Ysrrael Camero (ALN).- El tema de la memoria histórica vuelve a la agenda del debate público. El 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Como ocurrió con la Ley de la Memoria Histórica, aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, esta iniciativa estará marcada por la polémica, con un debate centrado en la manera en que los españoles le hacen frente a su pasado autoritario y violento.
El pasado se convierte en un escenario para la disputa política, lo que no siempre es lo más adecuado para construir una conciencia histórica, porque el debate, crispado y polarizado, tiende a llenarse de anacronismos que ocultan más de lo que muestran.
El gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez sigue la estela dejada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de revisión del pasado autoritario de España, con una vocación por la reparación de viejas injusticias, rompiendo criterios heredados y normalizados respecto al pasado, que tienen expresiones en el presente, empezando por los nombres de calles, plazas y monumentos, que recuerdan al régimen autoritario y su visión de la historia. Pero la reparación se extiende hasta la identificación y recuperación de aquellas víctimas enterradas en fosas comunes.
La decisión de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos marcó una línea del gobierno, reivindicando la memoria democrática, y sacando a la luz el carácter autoritario del franquismo. Sin embargo, esta decisión, racional dentro de un Estado democrático, realizada semanas antes de las elecciones generales, fue uno de los factores que impulsó, como efecto espejo, el crecimiento de la extrema derecha.
Este proyecto va mucho más allá de la ley de 2007, proponiendo declarar nulos los juicios sumarios del franquismo, encargando al Estado la recuperación de las víctimas enterradas en fosas comunes, ilegalizando asociaciones que hagan apología del franquismo, empezando por la Fundación Franco. La aprobación de este proyecto implicaría convertir en cementerio civil al Valle de los Caídos, así como eliminar los símbolos públicos que enaltecen a la dictadura.
Escoger la democracia, dejar atrás al pasado
Esta legislación expresa un esfuerzo de una parte de la sociedad española por enfrentar su pasado autoritario. Pero esta no es una empresa sencilla por varias razones. Primero, porque durante cuatro décadas el franquismo construyó una interpretación nacional-católica de la historia española, implantándola como doctrina oficial, que funcionaba para justificar su propio dominio. El Estado español contemporáneo se construyó alrededor de esta interpretación de la historia.
Segundo, porque la manera en que España transitó del régimen autoritario a la democracia limitó muchos debates sobre su pasado reciente, sobre la represión de los 40 años de dictadura, sobre la Guerra Civil de la que procedía y sobre el régimen republicano que derrotó para imponerse.
Recordemos que uno de los elementos más significativos de la transición fue la Ley de Amnistía de 1977, que funcionó como fórmula institucional para cerrar heridas abiertas por la guerra civil, que mantenían a España dividida entre vencedores y vencidos. Superar esa lógica bélica fue precondición para avanzar, en conjunto, hacia la democracia. La generación de la transición decidió apostar por la construcción conjunta de un futuro democrático, dejando atrás un pasado de represión, violencia y división.
En el mismo sentido, la iniciativa de la reforma política que abrió paso a la democracia provino del seno del mismo régimen, y los sectores democráticos, socialistas y comunistas tuvieron mucho que ceder de sus banderas históricas, para alcanzar la democracia en España. No es la primera vez que el olvido de las afrentas pasadas fue necesario para avanzar. La democracia no fue fruto del derrumbe del régimen autoritario, sino de su mutación y desmontaje progresivo, iniciado desde dentro.
Durante la democracia, la investigación académica fue prolífica en un nuevo ambiente libre. La Transición a la democracia se convirtió en un modelo para exportar en los ámbitos académicos. España se integraba en Europa, avanzaba en materia de libertades y prosperaba. La consolidación democrática fue percibida como un triunfo histórico respecto a un pasado violento.
La revisión de las nuevas generaciones
Pero los cambios generacionales implicaron una revisión del pasado. Al emerger una nueva generación, que ya no se siente atada por los compromisos contraídos por sus padres, empieza a mostrar interés por la vida que vivieron sus abuelos. Empieza a revisarse críticamente la Transición, dirigiendo una nueva mirada a la represión franquista, volviendo al tema de la Guerra Civil y de la República en busca de nuevas respuestas.
La creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en 2000, para localizar a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, generalmente enterradas en fosas comunes, expresa un cambio de época y de sensibilidad.
Esta búsqueda de justicia respecto al pasado, desembocó en la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que reconocía a las víctimas, tanto de la guerra como de la dictadura franquista.
Revisar la historia de las transiciones a la democracia, y de los regímenes autoritarios previos, no es una tendencia exclusiva de España. En América Latina, emergieron voces críticas con la manera en que el afán de avanzar a la democracia dejó atrás la reparación de las injusticias cometidas por los dictadores. Las leyes de punto final y de obediencia debida se encontraron en el centro de la diana de los críticos. Quizás esto sea indicador de democracias consolidadas, cuando podían atreverse a enfrentar sus fantasmas.
Pero el debate por la reparación de las injusticias puede llevar a la mitificación del pasado, y puede resucitar, como reacción espejo, a nostálgicos del autoritarismo, que reivindican el mito previamente dominante. Acá tenemos una batalla entre dos idealizaciones, que en ocasiones puede nublar la comprensión de los procesos históricos.
Evidentemente, entre un régimen autoritario y una democracia defectuosa, la equidistancia es imposible. Pero la división moral entre buenos y malos no contribuye a una comprensión de la complejidad de la historia. Reparar las injusticias históricas, reivindicar a quienes fueron humillados, permitir a los deudos recuperar a sus muertos, son procesos que ayudan a sanar a una sociedad.
Sin embargo, la demolición de las estatuas, la eliminación del nombre de los autoritarios del callejero público, puede generar un efecto colateral no buscado, pero pernicioso para la democracia, que es finalmente otro olvido. Esa mutilación de unos por otros, disminuye la comprensión de la historia que le ha dado forma a la sociedad española. No comprender la textura de este proceso, equivale a no entender el presente.
