(EFE).- El Departamento de Estado exigió este jueves una investigación «independiente» para determinar «la verdadera causa de la muerte» en prisión del militar venezolano Raúl Isaías Baduel, considerado «preso político» desde su detención en 2009.
En rueda de prensa, el portavoz del Departamento, Ned Price, recalcó que la muerte de Baduel «es un recuerdo de las deplorables y peligrosas condiciones que los presos políticos enfrentan bajo custodia del régimen de (Nicolás) Maduro».
Baduel, de 66 años, falleció por una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la covid-19 en Caracas, según informaron el 12 de octubre las autoridades venezolanas.
Price indicó que desde 2014 «al menos diez presos políticos» han fallecido mientras estaban bajo detención.
«Sus familias merecen una revisión transparente y creíble sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, así como una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos», afirmó.
Baduel, quien fue fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), es considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería finalizar su pena.
Entonces, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.
Pese a que el Gobierno concedió varios indultos a numerosos opositores, Baduel nunca estuvo en las listas de los amnistiados.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
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