(EFE).- El abogado británico Karim Khan tomó este miércoles el relevo de la Oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y se hizo cargo de una larga lista de casos heredados de su predecesora, Fatou Bensouda, incluidas las tensiones con países africanos, o los crímenes en Afganistán y Palestina.
“Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente”, declaró Khan, al jurar su cargo en una ceremonia en la sede del tribunal, para el que fue elegido el pasado 12 de febrero por un periodo de nueve años.
En su primer discurso como fiscal, señaló que la CPI lamentó que “en pleno siglo XXI, gente moderna esté cometiendo crímenes medievales: violación, esclavitud, asesinatos, torturas, ataques contra la identidad, todas formas de persecución y destrucción de la propiedad cultural, tienen lugar mientras hablamos”.
TRIBUNAL DE ÚLTIMO RECURSO
Además, subrayó la necesidad de dar prioridad a hacer justicia en los países de origen o en la región, cerca de las víctimas, porque la CPI es un tribunal de “último recurso”, alejado del lugar donde se cometen los crímenes.
Mencionó igualmente la “falta de balance de género y (representación) geográfica” en la oficina del fiscal, algo que consideró que “debe ser tratado con urgencia”, al igual que el acoso denunciado por empleados.
Junto al reto de extender la jurisdicción de la CPI a otros Estados, Khan se enfrenta a tareas como decidir sobre el destino de varios casos bajo examen preliminar, como Bolivia y Venezuela, la admisibilidad de casos sobre Colombia, Filipinas o Guinea, o las investigaciones por los crímenes contra los rohinyá en Myanmar, los crímenes en Darfur (Sudán), la República Centroafricana, Libia, Kenia o Mali.
También debe decidir si continúa investigando posibles crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos, después de que Bensouda considerara que hay suficientes evidencias de que tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos cometieron presuntamente crímenes sobre los que la CPI tiene jurisprudencia.
POLÉMICO CASO AFGANISTÁN
Asimismo, Khan hereda la polémica investigación de los crímenes de guerra cometidos en Afganistán, un asunto que provocó una fuerte disputa entre Bensouda y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, al poner en el punto de mira a las tropas estadounidenses, algo que provocó sanciones para la oficina de la fiscal. Ni Estados Unidos, ni Israel reconocen la CPI.
En sus últimas palabras antes de que terminara su mandato, Bensouda trasladó un mensaje claro a Khan: “Para ser eficaz, justa y realmente disuasoria, las actividades y decisiones de la oficina del fiscal deben basarse siempre solamente en la ley y las evidencias. Sin miedos ni favoritismos”, dos palabras que Khan también usó en su discurso hoy.
En sus más de 25 años de carrera, el letrado trabajó para varios tribunales internacionales, tanto como fiscal como defensor de los acusados. Fue el principal abogado de la Defensa en el juicio al expresidente de Liberia, Charles Taylor, ante el Tribunal Especial para Sierra Leona, y defendió a sospechosos de los crímenes en Kenia, Sudán o Libia ante la CPI, entre otros.
UNA CORTE QUE NO RECONOCE EE UU
Antes de trasladarse a La Haya, Khan, de 50 años, vivió desde 2018 entre Bagdad y Nueva York como jefe de UNITAD, el equipo de Naciones Unidas encargado de obtener posibles evidencias de los crímenes del Estado Islámico (EI), que puedan usar eventualmente en un juicio contra este grupo terrorista.
“Karim Khan debe aprovechar los esfuerzos de su predecesor para garantizar que quienes tienen la mayor responsabilidad por delitos graves comparezcan ante la justicia, independientemente de su poder o rango”, subrayó hoy Liz Evenson, subdirectora del programa de justicia internacional de Human Right Watch (HRW).
Khan, tercer fiscal de la CPI desde su creación en 2002, tiene delante la tarea de acelerar las investigaciones, buscar financiación para su oficina y tratar de aumentar la legitimidad de la Corte, que ha sido muy criticada durante estos años, especialmente por varios Estados africanos que consideran que solo ellos eran objeto de las investigaciones, mientras se evitan países como Estados Unidos.
