarios de crudo que se despachaban a Cuba, los suministros a Petrocaribe y el ALBA (que sostenían las costosas alianzas internacionales), las importaciones de alimentos de PDVAL (una filial de PDVSA creada para ese fin) así como mantener lubricada la maquinaria clientelar del PSUV. No por casualidad, en 2012 fue el coordinador del Órgano Superior de la Vivienda, iniciativa que fue propagandísticamente clave en la última reelección presidencial de Chávez.
A lo anterior debe agregarse que por esos años fue un intocable del régimen, pese a la lluvia de denuncias de corrupción formuladas en su contra; al ostentoso tren de vida de su primo Diego Salazar, enriquecido repentinamente gracias a la adjudicación a dedo que se le hizo del multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de PDVSA; así como el desfalco y el despilfarro comprobado en las importaciones de alimentos efectuadas bajo su responsabilidad. Cuando en 2010 comenzó la crisis eléctrica en Venezuela causada por falta de inversiones que, según la ley vigente el Ministerio de Energía y Petróleo a su cargo debía garantizar, el entonces mandatario nacional resolvió dividir el despacho para protegerlo. Cualquier intento de investigación de su gestión fue sistemáticamente bloqueado hasta diciembre de 2017 cuando cayó en desgracia.
Fue en ese momento cuando, con todo este curriculum a cuestas, emprendió su guerra personal contra Nicolás Maduro. Una disputa de egos, poder y dinero
En un gran ejercicio de fariseísmo Ramírez no desperdicia oportunidad para atribuir la responsabilidad exclusiva del colapso de la industria petrolera a Maduro, pasando convenientemente por alto que si a éste se le puede acusar de algo es de precisamente haber continuado con las políticas económicas y petroleras de las que el propio Ramírez fue brazo ejecutor.
Aunque pretenda cambiar su desempeño en los acontecimientos de los cuales fue protagonista (es muy común que eso ocurra), lo cierto del caso es que él era perfectamente consciente del desastre que se avecinaba sobre Venezuela como consecuencia de las demenciales políticas que respaldó y ejecutó por más de una década.
«Nada de eso es cierto»
Prueba de ello fue la serie de propuestas de reforma económica que en agosto de 2014 presentó ante el III Congreso del PSUV, para, según dijo, “salvar el modelo socialista”. Entre las mismas destacaban el aumento en el precio de la gasolina y la eliminación del control de cambios. Dos de los pesos muertos que lastraban las finanzas de PDVSA. Pero Maduro decidió no hacerle caso y seguir fiel al legado, llevando a Venezuela por el mismo despeñadero.
Sin embargo, leer los largos textos que de vez en cuando pública en sus redes sociales no deja de tener su interés a fin de comprender el laberinto donde se ha ido metiendo el chavismo como movimiento político. En su más reciente columna donde, a propósito de la guerra en Ucrania y la eventual reconciliación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, vuelve a cargar contra su antiguo aliado y jefe político, Ramírez aborda un tema que por exponerlo él resulta revelador. El papel de las sanciones en la debacle de la industria petrolera venezolana.
Afirma que: «Para justificar su incapacidad y tratar de explicar la destrucción de PDVSA (…) maduro (sic) utilizó las sanciones norteamericanas como la excusa perfecta, a la cual se sumaban todo tipo de inverosímiles pretextos, como: el ataque de drones y misiles contra las refinerías, voladuras de oleoductos y desmantelamiento de grupos terroristas, compuestos por trabajadores de PDVSA, que, de acuerdo con la narrativa de maduro (sic), estaban al servicio del ‘imperialismo norteamericano’. Nada de eso es cierto, pero, el argumento de la corrupción y de las sanciones norteamericanas, le viene como ‘anillo al dedo’ para el discurso destinado a la izquierda acomodaticia y oportunista”.
Bueno para Ramírez, malo para Maduro
Esto lo pudo haber redactado cualquier acérrimo opositor antichavista, pero en la pluma de quien lo dice no deja de ser significativo, porque, entre otras cosas, dejando de lado el tema de las sanciones, en su día el propio Ramírez se refugió más de una vez en las mismas excusas de los supuestos actos de sabotaje y terrorismo a fin de tapar los fracasos de su gestión. Pero desde su punto de vista lo que era bueno para él no lo es para Maduro.
Pero más allá de este “detalle”, lo importante es su afirmación según la cual las sanciones son solo una “excusa perfecta” para justificar la estrepitosa caída de la producción petrolera venezolana. En ese orden de ideas agrega:
“La realidad es que las sanciones no son el origen del desastre de PDVSA. Cuando éstas se impusieron a PDVSA, en agosto de 2019, ya la producción de petróleo había caído hasta 700 MBD, producto de la gestión de Manuel Quevedo, quien, no sólo entregó todos los equipos y activos petroleros a los privados, persiguió y provocó la salida de más de 30.000 trabajadores de la industria, sino que entregó las actividades medulares de PDVSA por intermedio de los llamados contratos de servicio, así como la comercialización de la empresa a los operadores privados y ‘agentes’ del madurismo, quienes han hecho fortunas manejando nuestro petróleo”.
Para apuntalar su argumento señala el conocido caso de Irán, con 40 años de sanciones encima pero que sigue siendo un importante exportador del oro negro.
¿Traicionado por el subconsciente?
No obstante, llama profundamente la atención que Ramírez señale como causas de la debacle petrolera nacional a una serie de decisiones muy similares a las que él mismo tomó a partir de 2003 como presidente de PDVSA (que bautizó como roja, rojita) y que fueron minando la capacidad operativa de la corporación según han explicado desde entonces los entendidos de la materia. Porque él respaldó la decisión de despedir y perseguir arbitrariamente por razones políticas a 20 mil empleados y trabajadores de la industria en 2002; porque también entregó a dedo actividades medulares de PDVSA, como por ejemplo a su citado primo Diego Salazar; y con él también hicieron fortunas operadores privados y agentes suyos que manejaron “nuestro petróleo”.
Probablemente lo traicionó el subconsciente.
Pero, en su explicación la única diferencia fundamental entre unos y otros resultados es que él mismo no ha estado al frente de la empresa, y no los atribuye a las políticas y al estilo que en su momento impuso y que sus sucesores designados por Maduro siguieron aplicando.
Maduro, sin opciones
A continuación acusa, en el referido texto, a la transnacional estadounidense Chevron y al gobierno de Maduro de estar negociando: «No es solo poder operar en el país, sino tomar el control del petróleo. Chevron ha exigido al gobierno que para volver a operar en el país, ella debe tener el control operacional de la producción, y de la comercialización del petróleo”.
Esto muy probablemente sea así, y también podría ser que esa eventualidad pase por reformar o derogar, tal como afirma, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001. Pero la cuestión es que dado los antecedentes ocurridos en Venezuela bajo su gestión como ministro del área y presidente de PDVSA, es razonable que Chevron, o cualquier nuevo inversionista, aspire a eso. Y por otro lado, que Maduro lo acepte si es que quiere que la exportación petrolera venezolana vuelva a remontar. Otras opciones no tiene en el horizonte.
No obstante, si tal y como afirma Ramírez tal cambio implicaría un: «Retroceso de al menos 80 años (sic) en la historia petrolera del país”, el mismo es responsabilidad histórica exclusiva del chavismo y, por tanto, de él mismo como actor central durante las últimas dos décadas de una hegemonía bajo la cual la PDVSA que recibieron en 1999 fue destruida.
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