(EFE).- La incertidumbre sobre cuándo serán las presidenciales en Venezuela comenzará a disiparse en los próximos días, cuando el chavismo pondrá en marcha un proceso -que puede durar horas o semanas- en respuesta al reclamo de opositores que piden que se defina el día en cuestión, para apuntar hacia esa fecha toda la maquinaria política y electoral.
A partir del próximo lunes, por orden del Parlamento, controlado por el oficialismo, diversos sectores elaborarán una propuesta de cronograma de los comicios que será presentada esa misma semana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, como único ente autorizado para convocar a elecciones en el país, se tomará el tiempo que considere necesario para fijar una fecha.
Hasta ahora, los venezolanos saben que, según el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), votarán en el segundo semestre del año, pero no pueden estimar si acudirán a las urnas en julio o en diciembre, de lo que dependerá qué tipo de elección habrá.
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Exrectores electorales consultados por EFE coinciden en que la falta de una fecha pone en riesgo el cumplimiento de garantías acordadas en Barbados el pasado octubre, cuando el Ejecutivo y la PUD firmaron una primera hoja de ruta para las elecciones, un documento «parcialmente violado» por la parte gubernamental, según la contraparte.
Garantías en juego
La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, explicó a EFE que estas garantías incluyen procesos que deben activarse meses antes de los comicios, tales como la actualización y depuración del censo de votantes y la observación internacional.
«Más allá de lo que tradicionalmente pasa en un proceso electoral, nos tienen que dar más tiempos, más lapsos para hacer una elección que, en el caso de Venezuela, se presenta como una elección fundamental porque está en juego el cambio político», expuso la también exrectora del CNE.
Estimó que para organizar una elección de este tipo se requieren unos seis meses, pero -subrayó- el «rezago» en el Registro Electoral genera una dificultad adicional, pues hay más de tres millones de venezolanos mayores de edad que aún no están inscritos para votar, por lo que urgen jornadas de inscripción que atraigan a jóvenes en todo el país.
En cuanto a la observación electoral, recordó que misiones como la de la Unión Europea -acordada entre el Gobierno y la PUD- requieren invitaciones expresas del Estado, aún sin emitir, para empezar a conformarse, meses antes del día de las votaciones, y llegar al terreno unos dos meses antes de la contienda.
El Estado sabe que si las invitaciones a las misiones se emiten de manera tardía, estas no podrán organizar a sus equipos para un despliegue efectivo y, por tanto, no asistirán, un hecho que ya tiene un precedente en las legislativas de 2020, y que constituye otro as en la manga del Ejecutivo, con el que puede jugar a su antojo.
Tiempo y desventaja
El exrector principal del CNE Vicente Díaz aclaró a EFE que, aunque no existe ninguna norma que obligue a anunciar la fecha de los comicios en un determinado momento, la incertidumbre podría generar un «agotamiento» de las fuerzas políticas opositoras para su campaña o, por el contrario, la falta de preparación para la contienda.
Explicó que el acto de fijar la fecha «no es un tema técnico, ni logístico, ni constitucional, sino que es un tema político» que pone en «desventaja tremenda» al sector opositor que no tiene acceso al poder y desconoce detalles que sí maneja el chavismo, en el Gobierno desde 1999.
«Quienes adversan al Gobierno (…) no saben exactamente cómo va a ser el proceso, si se van a cumplir las garantías requeridas (…) y no pueden prepararse para el combate electoral», insistió.
Además, advirtió que la «necesaria» actualización del Registro Electoral es uno de los aspectos más difíciles de concretar en corto tiempo, pues -aclaró- unas pocas jornadas de inscripción sin una campaña que promocione el derecho al sufragio dejará por fuera a cientos de miles de nuevos votantes.
