(Nota de prensa).- El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (C.E.A.), Edison Arciniega, denunció formalmente ante el Consejo Legislativo del Estado Falcón, un informe que contiene dramáticas secuelas de la permanencia de invasores en el Fundo Barimisigua, propiedad ubicada en el municipio Sanare, en la Costa Oriental de este estado.
En el documento titulado «Caso Barimisagua, un riesgo agudo para la producción de alimentos en la Costa Oriental de Falcón» el experto en materia agroalimentaria detalló que se trata de una situación que deja graves daños al entorno agroalimentario de la entidad, poniendo como ejemplo de ello, la caída del valor de las unidades de producción que hoy apenas rondan 11% de su valor real.
Tras relatar a los medios de comunicación que lo abordaron a su salida de esta institución, la historia de esta invasión de forma sucinta y mostrar las referencias de la propiedad de esta unidad de producción que es plenamente privada, así como el prontuario de quienes hoy la invaden; Arciniega dejó claro que, más que campesinos, los ocupantes son grupos de extractores ilegales de mineral y de madera.
Por otro lado, destacó que en las zonas ocupadas de Barimisagua hay la presencia de un rebaño «multihierro». Tras aclarar que se trata de una situación cotejada por el Insai, el portavoz manifestó que todo hace presumir que estos animales tienen su origen en el abigeato que sigue presente en zonas vecinas a la unidad de producción afectada.
«La bolsa agrícola y la banca han activado los protocolos correspondientes al riesgo de invasión en torno a los 30 kilómetros (de la propiedad). Esto está implicando a los productores de la zona una negación procedimental del acceso al financiamiento por alto riesgo de invasión y, en segundo lugar, que los préstamos que se están emitiendo serán con 50% de interés por la misma coyuntura», explicó.
Antes de concluir sus declaraciones, ratificó que el caso Barimisagua se ha transformado para la sociedad falconiana en un riesgo para la seguridad alimentaria. Argumento esto señalando que, pesar que el Estado venezolano ha construido consenso institucional para solventar el conflicto, no se ejecuta las decisiones administrativas ni judiciales y, ante ello, la impunidad genera un efecto a la comisión de más delitos. «Hay una probabilidad de 64% de activación de una ola de invasión en la Costa Oriental de Falcón», puntualizó.
