(EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que exigirá la presentación de certificados de antecedentes penales a los extranjeros que lleguen por las fronteras de Colombia o Perú, mientras dure la situación de emergencia adoptada tras la oleada de actos violentos generados esta semana por el crimen organizado.
El Ministerio del Interior, en un comunicado, indicó que los controles migratorios del país «requerirán de los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado».
Con esta disposición el Gobierno ecuatoriano busca «evitar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública», subrayó la cartera del Interior.
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Aclaró que los niños o adolescentes extranjeros que lleguen a Ecuador «acompañados de un familiar, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estarán exentos de este requisito».
El Ministerio del Interior precisó que la Subsecretaría de Migración «deberá emitir directrices operativas» que faciliten el «adecuado cumplimiento» de la disposición en los pasos fronterizos con Colombia y Perú.
Esta medida se adoptó con el objetivo de «fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación», añadió la cartera, y explicó que la disposición se sustenta en el Acuerdo Ministerial Número 007, adoptado por el Gobierno ecuatoriano «mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno».
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Ecuador vive una semana violenta desde el pasado lunes con motines en varias cárceles y 178 funcionarios penitenciarios retenidos, el incendio de vehículos, el secuestro y asesinato de policías e incluso la irrupción de delincuentes armados a un canal de televisión el pasado martes en Guayaquil, que terminó tras una operación policial con el resultado de un herido y 13 detenidos.
Las autoridades atribuyen estos hechos a la acción de bandas criminales justo cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa se disponía a poner en marcha un plan para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada.
