(EFE).- El Gobierno de Estados Unidos pidió hoy al Tribunal Supremo estadounidense que no elimine el precedente que legalizó el aborto en todo el país en 1973, al opinar que esa corte «nunca ha revocado un derecho tan fundamental» para los estadounidenses.
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, se pronunció así durante una audiencia en el Supremo sobre el futuro de «Roe versus Wade», la decisión de 1973 por la que el Supremo legalizó el aborto en todo el país, y que los líderes de dos decenas de estados conservadores quieren eliminar.
«Los efectos en el mundo real de derogar ‘Roe’ (…) serían graves e inmediatos», advirtió Prelogar, quien aseguró que eso supondría una «reducción sin precedentes de los derechos individuales» en Estados Unidos.
El caso gira en torno a una ley de Misisipi que todavía no ha entrado en vigor y que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación en ese estado, el más pobre del país y donde apenas queda una clínica que practique interrupciones voluntarias del embarazo.
El procurador general de Misisipi, Scott Stewart, no solo ha defendido esa ley, sino que durante la audiencia de hoy pidió abiertamente al Supremo que anule el precedente establecido en 1973 y otra decisión que lo reafirmó en 1992, al considerar que «envenenan la ley».
La mayor parte del debate en la audiencia se centró en la posibilidad de eliminar el estándar de «viabilidad» marcado en la decisión de 1992, que permite interrumpir el embarazo hasta el punto en el que el feto puede sobrevivir fuera del vientre materno, alrededor de las 24 semanas de gestación.
El juez que preside el Supremo, el conservador John Roberts, se mostró interesado en eliminar ese criterio y limitar el derecho al aborto a las 15 semanas de gestación, como en el caso de la ley de Misisipi, que todavía no ha entrado en vigor.
Dada la composición actual del Supremo, donde hay seis jueces conservadores y tres progresistas, el movimiento feminista teme que el tribunal anule el precedente establecido en 1973, lo que permitiría a cada territorio del país prohibir o permitir el aborto a su antojo.
Si eso ocurre, se espera que alrededor de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetarlo, con lo que aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso al aborto en el territorio donde viven.
La decisión del Supremo sobre el caso no se espera hasta 2022, y llegará, como muy tarde, a finales de junio o principios de julio.