(EFE).- EEU. anunció este lunes nuevas sanciones económicas contra seis cargos del Gobierno de Nicaragua, y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera «cómplices de socavar la democracia» nicaragüense, horas antes de que el presidente Daniel Ortega inicie su quinto mandato.
Las restricciones, que afectan entre otros a la ministra de Defensa nicaragüense, Rosa Adelina Barahona, se imponen en coordinación con la Unión Europea (UE), que también aprobó este lunes nuevas sanciones contra la hija y el hijo de Ortega y contra otras cinco personas cercanas a su Gobierno.
«El presidente Ortega se va a investir hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que diseñó el 7 de noviembre no le conceden un nuevo mandato democrático, solo pueden hacerlo unas elecciones libres y justas», dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
Por una parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra tres cargos del aparato militar del país centroamericano, dos directivas del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Esas sanciones afectan a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.
El Departamento del Tesoro los sanciona por los «actos estatales de violencia» contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de «cientos de actores políticos y de la sociedad civil».
En el caso de la directora general y directora general adjunta de Telcor -Nahima Janett Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, respectivamente-, el Departamento del Tesoro las penaliza por «desinformación y persecución de medios independientes».
Según el comunicado, Telcor «suspendió la licencia de operación del Canal 21» después de que su director «denunciara anomalías en el proceso electoral», y también operó más de mil cuentas en redes sociales para «difundir propaganda negativa sobre la oposición».
Por último, sanciona a Ramón Humberto Calderón Vindell, un general del Ejército retirado y presidente de la junta directiva de Eniminas, para golpear los beneficios generados por el control estatal de la minería de oro, dado que el valor de las exportaciones de ese metal en Nicaragua ha «crecido drásticamente en los últimos años».
Las sanciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro implican el bloqueo de todas las propiedades o activos que puedan tener esas personas en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y les prohíbe cualquier transacción con ciudadanos que estén en ese país.
En paralelo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a «116 individuos que son cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores de universidades, así como funcionarios de Policía, prisiones y de defensa», indicó Blinken en su comunicado.
El Departamento de Estado ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de viaje a decenas de nicaragüenses, pero nunca identifica a aquellos que han perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, de acuerdo a la ley de Estados Unidos.
UE sanciona a los hijos de Ortega
La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra la hija y el hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y contra otras cinco personas cercanas al régimen, así como contra tres entidades del país.
En concreto, la UE sancionó a Camila Antonia Ortega Murillo y a su hermano Laureano Facundo, así como, entre otros, a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Isabel Rocha Chacón.
Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron «serias violaciones contra los derechos humanos» y haber apoyado las elecciones «fraudulentas» del pasado mes de noviembre.
Las medidas restrictivas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
