(EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este miércoles que Estados Unidos, con el que no tiene relaciones diplomáticas desde 2019, es un «rehén» de sus «propias políticas de agresión» que, según el país suramericano, consisten en la imposición de sanciones y bloqueos.
«Estados Unidos es hoy rehén de sus propias políticas de agresión. La crisis migratoria ante la cual tantos operadores políticos manifiestan preocupación no es sino consecuencia directa e inmediata de sus medidas coercitivas y bloqueos», dijo el Ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.
Según el Gobierno chavista, el pueblo venezolano «no se ha doblegado ante estas agresiones ni lo hará jamás».
«No importa lo que haga Estados Unidos. Venezuela es un país decidido a ser libre y prevalecerá», dijo el Ejecutivo en el escrito, donde expresa su rechazo a la prórroga por un año de la declaración de «emergencia nacional» dictada en 2015 por el país norteamericano respecto al caribeño, decisión que calificó como «innecesaria, absurda y hostil».
EE.UU. considera que la situación en Venezuela representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, razón por la que prorrogó el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, renovado sistemáticamente cada año desde entonces.
«Agresión contra el pueblo venezolano»
Venezuela aseguró en su pronunciamiento que este decreto «se ha utilizado para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, violando toda norma del derecho internacional, constituyéndose en un caso de castigo colectivo».
Sin embargo, de acuerdo con el Ejecutivo de Maduro, «no se puede esperar otra cosa de un Gobierno que normaliza y banaliza el genocidio contra el pueblo palestino o que se muestra indiferente ante la pérdida progresiva de los derechos civiles de sus minorías».
El Gobierno estadounidense ha advertido que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones a Venezuela, que vence el próximo mes, si no se cumple con lo acordado para garantizar elecciones presidenciales libres y transparentes, que se celebrarán el próximo 28 de julio.
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