(EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) instó a un juez federal a bloquear una nueva ley de Florida que restringe a ciudadanos de China y de otros seis países la compra de propiedades en áreas próximas a infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos o centrales eléctricas.
Varios abogados del Departamento de Justicia presentaron a última hora del martes una Declaración de Interés que, además de pedir el bloqueo de la nueva ley SB 264 por ser «anticonstitucional», respalda una demanda presentada por un grupo de inmigrantes chinos residentes en Florida y una compañía del sector inmobiliario.
La Declaración de Interés del DOJ, de 22 páginas, afirma que la mencionada ley, aprobada recientemente por el gobernador Ron DeSantis, viola la Ley federal de Vivienda Justa y la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de los Estados Unidos.
La SB 264, que restringe a la mayoría de los ciudadanos de China, pero también de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte la compra de ciertos bienes inmuebles, entrará en vigor el próximo sábado.
La ley firmada el pasado 8 de mayo prohíbe a la mayoría de los ciudadanos de esos países la compra de propiedades situadas a menos de 10 millas (16 kilómetros) de infraestructuras civiles o militares consideradas «críticas».
Los ciudadanos de estas naciones que tienen ya en propiedad un inmueble o terreno podrán conservarla, independientemente de su ubicación, pero están obligados a registrarlos a partir de enero de 2024.
Intento por reducir la influencia en EEUU
DeSantis, quien se postuló para competir en las primarias republicanas con vistas a alcanzar la Casa Blanca en 2024, justificó la medida en un intento por reducir la influencia en EE.UU. y Florida de esos países.
«Estas disposiciones ilegales causarán daños graves a las personas simplemente por su origen nacional, contravendrán las leyes federales de derechos civiles, socavarán los derechos constitucionales y no promoverán el supuesto objetivo del estado de aumentar la seguridad pública», escribieron los abogados del DOJ en su solicitud de bloqueo.
«Es probable que los demandantes triunfen sobre los méritos de estos reclamos que impugnan las disposiciones de la SB 264 que restringen y prohíben la propiedad de la tierra», añaden.
En mayo pasado, un grupo de inmigrantes chinos residentes en Florida y una compañía del sector inmobiliario presentaron una demanda contra la ley SB 264 por considerarla «discriminatoria».
Los demandantes están representados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el despacho de abogados DeHeng Law Offices PC y el Fondo de Educación y Defensa Legal Asiático-Estadounidense (Aaldef), en coordinación con la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda).
El juez federal de distrito Allen Winsor programó una audiencia para el 18 de julio próximo en relación con la solicitud de los demandantes de establecer una orden judicial preliminar, pero se prevé que la ley entre en vigor este sábado.
Esta medida forma parte de un paquete de unos 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal, de mayoría republicana, que empezarán a regir a partir de este sábado.
