(EFE).- El movimiento internacional en defensa de los derechos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro y preso en Estados Unidos, expresó este viernes su apoyo a las acciones emprendidas por las autoridades en Venezuela para combatir la corrupción en la estatal petrolera Pdvsa y otras instituciones del Estado.
«Total y pleno apoyo a las acciones que lleva adelante el presidente (…) cuando inicia y encabeza la lucha anticorrupción», indicó el Movimiento «Free Alex Saab» en un comunicado.
Asimismo, dijo que respalda con «fuerza» todas las acciones tomadas en las últimas semanas por las autoridades para garantizar «el cuido de las entidades y los buenos oficios de los funcionarios del Estado”.
El movimiento denunció que se ha intentado vincular a Saab, extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021, con la reciente investigación por presunta corrupción en Pdvsa y otras instituciones del Estado, que ha dejado un saldo de 58 funcionarios detenidos.
«Desde que iniciaron estos procesos, se ha atacado a esta campaña, se nos calumnia, se injuria, se miente descarada e irracionalmente sobre ‘socios, socias, amigos’ que a fuerza de afirmaciones sin sustento relacionan con el diplomático Alex Saab, esto solo porque así lo reseña algún ‘periodista’ o medio que viven de la extorsión y de supuestas ayudas humanitarias», señaló.
El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Saab y solicitado por la Justicia de EEUU, fue presentado cerca de la medianoche del jueves en un tribunal de Venezuela, por su presunta vinculación en una trama de corrupción, informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
El ministro aseguró que Pulido Vargas era un «operador financiero» relacionado con el exdiputado chavista Hugbel Roa, a quien el Parlamento, de contundente mayoría oficialista, levantó la inmunidad parlamentaria en marzo pasado, tras lo que fue detenido por formar parte de una trama de corrupción.
Pulido Vargas y Saab son acusados por la Justicia estadounidense de transferir desde Venezuela, a través del país norteamericano, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países.
La acusación señala que, entre 2011 y por lo menos 2015, ambos empresarios colombianos conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
