Daniel Gómez (ALN).- El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este lunes a Luis Parra y otros seis diputados involucrados con el golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Washington ya había avisado que no abandonaría la política de sanciones. Ni siquiera ahora que le pide a “todas las autoridades venezolanas” una “rápida transición negociada”.
“Esto demuestra el compromiso continuo de Estados Unidos con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y la prosperidad en Venezuela”. Eso dijo este lunes Mike Pompeo, canciller de EEUU, cuando el Departamento de Estado anunció sanciones contra siete diputados que participaron en el golpe contra Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Los sancionados son:
– Luis Parra, el autoproclamado presidente del Parlamento.
– Franklin Duarte, primer vicepresidente.
– José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente.
– Negal Morales, secretario.
– José Brito, diputado.
– Conrado Pérez, diputado.
– Adolfo Superlano, diputado.
Mientras EEUU llama a la negociación Maduro desafía al mundo para imponer su plan
“Estas personas asociadas con Maduro intentaron asediar el palacio de la Asamblea Nacional y celebrar una elección no convocada constitucionalmente para evitar que una mayoría de legisladores venezolanos legítimos votaran”, explica el comunicado del Departamento de Estado.
El canciller, Mike Pompeo, es la cara visible de la nueva estrategia de EEUU hacia Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El pasado jueves lanzó un comunicado detallando que 2020 es el año en el que Venezuela debería celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias. Comicios en los que participen “todos” y que estén vigilados por la comunidad internacional, por un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y por un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El comunicado mencionó también la palabra negociación:
“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo el secretario de Estado.
El plan de Pompeo no hablaba en ningún momento de sanciones. No era el momento. Pero Washington ha dejado claro que seguirá penando los atropellos a la democracia en Venezuela.
“Habrá sanciones realistas, apoyadas por el gran poder disuasorio de Estados Unidos”, declaró Mike Pompeo a principios de diciembre en el mismo discurso en el que descartó el uso de la fuerza para Venezuela pidiendo “contención” y admitiendo que una intervención militar es un riesgo. “Hemos aprendido en nuestra historia que el uso de la fuerza militar implica riesgos importantes”.
Elliott Abrams, enviado especial de EEUU para Venezuela, también sostiene este discurso. Apuesta por una salida negociada a la crisis, por la participación de todos los actores, y también por las sanciones “sobre gente que mina la democracia”.
¿Por qué este cambio de estrategia? El analista Francisco Herranz explicó en la agencia rusa Sputnik que la Casa Blanca ha admitido “un grave fallo de cálculo político” subestimando, como reconoció el propio Abrams, la influencia de Moscú y La Habana en Caracas.
“Como consecuencia del firme apoyo de Rusia y Cuba a Nicolás Maduro, y de la división de los grupos opositores, EEUU ha modificado su estrategia hacia Venezuela. Ya no baraja entre sus planes el uso de la fuerza. Ahora sólo reclama un proceso negociador entre las dos partes enfrentadas con el objetivo de renovar la Presidencia y el Parlamento”, agregó Herranz.
En la Unión Europea también defienden esta estrategia. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, afirma que Bruselas seguirá sancionando a quienes atenten contra la democracia.
De hecho, el pasado jueves confirmó que la UE estudia sanciones contra Luis Parra y los diputados que contribuyeron al golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. De hecho, este martes en Estrasburgo se activa la burocracia europea para iniciar el juicio contra Parra, el cual puede derivar en sanciones. Y es que ahora la ruta de la comunidad internacional parece más clara que nunca:
– Ratificar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.
– Presionar a Maduro para que permita elecciones presidenciales y parlamentarias.
– Sancionar cualquier atentado contra la democracia y contra los derechos humanos.
– Iniciar una transición en la que participen todas las autoridades venezolanas.
