Ysrrael Camero (ALN).- El puerto canario de Arguineguín se ha convertido en el receptor de miles de migrantes, quienes emprendieron un riesgoso trayecto, en cayucos, desde las costas del Sahara occidental. Una de cada 20 personas que emprende esa peligrosa ruta muere en el mar antes de tocar tierra española. Este incremento de la presión migratoria en Canarias ha sido el golpe más reciente que recibe el gobierno de coalición, hasta el punto de chocar la dirección nacional de Unidas Podemos con sus dirigentes insulares.
Coincide el aumento en la llegada de migrantes a Canarias, con el reinicio de los conflictos entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario en el Sahara occidental. Un conflicto que podría llegar a vincularse con las responsabilidades históricas de España sobre la región, de la que se desprendió a través del Acuerdo de Madrid de 1975, mientras el dictador Francisco Franco se acercaba a la muerte, y Juan Carlos de Borbón pugnaba para consolidar su reinado.
Migrar es votar con los pies. A lo largo de las últimas décadas se ha ampliado la brecha, en el índice de desarrollo humano, entre un norte de África empobrecido y el sur de Europa. Esa ruptura que cruza al Mediterráneo se combina con el desplazamiento de migrantes africanos que huyen de la pobreza, de conflictos étnicos o tribales, o de gobiernos opresivos, y que buscan en Europa un futuro de prosperidad y seguridad que se les niega en sus países de origen.
La Unión Europea, incluso en medio de sus crisis y con sus tensiones internas, sigue siendo un espacio de libertad, seguridad y prosperidad. El continente africano, dentro de su diversidad, a pesar de que varios de sus países han mejorado en los últimos años, sigue marcado por la precariedad, la pobreza y la vulnerabilidad humana. Como acostumbra a pasar en la historia, los pobres optan por migrar hacia aquellos lugares donde podrían tener más oportunidades.
La presión migratoria de África y del Medio Oriente ha generado tensiones dentro de las sociedades europeas. En 2015 hubo un pico migratorio hacia Europa, derivado de la guerra civil siria. Europa decidió desviar esa presión, externalizando sus fronteras. Se firmó un pacto con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan para que bloqueara la ruta de los migrantes por el Mediterráneo oriental, el Egeo, por donde habían pasado 856.700 personas en 2015, a cambio de 3.000 millones de euros.
La presión se trasladó hacia el Mediterráneo central, en momentos en que recrudecía la guerra civil en Libia. En 2016 llegaron más de 180.000 personas a Italia, a través del estrecho de Sicilia. Un año después Italia y Libia firmaron un memorándum de entendimiento que cerró esa ruta. El flujo humano volvió a moverse, y España se colocó en el foco.
Canarias en la frontera sur de Europa
Las Islas Canarias son una entrada a Europa por su frontera sur. En 2006 vivieron su propia crisis migratoria, con el ingreso de más de 32.000 personas a sus costas, en más de 600 cayucos provenientes de Marruecos, Mauritania y Senegal.
El gobierno español, que había reforzado previamente el control migratorio en Ceuta y Melilla, debió hacerlo también en Canarias. Se desarrolló un Plan África para cooperar con los países de origen y tránsito en la regulación de los flujos migratorios, contribuyendo a fortalecer los controles policiales africanos. Pero las circunstancias han cambiado.
El cierre de las rutas de migración por el Mediterráneo desplazó la presión al Atlántico, cayendo sobre las Islas Canarias. Esta es la ruta de acceso marítimo a Europa más peligrosa, con largas distancias oceánicas, donde una de cada cinco personas muere durante la travesía. Pero la desesperación puede más. En 2017 ingresaron 416 personas de este modo a Canarias, en 2018 se elevó esa cifra a 1.266 migrantes, que llegaron en 65 pateras, y en 2019 alcanzó los 1.497 migrantes. Durante el año 2020 ya han llegado a Canarias 16.760 migrantes, procedentes no sólo de los tradicionales Marruecos, Senegal o Mauritania, sino también de Gambia, Malí o Sierra Leona.
Uno de los elementos que ha alterado el flujo migratorio es la pandemia del coronavirus. Muchas fronteras en África se han cerrado, dificultando los desplazamientos internos, y el descenso en la actividad económica ha tenido un gran impacto en el comercio informal. La mayor parte de los migrantes parecen ser jóvenes que se dedicaban a la economía informal en sus países de origen, quienes perdieron cualquier ingreso con el parón económico derivado de la pandemia. Por otra parte, al estar las fronteras cerradas por el coronavirus, las devoluciones se dificultan.
Canarias desbordada, Moncloa interpelada
Las Islas Canarias no parecen tener la capacidad instalada para asimilar a la totalidad de la población desesperada que está migrando a sus costas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que están incrementando las inversiones en infraestructura, pero los tiempos llaman a la urgencia. Las autoridades canarias, así como sus representantes en el Congreso de los Diputados, exigen coordinación con las políticas españolas y con la misma Unión Europea.
La decisión de sacar 227 inmigrantes del puerto para dejarlos a su suerte en Las Palmas de Gran Canaria motivó una indignada reacción en los diversos sectores. No sólo el Partido Popular exigió la dimisión del ministro del Interior, sino que también lo hizo Laura Fuentes, la coordinadora general de Podemos Canarias, lo que impacta directamente en el gobierno nacional. El mismo PSOE de Canarias, al considerar inadmisible la situación, le exige explicaciones al ministro, así como lo hizo el socialista Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno autonómico insular. La dirigencia nacional de Unidas Podemos desautorizó la exigencia de sus delegados en Canarias, luego de un nuevo momento de tensión con el PSOE.
Varias organizaciones civiles exigen acelerar la regularización de los migrantes, lo que es rechazado por los sectores conservadores. En medio de la crisis económica que se está viviendo con mucho rigor en Canarias, existe una alta probabilidad de que se generen episodios de racismo y xenofobia que incrementen los conflictos sociales.
La prioridad del gobierno de Pedro Sánchez es evitar que las personas lleguen a España. Eso implicaría privilegiar la política de deportación y evitar su traslado a la Península, por lo que la presión continuaría enfocada en las Canarias. La ministra de política territorial, Carolina Darias, en una rueda de prensa con el presidente canario Ángel Víctor Torres, anunció un plan de choque para atender la situación.
Aunque en principio la tensión se enfoca en Grande-Marlaska, se extiende rápidamente a los responsables de otras carteras, a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, así como sobre José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas carteras se encuentran en manos del PSOE, quienes tienen el tema en sus manos.
