(EFE).- El Gobierno de Estados Unidos repitió este jueves lo que se ha convertido en su mantra en las últimas semanas: «la frontera sur no está abierta», y no lo va a estar tras el levantamiento esta noche del Título 42, una norma por la que ha estado llevando a cabo expulsiones en caliente durante la pandemia.
Para reforzar este mensaje, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, compareció este jueves en la rueda de prensa de la Casa Blanca junto a la portavoz del Gobierno, Karine Jean-Pierre.
Las palabras de Mayorkas fueron prácticamente las mismas que pronunció el miércoles en una rueda de prensa en la sede del DHS, pero su comparecencia en la sala de prensa de la mansión presidencial daba idea de la urgencia a la que se enfrentan las autoridades estadounidenses en la frontera ante el aumento del flujo de migrantes que intenta cruzar desde México.
Los migrantes y las consecuencias
El responsable recordó que a partir de la próxima medianoche «la gente que llegue a la frontera sur» estará sujeta al Título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración y que reemplazará al Título 42.
«Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la próxima medianoche presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente, lo que incluye una prohibición de un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial», subrayó.
Afirmó que han reforzado el número de efectivos en la zona y que llevan preparándose para este momento desde hace dos años: «Estamos aumentando a 24.000 los agentes de la Patrulla Fronteriza, 4.000 soldados, miles de contratistas y 1.000 funcionarios y jueces de asilo», enumeró.
Insistió en que esperan grandes cifras de detenciones de migrantes irregulares en el límite con México y que, de hecho, ya están viendo grandes números en ciertos sectores.
La expulsión
Mayorkas mencionó las medidas que el Ejecutivo del presidente Joe Biden ha adoptado en las últimas semanas para lidiar con la que se anticipa como una gran crisis migratoria y aseguró que su país está aplicando consecuencias más duras contra quien entra irregularmente en EE.UU.
«Durante la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665.000 personas, estamos llevando a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana y seguimos aumentándolos -apuntó-. Justo ayer trabajamos con el Gobierno de México para expulsar a cerca de 1.000 venezolanos que no usaron las vías legales disponibles para entrar en EE.UU.».
Dijo que EE.UU. está trabajando «de cerca con México» y recordó la conversación telefónica a principios de esta semana entre Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador: «México está adoptando medidas de seguridad muy importantes que apreciamos de gran manera y que han sido tomadas en coordinación con nosotros», señaló.
En una rueda de prensa telefónica aparte, Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, destacó que el Gobierno está escuchando, pero no está «de acuerdo» con las críticas de organizaciones de derechos humanos contra las nuevas restricciones en la frontera.
El funcionario aseguró que las medidas que se han tomado «son necesarias» para afrontar el reto migratorio y afirmó que los migrantes «todavía tienen derecho de pedir asilo en la frontera», además de que se han «expandido los canales legales».
«Respetuosamente, no estamos de acuerdo con esas críticas», remarcó.
Mayorkas lo dejó claro en su rueda de prensa: «Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes, estamos haciendo todo lo posible para aplicar esas leyes de una forma segura, ordenada y humana. Trabajamos con los países de la región para abordar un reto regional con soluciones regionales y, de nuevo, instamos al Congreso a aprobar una reforma migratoria necesaria de forma desesperada».
