Pedro Benítez (ALN).- Muerte cruzada en Ecuador o el autoritarismo que se pasea por América Latina.
El próximo 20 de agosto se llevarán a cabo en ese país las elecciones anticipadas en la que se elegirá al sucesor de Guillermo Lasso y, si no hay segunda vuelta, un nuevo gobierno completará el periodo 2021-2025 tras la decisión del actual mandatario de disolver la Asamblea en mayo y gobernar por decreto.
Hay ocho candidatos en disputa, una mujer y siete hombres. La favorita es Luisa González, ex secretaria General de Despacho Presidencial y ex ministra del Trabajo del expresidente Rafael Correa, como candidata presidencial de su Movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Pese a que desde 2018 se destaparan varios casos de corrupción ocurridos en la década que gobernó (2007-2017), en los que aparecía involucrada la constructora Odebrecht, y que terminaron en la condena del propio Correa, razón por la cual desde entonces vive exiliado en Bélgica; así como de su ex vicepresidente, Jorge Glas (éste sí pagó prisión); y que la disputa con su sucesor Lenin Moreno debilitó a su partido; el ex presidente sigue siendo, a todas luces, la principal fuerza política ecuatoriana.
Su candidato perdió las elecciones presidenciales de 2021 con Lasso, pero su grupo quedó como la principal bancada de la Asamblea de ese país y en las elecciones regionales del pasado mes de febrero de 2023 sus candidatos se impusieron en las alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales plazas políticas del Ecuador. Viéndolo en retrospectiva, desde estas elecciones el gobierno de Lasso estaba herido de muerte; acosado por la violencia criminal y una precaria recuperación económica, de allá para acá lo que ha hecho es control de daños.
Ante el nuevo escenario, Correa ya ha mostrado sus cartas. Por una parte quiere ganar la elección en primera vuelta para asegurar la presidencia, y que no le ocurra lo de 2021 donde su candidato Andrés Arauz la ganó, pero fue derrotado en segunda instancia por Lasso quien agrupó todos los votos del anticorreísmo, que en realidad es el segundo partido político en Ecuador.
Considerado prófugo por la Justicia de su país se encuentra impedido de presentarse, de modo que en esa oportunidad presenta como su candidata a Luisa González. Esta diputada de 45 años tiene dos características: su total fidelidad a Correa y un marcado conservadurismo en lo social. Es abierta opositora a despenalizar el aborto y está en contra de la interrupción del embarazo incluso, en los casos de violación. “El aborto no es un derecho, el derecho es la vida”, manifestó en un controversial debate que sobre el tema dio el parlamento ecuatoriano en la anterior legislatura.
Puede que consciente de la ola conservadora que se mueve por Latinoamérica, Correa haya calculado que eso es una virtud, además de su lealtad.
Como sea, lo cierto del caso es que los electores correístas no van a votar por ella, van a votar por él. De hecho, la única promesa de la flamante candidata es designar como su principal asesor a Correa. Aquí, el ex mandatario ecuatoriano va a aplicar la misma táctica que Juan Domingo Perón usó en la Argentina hace medio siglo cuando nominó a Héctor Cámpora como candidato del Justicialismo con el cristalino lema: “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.
La misma que de allá para acá han aplicado varios jefes políticos de la región con diverso éxito. Él mismo la usó en 2017 en la persona de Lenin Moreno, sólo que éste le dio la tan latinoamericana patada histórica.
No obstante, Correa calcula que esta vez será distinto. Y aquí viene la segunda parte de su plan.
En una entrevista que hace dos semanas le dio a El País de España, detalló con meridiana claridad sus propósitos para Ecuador en caso de que su grupo gane las venideras elecciones de agosto:
Convocar a una Asamblea Constituyente, para reformar la Constitución, aun cuando él mismo como presidente, promovió una Constituyente en 2007 que sus partidarios ganaron por mayoría absoluta y que le permitió a él tomar el control de todas las instituciones e introducir una cláusula constitucional que permitiera la reelección presidencial.
A fin disipar cualquier posible duda al respecto, propone además invalidar la consulta popular que lo prohibió en 2018.
Luego, reemplazar a las actuales autoridades de control que fueron designadas a partir del Consejo de Participación Ciudadana de transición, también aprobado en la consulta de 2018.
Asimismo, plantea usar esa nueva Constituyente para eliminar todos los procesos y sentencias judiciales que hay en su contra, porque “obviamente con una victoria nuestra se derrumba inmediatamente porque todo es político”. El sueño que Cristina Kirchner no ha podido conseguir en Argentina.
De la misma forma, destituir a la actual fiscal general Diana Salazar, para que se enfrente a la “verdadera justicia”. Es decir, aplicar el milenario método de venganza. Por cierto, la primera mujer negra que ejerce esa función en el Ecuador, sometida a todo tipo de insultos y amenazas, pero como no es de la izquierda progresista mundial a nadie fuera de su país le preocupa u ofende.
Y finalmente, como no podía ser de otra manera, que esa Constituyente lo habilite para volver a presentarse como candidato presidencial una vez que “se derrumben los casos judiciales” abiertos en su contra.
Como se podrá apreciar es el mismo perro con el mismo collar. Rafael Correa aspira al ejercicio del poder absoluto de su país. La concentración de todo el poder en un solo grupo o persona que siempre termina de la misma manera, en tiranía. Sea en El Salvador o en Ecuador. Eso es lo se juega ese país en dos meses.
