(EFE).- El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes que dos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaban entre el grupo de 190 migrantes que llegó hace una semana a Caracas en dos vuelos desde EE.UU., y reiteró que «ninguno» de los deportados forma parte de la banda transnacional Tren de Aragua.
«Venían dos desertores de la Fuerza Armada allí y se les da el tratamiento adecuado con el debido respeto a los derechos humanos de cada quien», dijo el también primer vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en una conferencia de prensa de la formación transmitida por el canal estatal VTV.
Cabello, quien no dio detalles de ambos militares desertores, señaló que, tras una «necesaria» revisión de los antecedentes penales, se determinó que «algunos» de los deportados tienen casos pendientes, por lo que advirtió que, con base en lo establecido en la legislación, habrá consecuencias para «los que tengan alguna cuenta con la Justicia venezolana».
El Código Orgánico de Justicia Militar venezolano señala que un efectivo que «se separe ilegalmente del servicio activo» comete el delito de deserción, castigado con la «separación» o «expulsión» de la Fuerza Armada y con penas de hasta ocho años, dependiendo del caso.
Además, se considera «agravante cometer el delito de deserción (…) encontrándose en país extranjero», según la normativa.
Los deportados
El ministro indicó que los casos de las personas con antecedentes penales ya «están siendo trabajados» por las autoridades y organismos de seguridad, entre los que mencionó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El pasado miércoles, Cabello negó que haya personas vinculadas con el Tren de Aragua, banda criminal nacida en una cárcel venezolana, entre los deportados -como comunicó previamente Washington, según la Administración de Nicolás Maduro-, y afirmó que, del total, «solo 17 tienen (…) alguna cuenta pendiente con la Justicia», en su mayoría por hechos entre los años 2010 y 2018.
El 10 de febrero, antes de la llegada de los vuelos, la cartera de Comunicación venezolana informó que fue notificada por el Gobierno estadounidense de que «algunas personas» que viajaban de regreso «están presuntamente ligados a actividades delictivas, o estarían involucrados en las acciones» del Tren de Aragua.
A finales de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió a su representante especial Richard Grenell a Caracas, donde se reunió con Maduro -investido por la chavista Asamblea Nacional (AN) para un tercer mandato, después de su cuestionada reelección en 2024-, tras lo que se anunció la liberación de seis estadounidenses detenidos en el país y que Venezuela aceptaría a migrantes deportados.
