(EFE).- El alcalde del municipio Urbaneja, en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, Manuel Ferreira, denunció un «derrame de hidrocarburos importante» en la costa de la localidad y ordenó el cierre de las playas de la zona.
«Acabamos de identificar lo que se presume ha sido un derrame de hidrocarburos en playa Los Canales. Esta solución aceitosa no se observa hasta los momentos en Playa Lido o Playa Cangrejo. Procedemos a informar al Ministerio del Ambiente para que investigue el origen», detalló el alcalde en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.
Ferreira indicó que, como medida preventiva, fueron cerradas las playas Los Canales, Lido y Cangrejo hasta que puedan ser saneadas.
«Las vamos a cerrar (las playas) por 72 horas, hasta tanto los cuerpos o las instituciones como Pdvsa (Petróleos de Venezuela) se encarguen del tema de la contención de este derrame y de colocar las barreras necesarias para sustraer este material de las playas», informó el alcalde.
Añadió que se puede percibir en la zona una mancha de crudo tanto en el agua como en la arena, así como un «fuerte olor» a combustible.
En este sentido, exhortó a la población a no visitar estos espacios y aseguró que transcurridas las primeras 72 horas revisarán la medida de cierre.
«Malas prácticas»
En diversas oportunidades activistas de varias organizaciones de Venezuela han exigido al Gobierno frenar el daño ambiental que producen las «malas prácticas» en la industria petrolera, entre otras.
En mayo del año pasado, Fundaredes, la plataforma EPA (Educación, Producción y Ambiente) y el Observatorio de Educación realizaron un «pancartazo» con la finalidad de exigir al Estado «frenar el severo daño ambiental en el país, debido a las malas prácticas en la industria petrolera, y a otras situaciones derivadas de la emergencia humanitaria compleja que ha impactado también en los recursos naturales».
Elías Cáceres, activista por los derechos humanos señaló entonces que, «así como quienes ocupan el poder en Venezuela violan los derechos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos, también violan los derechos a un ambiente sano y protegido, cuando permite el desastre ecológico producto de los derrames petroleros».
