(EFE).- Dos jueces federales en Nueva York fallaron este martes en dos casos separados a favor y en contra de los empleados públicos que se niegan a vacunarse, dentro de la larga batalla que continúan en los tribunales todos los antivacunas, opuestos a la obligatoriedad de inocularse el remedio contra la covid-19.
Por un lado, un grupo de educadores en la ciudad enfrentó un revés cuando una jueza del circuito de apelaciones para el distrito sur en Manhathan rechazó bloquear el mandato de vacunación para los empleados del sistema de educación pública, el más grande del país.
«Los demandantes no han demostrado que tienen derecho a ese recurso extraordinario», indicó la jueza Valerie Caproni, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.
Ya el pasado 5 de octubre otro juez federal, de la Corte de Apelaciones, había fallado en contra de los diez educadores demandantes -a uno de los cuales se le había negado la exención por razones religiosas– bajo el mismo argumento, pero los magistrados acordaron realizar una audiencia suplementaria.
A esa fecha, el 99 % de los directores y el 95 % de los empleados del Departamento de Educación a tiempo completo habían cumplido la obligatoriedad de vacunarse.
La jueza Caproni indicó además que no encontró ninguna animosidad contra la religión en las palabras del alcalde Bill de Blasio al ordenar las vacunas para el personal de educación, como alegaron los demandantes, señala además ABC.
Por el contrario, el juez David Hurd falló a favor de un grupo de 17 trabajadores de la salud del norte del estado que objetan vacunarse por motivos religiosos y accedió a su reclamo emitiendo una orden que impide al estado obligarlos a inocularse la vacuna.
A diferencia de otros jueces en casos similares, Hurd concluyó que «el interés público radica en hacer cumplir las garantías consagradas en la Constitución y las leyes federales contra la discriminación» y no en la salud pública en general», destaca además ABC.
La gobernadora Kathy Hochul emitió el mandato de las vacunas el pasado 27 de septiembre para empleados de hospitales y hogares de ancianos y luego lo amplió para incluir centros de cuidado paliativo y a asistentes del hogar, entre otros.
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