(EFE).- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este lunes que Osgual Alexander González Pérez, uno de los detenidos en Venezuela en el contexto de las protestas poselectorales contra el resultado oficial, que otorgó el triunfo de las presidenciales a Nicolás Maduro, murió este lunes en prisión, según informaron familiares del fallecido.
A través de X, el OVP, que detalló que González fue detenido en el estado Lara (noroeste) el pasado 1 de agosto, recordó que fue arrestado junto a su hijo, de 19 años -quien todavía permanece en prisión-, y ambos fueron trasladados a la cárcel conocida como Tocuyito, en Carabobo (norte), donde falleció.
La ONG aseguró que, en sus primeros días de reclusión, González presentó «síntomas de depresión» y, durante el mes diciembre, fue hospitalizado por un «fuerte dolor abdominal», que en el penal indicaron «se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis».
«Su familia denunció que la atención médica fue tardía y además que no le daban información precisa sobre lo que padecía Osgual», indicó el OVP.
Familiares confirmaron al equipo de @oveprisiones la muerte de Osgual Alexander González Pérez (43), quien fue aprehendido el 1 de agosto en el contexto de manifestaciones poselectorales en el estado #Lara.
Osgual fue detenido arbitrariamente junto con su hijo, de 19 años de… pic.twitter.com/PRXZvpKIBO
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 16, 2024
La ONG destacó que se han registrado dos muertes bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, pues el pasado jueves murió Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad.
Estas dos muertes se suman a la del pasado noviembre de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36 años de edad, quien fue detenido, según el partido opositor Primero Justicia, «por ser testigo electoral» en las presidenciales, en las que trabajó a favor del candidato del mayor bloque opositor, Edmundo González Urrutia.
El OVP pidió una «investigación exhaustiva, imparcial e inmediata» para las muertes, al tiempo que recordó que «la vida de las personas en custodia es responsabilidad del Estado venezolano».
