(EFE).- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que los miembros señalados de corrupción dentro de sus filas, entre ellos el hasta hoy ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, son «excepciones» que no cuentan con el respaldo de la formación.
«En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es ser revolucionario, no es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando (…) estamos actuando contra esas excepciones», dijo Cabello durante una rueda de prensa, en Caracas.
Aseguró que los funcionarios señalados o detenidos por supuesta malversación de fondos en las últimas horas, algunos de ellos militantes del PSUV, constituyen una «excepción» que será revisada dentro del partido, el cual se ha puesto «al frente de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio».
Diosdado Cabello: No le tapamos ningún acto delictivo a nadie
«No le tapamos ningún acto delictivo a nadie (…) Jamás vamos a estar acompañando algún acto de estos, lo vamos a enfrentar, caiga quien caiga, no nos importan, en este caso, las consecuencias porque tenemos muy claro el camino de lo que tenemos que hacer», prosiguió.
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"No le tapamos ningún acto delictivo a nadie y seguiremos avanzando por el camino correcto, es el camino trazado por la Revolución: la lucha contra los antivalores, la corrupción, la burocracia, el amiguismo, el tráfico de influencia", Diosdado Cabello. @dcabellor pic.twitter.com/mUhiQWQN8v
— PSUV (@PartidoPSUV) March 20, 2023
El ministro de Petróleo renunció este lunes a su cargo debido a denuncias de supuesta corrupción dentro de la estatal Pdvsa, lo que se conoció horas después de que el canal estatal VTV confirmara la detención de cuatro funcionarios por hechos similares.
La Policía Nacional Anticorrupción detuvo al ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez; a Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; a José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, y a Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (centro).
El cuerpo policial solicitó el viernes a la Fiscalía procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
