Pedro Benítez (ALN).- El anuncio es formal, luego de cinco catastróficos años el Banco Central de Venezuela (BCV) admite lo que era evidente: Nicolás Maduro perdió la guerra económica que el mismo emprendió en 2013.
El Banco Central de Venezuela (BCV) firma una capitulación. Por más de tres años, esa institución al servicio absoluto de Nicolás Maduro no publicó ninguna cifra económica. Ni tasa de inflación ni evolución del PIB. Con su silencio avaló el discurso del gobierno, según el cual el país era víctima de una guerra económica emprendida, fundamentalmente, por los empresarios privados, empeñados en arruinarse ellos mismos con tal de derrocar al socialismo del siglo XXI.
En varias ocasiones se cerró la frontera con Colombia argumentado que ese era un frente desde el cual se destruía la economía nacional y se especulaba contra el bolívar. El único resultado concreto fue destruir la segunda mejor relación comercial externa que tenía Venezuela, porque ni siquiera se logró detener el contrabando de la gasolina venezolana al otro lado de la línea fronteriza.
El reciente informe del BCV admite que en Venezuela ha ocurrido una catástrofe económica de magnitudes colosales que, además, se ubica antes del inicio de las sanciones comerciales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana.
El Banco Central de Venezuela firma una capitulación. Por más de tres años, esa institución al servicio absoluto de Nicolás Maduro no publicó ninguna cifra económica. Ni tasa de inflación ni evolución del PIB. Con su silencio avaló el discurso del gobierno, según el cual el país era víctima de una guerra económica
Porque mientras el PIB venezolano y las importaciones de maquinarias, repuestos, materias primas, alimentos y medicinas se contraían año tras año (las importaciones totales se redujeron en 74%), Estados Unidos siguió siendo el principal mercado del petróleo venezolano. Hasta marzo pasado 8 de cada 10 dólares que le ingresaban a Venezuela por concepto de exportaciones petroleras provenían de clientes estadounidenses.
Mientras tanto, y según ese informe oficial, entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2018 la producción total del país cayó en 52%, el sector petrolero se contrajo en 47,4%, la industria 76,2%, la construcción 95% y el comercio 79%. Y por otra parte la tasa de inflación pasó de 181% en 2015 a 130.000% en 2018.
Por cierto, estas cifras contradicen la propaganda del gobierno según la cual en ese mismo tiempo el régimen madurista edificó más de 3 millones de viviendas.
Se podrá especular sobre las razones por las cuales el BCV da este giro de 180 grados en su comunicación pública. Una podría ser la necesidad de preparar el terreno para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (ante la falta de disposición de China y Rusia a dar financiamiento al régimen), algo que sólo sería posible en el marco de un acuerdo político dentro de Venezuela que lleve a Estados Unidos a levantar las sanciones.
O que se haga por presión de las autoridades chinas y rusas que exigen reformas económicas en serio a cambio de sostener el apoyo diplomático y militar.
Como sea, lo cierto es que el informe del BCV tiene un significado político por aquello de que ante confesión de parte relevo de pruebas. Es el acta de defunción del proyecto socialista que Hugo Chávez comenzó a edificar en Venezuela desde 2005. Después de admitir esas cifras, sea quien sea el que tome las decisiones económicas en Venezuela, no le queda más remedio que intentar desmontar el legado.
Súmesele a eso el fin del control de cambios; ese del cual en su momento el exvicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Istúriz afirmara que: “Si quitamos el control de cambio nos tumban”. “Es una decisión política, no económica”.
Pues el control de cambios se acabó, más por falta de divisas que por una meditada decisión de política económica. Pero como sabemos los hechos son tercos.
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Un esquema que naufraga
Toda la economía política del chavismo se concibió con el deliberado propósito de controlar a la sociedad, no de que prosperara. Por eso la asignación discrecional de divisas, las importaciones públicas subsidiadas, las expropiaciones de predios agrícolas y cadenas distribuidoras de alimentos, y las nacionalizaciones y expropiaciones de sectores estratégicos como la empresa de telecomunicaciones CANTV o el Banco de Venezuela. Mantener controlados a los empresarios, a raya a la clase media y manipulados a los pobres. Ese esquema que hoy naufraga paradójicamente amenaza al propio que lo creó.
Porque aunque pareciera que Venezuela es otro ejemplo de que “la economía no tumba gobiernos”, la realidad es que el desastre económico de estos años de mandato es el mar de fondo que mantiene el poder de Maduro en vilo.
El reciente informe del BCV admite que en Venezuela ha ocurrido una catástrofe económica de magnitudes colosales que, además, se ubica antes del inicio de las sanciones comerciales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana
Por otra parte, las frías cifras del BCV esconden la catástrofe humana que en algún momento el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), que debería llevar las cifras de pobreza y desempleo, también tendrá que admitir.
Nada de lo anterior quiere decir que Maduro y su grupo renuncien a su estilo tan propio, caracterizado por sostener las contradicciones más evidentes, como el que por ejemplo ha denunciado la diputada Manuela Bolívar cuando apunta que con los 56 millones de euros que el régimen destina (según afirmación oficial) a la compra de uniformes y armamento, se llevarían a cabo 227 trasplantes de médula ósea. Y por lo tanto se salvarían las vidas de niños que hoy están falleciendo en los hospitales públicos de Venezuela porque el programa que los atendía fue suspendido en 2017.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, atribuye sin ningún desparpajo el hecho a “las sanciones”. Cuando la verdad es que ese drama es parte de otro que tiene a la salud pública venezolana por el suelo, consecuencia a su vez en muy buena medida de la única estrategia económica que Maduro ha sostenido desde que ocupa el despacho presidencial de Miraflores: pagar puntualmente el servicio de la deuda externa a costa de la restricción brutal de importaciones, que incluyen alimentos y medicinas.
