Redacción (ALN).- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a seis policías por estar presuntamente implicados en una extorsión a un joven el pasado 4 de abril.
La aprehensión se dió lugar en el municipio Cristóbal Rojas (Charallave), del estado Miranda y los detenidos quedaron identificados como Cliver José Heredia Herrera; Roddy Hernando Vásquez Jiménez; Jhon Keiver Castrillón Pérez; William Enrique Martínez Navas; César Augusto Goncálvez Carvallo y Nardy Jesús Bonaci Costul.
Según lo relatado por la víctima identificada como Luis Leonardo Mota Aguirre a través de su cuenta en TikTok, un funcionario del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas de apellido Castrillón, quien se encontraba de civil para ese momento, le pidió sus documentos cuando circulaba por el Peaje La Peñita con destino al estado Aragua.
Sin motivo aparente, y a pesar de tener todos sus documentos del vehículo en regla, el funcionario se lo llevó detenido al puesto de control para supuestamente verificar sus datos en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).
Los policías le pidieron $10 mil para no matarlo
Una vez montado en el vehículo del joven, sacó una pistola y lo obligó a entregarle el celular con la clave. Al paso de unas horas, Castrillón junto a otros policías lo acusaron de integrar una red de sicarios. Por lo que los uniformados le pidieron 10.000 dólares a cambio de no matarlo.
El detenido, asustado, llamó a su cuñado para que buscara los ahorros que tenía en su casa, producto de seis años de trabajo en el exterior. Este familiar le trajo 6.430 dólares. Esta cantidad molestó a los policías, quienes lo obligaron a pedir más dinero a personas fuera del país, entre ellas, a su madre, quien hizo un zelle por 1.500 dólares al funcionario Bonaci, detalló La Revista del Tuy.
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Los policías le dieron unos días de plazo para completar los 10 mil dólares, de lo contrario, lo iban a matar. Mota quedó en libertad, pero comenzaron a perseguirlo y a amenazarlo de muerte si denunciaba ante las autoridades. Sin embargo, el joven decidió denunciar lo ocurrido.
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El caso quedó en manos de la Fiscalía 25 del Ministerio Público (MP) que los imputará por los presuntos delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.
