Pedro Benítez (ALN).- Con un juicio político en desarrollo en su contra por parte de la Asamblea Nacional ecuatoriana que lo investiga por presunto peculado y tráfico de influencias, y ante su inminente destitución, el presidente Guillermo Lasso recurrió por decreto al artículo 148 de la Constitución de ese país que le permite disolver el parlamento. Esa es una facultad que los presidentes ecuatorianos pueden ejercer una sola vez durante los tres primeros años de su mandato.
Ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano tiene un plazo máximo de siete días para fijar la fecha de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias a efectuarse en 90 días, a fin de completar el actual mandato constitucional que comenzó en mayo de 2021 y termina en mayo del 2025. Durante esos meses Lasso puede gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen de la Corte Constitucional.
Ese procedimiento se conoce como “muerte cruzada” y fue introducido en la Carta Magna de 2008 que promulgó el entonces presidente Rafael Correa a fin de darle a los mandatarios de ese país margen de maniobra cuando en situaciones de crisis la mayoría parlamentaria los quiera destituir, como ocurrió con Abdala Bucaram y Lucio Gutiérrez.
En el caso peruano es el Congreso el facultado para aplicar la muerte cruzada, pero la mayoría de los parlamentarios no quisieron hacer uso de esa norma para destituir en su día al ex presidente Pedro Castillo porque eso implicaba que ellos deberían someterse a nuevas elecciones.
Es lo que en Ecuador acaba de hacer Lasso, quien pretende pasar por decreto varias leyes, incluida una reducción de impuestos, que no pudo aprobar en la Asamblea unicameral por encontrarse en minoría. El partido de Lasso sólo contaba con 13 de los 137 diputados de un parlamento dominado por 47 representantes partidarios de Correa y 24 del movimiento indigenista Pachakutik.
Recordemos que Lasso obtuvo menos del 20% de la votación en la primera vuelta de las elecciones generales de febrero de 2021, para luego imponerse en la segunda vuelta de abril de ese año por 52% ante el 47% del candidato del correísmo, Andrés Arauz.
Es decir, Lasso ha sido un presidente institucionalmente débil al que Correa en el exilio, por medio de sus partidarios en Ecuador, ha estado buscando la manera de sacarlo del poder desde el principio.
Por cierto, de un tiempo a esta parte ya se está haciendo costumbre en América Latina la elección de presidentes en segunda vuelta con escaso respaldo parlamentario. Son los casos de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Lula Da Silva en Brasil y de manera crónica en el Perú.
En junio del año pasado la bancada de diputados de Correa en la Asamblea Nacional ecuatoriana solicitaron activar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución que hubiera permitido destituir a Lasso. Pero éste se les escapó por sólo 12 de votos de diferencia, en medio de 14 de días de violentas protestas y movilizaciones protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que paralizó casi todo ese país, en particular a su industria petrolera.
Necesitaban reunir 92 votos de los 137 asambleístas para poner fin al mandato constitucional del presidente y luego de tres días de sesiones y tres votaciones la bancada correísta sólo alcanzó 80 a favor de la destituir al mandatario, 48 en contra y 9 abstenciones, en una moción de destitución presidencial en la que se alegaba como causa: “grave crisis política y conmoción interna”. La división de la bancada de Pachakutik, brazo político de la Conaie, y los votos en contra y abstenciones del Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática fueron claves para salvar a Lasso.
En el exilio, desde donde se ha declarado perseguido, pero contando con un importante capital político dentro de su país, Rafael Correa ya había intentado aplicarle el mismo procedimiento al anterior presidente, y su antiguo aliado, Lenin Moreno. Pero éste también se le escapó.
En el intento quedaron 11 fallecidos a raíz de las violentas protestas de octubre de 2019, en medio de un paro nacional que obligó a Moreno a derogar el decreto que pretendía eliminar los subsidios a los combustibles.
En esta ocasión, aunque el informe de la comisión designada por la propia Asamblea recomendaba no seguir con el proceso de juicio político (la oposición acusa al presidente de haber tenido conocimiento de un contrato irregular para el Estado sobre transporte de petróleo), al parecer, el correísmo sí habría logrado reunir los 93 votos mínimos necesarios para destituir a Lasso, pero este se les adelantó invocando la muerte cruzada. En ese sentido la Constitución ecuatoriana establece tres causales para invocarla:
La primera es si la Asamblea ejerce funciones que no le competen. Pero para apelar a esa causal Lasso tendría que haber enviado el decreto correspondiente a la Corte Constitucional, lo que no ha hecho.
La segunda es si la Asamblea de forma reiterada e injustificada obstruye la gestión del Gobierno. Y la tercera es por grave crisis política y conmoción interna, que es lo que el mandatario ha alegado.
Y he ahí el detalle que puede hacer derrumbar toda su maniobra. El Partido Social Cristiano (PSC), el más tradicional de Ecuador, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte contra el decreto presidencial que disolvió el parlamento y convocó a elecciones anticipadas. De modo que falta esa institución por pronunciarse.
En caso de ratificar el decreto el presidente podría presentarse como candidato a completar su propio periodo constitucional, sin embargo, las preferencias del electorado no le son favorables. La estrategia del correísmo consistía en destituir a Lasso, pero dejar que fuera su vicepresidente quien completará el mandato y luego tomar el relevo en 2025. Pero todo apunta que, fortalecido por sus victorias en Quito y Guayaquil en las elecciones regionales del pasado mes de febrero, ganará esta nueva elección.
¿Por qué entonces Lasso forzó nuevas elecciones generales? Probablemente para que el correísmo tenga que gestionar la complicada situación económica y sufra en los próximos dos años el desgaste político correspondiente. Y aquí es donde entramos al mar de fondo de toda la crisis ecuatoriana: el precario desempeño que su dolarizada economía ha venido arrastrando desde la última etapa del gobierno de Rafael Correa que culminó en 2017, pero que, ante la imposibilidad de devaluar, le dejó una abultada deuda externa a sus sucesores.
El PIB de Ecuador se contrajo en -7,8 % en 2020 y sólo se recuperó en un 4,2% en 2021; como carece de moneda propia su gobierno no pudo hacer lo que casi todos los demás del mundo hicieron al emitir dinero para contrarrestar el frenazo económico provocado por la pandemia. Las únicas cosas que pueden hacer los gobiernos ecuatorianos ante las demandas y presiones sociales es contraer más deuda externa, hacer ajustes fiscales y cruzar los dedos. La situación empeora cada vez que se quiere corregir el subsidio a los combustibles que lastra las finanzas públicas, pero que es motivo de nuevas protestas populares.
Esa fue la trampa que Rafael Correa legó a sus sucesores, que tienen la ingrata labor de ajustar fiscalmente para pagar las deudas contraídas por él, mientras intenta tumbarlos. Y así van.
@PedroBenitezf
