Daniel Gómez (ALN).- La misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Perú certificó violaciones de derechos humanos durante las protestas de noviembre. Dijo que la policía “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza que resultó en 2 muertes, mientras que al menos 200 personas resultaron heridas”.
Entre el 9 y el 15 de noviembre hubo protestas en Perú. La crisis la desató el nombramiento de Manuel Merino como presidente interino. Después del proceso de vacancia contra el exmandatario Martín Vizcarra, Merino asumió el liderazgo del país por su cargo de jefe del Congreso. Para muchos peruanos este movimiento no tuvo legitimidad, porque fue una farsa liderada desde un Parlamento dividido y cada vez más repudiado. Por eso salieron a la calle a protestar, logrando, de paso, la renuncia de Merino el 15 de noviembre. El problema es que las manifestaciones, pacíficas, no tuvieron el mismo trato por parte de las fuerzas de seguridad estatal, tal como certificó este martes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que lidera la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
“La policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza que resultó en dos muertes, mientras que al menos 200 personas resultaron heridas. El Alto Comisionado también identificó un patrón de detenciones arbitrarias en conexión con las protestas, incluso por parte de policías de civil sin identificarse, así como violaciones de las garantías procesales, casos de malos tratos y ataques contra el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos”, apuntó el informe de Bachelet sobre Perú.
En este sentido, la alta comisionada comentó que el derecho internacional es claro con este tipo de protestas.
“Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones sólo pueden dispersarse en casos excepcionales”, dijo Bachelet.
Disparos, gas lacrimógeno, agresiones, ataque a la prensa…
En el informe, la misión de la ONU precisó que la policía “disparó perdigones con escopetas calibre 12 y cartuchos de gases lacrimógenos con escopetas lanzagases directamente contra multitudes, a corta distancia, sin respetar la forma u orientación adecuada del disparo”.
En algunos casos, agregó, los policías apuntaron a la “parte superior de los cuerpos”, disparando “en la cabella, cuello y torso de las personas”.
Aunque las autoridades insisten en que sólo usaron las escopetas con balas de goma, documentos médicos y radiografías dan “motivos razonables para creer que la Policía Nacional de Perú utilizó perdigones con una alta composición de metal, así como canicas de vidrio”. Esto sólo puede usarse ante una “amenaza grave”, y la oficina de Bachelet entiende que las protestas en Perú no lo fueron.
La misión documentó que los cartuchos de gases lacrimógenos se lanzaron “en grandes cantidades y de forma desproporcionada”. Estos gases fueron arrojados incluso sobre multitudes, afectando a “niños y niñas, adolescentes, así como personas con discapacidad y personas de edad”.
Los técnicos de Bachelet entrevistaron a 13 personas que fueron detenidas por las protestas. Estas confirmaron “privación de libertad, violaciones al debido proceso y malos tratos”.
Todos los entrevistados criticaron las condiciones “degradantes” a las que los sometieron. Las celdas no tenían luz, correteaban ratas, había “fuertes olores a excrementos humanos”…
10 de las personas que hablaron con la oficina de Bachelet denunciaron algún tipo de maltrato físico y psicológico. Cinco mujeres y tres hombres denunciaron “amenazas de violencia sexual, manoseos, desnudamiento forzados”, así como comentarios despectivos sobre su orientación sexual.
Perú avanza en la buena dirección
Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia de Perú tras la renuncia de Merino, no sólo reconoció la represión, sino que tomó medidas para evitar que imágenes así vuelvan a verse en el país. Lo que hizo fue renovar la cúpula de la Policía Nacional, nombrando a César Cervantes como nuevo comandante general, y habilitar una comisión para monitorear las protestas.
En este sentido, Michelle Bachelet celebró la actuación del gobierno, pero también dejó una advertencia a los policías.
“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, dijo la alta comisionada.
