Pedro Benítez (ALN).- La agresión de la que fue objeto la exdiputada y líder del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, no es un hecho casual ni aislado. Se suma a la incontable lista de “incidentes” violentos de los que han sido víctimas los opositores venezolanos desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Un recordatorio de los riesgos que corre la dirigencia política opositora en Venezuela y de la amenaza que cierne sobre este país.
La tarde del pasado miércoles 24 de octubre, la exdiputada y líder del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, junto con un grupo de sus partidarios, fue atacada en una actividad política en la población de Upata, estado Bolívar (al sur de Venezuela), por grupos presuntamente afectos al oficialismo. 25 miembros de su equipo fueron heridos, según denunció.
El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en ese municipio, Genaro Mosquera, relató que en el evento recibieron “huevos, piedras, botellas, palos y disparos” y señaló directamente a activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a la alcaldesa de esa población como responsables de los hechos.
En todos los años que tengo haciendo Política en Upata jamás había visto tanta violencia y odio social por parte de quienes hoy ejercer funciones de Gobierno Municipal. Lo de hoy no tiene nombre.
— Genaro Mosquera (@genaromosquera) 24 de octubre de 2018
Este hecho se suma a la incontable lista de “incidentes” violentos de los que han sido víctimas los opositores venezolanos desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder en 1999.
Pocos días antes de la toma de posesión de Chávez en febrero de aquel año, en ocasión de la instalación del Congreso Nacional el 23 de enero, grupos afectos al nuevo mandatario tomaron el control de las calles adyacentes a la sede del Legislativo y desde entonces las convirtieron en “territorio liberado”, en el cual se dedicaron a agredir a diputados opositores o a simples transeúntes sólo porque su forma de vestir o apariencia física los hacía sospechosamente burgueses.
Rápidamente el chavismo organizó estos grupos y a medida que iba tomando el control de organismos públicos les aportaba fuentes de financiamiento. En los primeros tiempos se les bautizó con la denominación de “círculos bolivarianos”. De un tiempo para acá se les conoce como “colectivos”. Ese tipo de eufemismos que cierta izquierda es tan dada a usar para encubrir el verdadero significado, en ese caso: cuerpos de choque. Una versión venezolanizada de lo que en Cuba se conoce como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) o los Batallones de la Dignidad en la Panamá del general Manuel Antonio Noriega.
La exdiputada y líder del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, fue atacada, junto con un grupo de sus partidarios, por grupos presuntamente afectos al oficialismo
La función es la misma: agredir físicamente e intimidar a opositores aparentando una acción espontánea del pueblo y no de las fuerzas de seguridad del Estado.
Exactamente con esa función Hugo Chávez los promovió en Venezuela. Cuando tuvo las primeras resistencias institucionales a su propósito de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, amenazó a la Corte Suprema de Justicia de entonces con “enviarle al pueblo”. Todo el mundo en Venezuela comprendió el mensaje.
Estos grupos de acción violenta podían camuflarse dentro de las legítimas movilizaciones de respaldo al presidente en una época de alta popularidad.
Posteriormente, en el mismo 1999 se creó una dualidad muy parecida a la actual con dos poderes legislativos. Por un lado la Constituyente de abrumadora mayoría chavista y por otro el Congreso Nacional con reparto más equilibrado de las tendencias políticas. Presionando para disolver este último el verbo presidencial alentó a sus partidarios a propiciar situaciones en las cuales se dieron golpizas a diputados opositores, como fue el caso de Rafael Marín, entonces secretario general de Acción Democrática, principal partido opositor en el Congreso, quien recibió un impacto que le provocó una fractura en el cráneo.
De allá a esta parte se hizo normal algo que los venezolanos creían desterrado de sus prácticas políticas: el uso de la violencia. Agredir candidatos o movilizaciones en campañas electorales para impedir el proselitismo político en zonas consideradas chavistas, o atacar a periodistas, era algo justificado por los voceros oficiales como respuestas del pueblo.
Que grupos de motorizados armados disparen a movilizaciones de protestas antigubernamentales también. Incluso las golpizas se han llevado a cabo dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, como ocurrió en 2013 cuando siendo presidente del Parlamento Diosdado Cabello, los diputados opositores María Corina Machado y Julio Borges fueron brutalmente agredidos por sus colegas chavistas en lo que constituyó una abierta emboscada.
Tres años después Borges sería objeto de una nueva golpiza. Y en 2017 ocurriría un nuevo asalto “popular” a la sede del Legislativo.
El chantaje de la violencia
No obstante, el régimen chavista no se limitó a este tipo de tácticas. El siguiente paso en la escalada fue la aparición de grupos armados en la ciudad de Caracas y en áreas rurales del país so pretexto de “defender la revolución”.
Todo esto ha ocurrido al amparo de las autoridades militares y policiales encargadas de resguardar el orden público.
Rápidamente el chavismo organizó estos grupos y a medida que iba tomando el control de organismos públicos les aportaba fuentes de financiamiento
Así, el uso de la violencia física o la amenaza de usarla han sido parte integral del estilo de hacer política que el chavismo ha impuesto en Venezuela. Esta violencia, pese a lo que afirma con insistencia la propaganda oficial, no ha sido nunca respondida de la misma manera del lado opositor.
En las dos décadas que lleva la hegemonía chavista no han surgido en Venezuela (y este es un dato curioso) grupos violentos al estilo de Patria y Libertad como en Chile con el gobierno del presidente Salvador Allende, ni versiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Si de algo se ha cuidado el liderazgo opositor, incluyendo a los calificados de radicales, es de caer en el impredecible terreno de la violencia política.
Por el contrario, el chavismo ha promovido, protegido, financiado, e incluso importado, sin ningún disimulo, a números grupos de violentos, desde los círculos bolivarianos en una primera etapa hasta los actuales colectivos, donde la línea que divide el activismo político de la delincuencia común queda borrada.
Todo esto está ampliamente documentado por trabajos periodísticos y particularmente en el libro Doña Bárbara con Kalashnikov, de Juan Carlos Zapata, donde se hace un recuento de todas las modalidades criminales que se han instalado en Venezuela con la llegada del chavismo. Esto, insistimos, no fue un hecho casual, sino deliberado por parte del proyecto de poder de Hugo Chávez, quien le abrió la puerta a grupos de la insurgencia colombiana, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para que operaran en Venezuela.
Respondía a una lógica, armar a sectores que le eran afectos como una forma de control social y al mismo tiempo de disuasión de un probable levantamiento militar.
Todo esto alimentado constantemente por el clásico discurso populista de enfrentar a una parte de la sociedad (el pueblo) contra otra (los oligarcas). Cuando se haga la historia de la Venezuela de estos años una pregunta a responder es por qué no ha ocurrido una guerra civil. El chavismo ha chantajeado a Venezuela con la amenaza de la violencia.
Los riesgos de hacer oposición
Fallecido Chávez, sus herederos, Nicolás Maduro y particularmente Diosdado Cabello, han continuado con el mismo discurso de odio político y de amparo de la violencia paraestatal.
Sin embargo, han tenido la habilidad (o suerte) de aplicarla por dosis. Sólo cuando algún adversario parece muy activo, se hace incómodo, o la protesta social comienza a tomar fuerza. Hasta ahora no le costado la vida a ningún dirigente opositor de primera línea. Pero el riesgo existe porque la respuesta del gobierno de Maduro ante las dificultades es amenazar y agredir.
Fallecido Chávez, sus herederos, Nicolás Maduro y particularmente Diosdado Cabello, han continuado con el mismo discurso de odio político y de amparo de la violencia paraestatal
Eso no quiere decir que no exista la represión política o social a gran escala. Existe. Los más de 120 asesinados en las protestas de 2017 lo demuestran, así como las más de 9.200 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2015 y 2017 por parte de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) llevadas a cabo por cuerpo policiales y militares, según ha denunciado la fiscal general elegida por la Asamblea Nacional de mayoría chavista Luisa Ortega Díaz.
La agresión de la que fue objeto María Corina Machado junto a su equipo de trabajo, así como la reciente muerte del concejal Fernando Albán, son un recordatorio de los riesgos que corre la dirigencia política opositora en Venezuela todos los días.
Pero también el recordatorio del riesgo que corre este país, donde todas las condiciones necesarias para una guerra civil parecen dadas.
