Zenaida Amador (ALN).- El Plan de ahorro en oro y las restricciones bancarias para empujar el envío de remesas por los canales oficiales tienen un mismo fin para el Gobierno venezolano: captar recursos. Frente a los recientes incrementos de impuestos y el esperado aumento del precio de la gasolina, este par de medidas lucen como de captación al menudeo, lo que evidencia la precariedad de la situación.
“Ha llegado la hora del Plan de ahorro en oro. Vamos a ahorrar en oro”, aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pocos días de aplicar un duro paquete de medidas que a juicio de los analistas no augura mejores tiempos para la economía del país que atraviesa el quinto año consecutivo en recesión y los primeros 10 meses en hiperinflación.
En paralelo, el Gobierno anunció que aplicará restricciones para el manejo de cuentas bancarias venezolanas desde el exterior. Si alguien planea salir del país debe informarlo, así como el destino y el tiempo que espera estar fuera, para poder mover sus cuentas locales a través de la banca electrónica. Para quienes no lo hagan se instruyó a las instituciones financieras a efectuar -de manera preventiva- un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea, medida que afecta directamente a los venezolanos que han emigrado recientemente y que usan sus cuentas para ayudar con remesas a sus familiares que todavía habitan en el país.
Si alguien planea salir del país debe informarlo, así como el destino y el tiempo que espera estar fuera, para poder mover sus cuentas locales a través de la banca electrónica
Ambos mecanismos tienen un mismo fin para el Gobierno: captar recursos. Frente a los recientes incrementos de impuestos y el esperado aumento del precio de la gasolina, este par de medidas lucen como de captación al menudeo, lo que evidencia la precariedad de la situación.
Y es que Venezuela, aunque tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, en 2018 percibirá ingresos por hidrocarburos por sólo 24.000 millones de dólares, pese a la recuperación de los precios del crudo. La razón es el desplome en el bombeo, que se sostiene en cerca de 1,2 millones de barriles diarios, a causa de la desinversión y destrucción de la industria petrolera.
El Gobierno tuvo que tomar 260 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para hacer frente a los costos del aumento salarial de 3.500% recientemente decretado y a la promesa de asistir al sector privado para cubrir el impacto de dicho ajuste, pero los recursos lucen insuficientes. Según el economista Leonardo Vera, el Estado venezolano necesitará de 400 millones de dólares al mes para cubrir su nómina tras el aumento.
En medio de sanciones económicas y financieras internacionales, la urgencia de recursos sigue siendo la máxima para el Gobierno, especialmente de cara al último tramo de 2018 con un déficit en las cuentas externas de unos 3.000 millones de dólares.
El bolsillo ajeno
Las remesas enviadas desde el exterior vienen creciendo de manera considerable, tomando en cuenta el volumen de la diáspora venezolana, que sólo en 2017 se calcula superó los 1,5 millones de personas. La firma Ecoanalítica estima que este año las remesas podrían llegar a 2.000 millones de dólares, 40% más de lo reportado en 2017, una cifra nada despreciable para el Gobierno.
Maduro quiere evitar que las remesas sigan ingresando por el mercado negro de divisas, donde las cambian a una tasa más atractiva. De allí que, además de la medida que limita el uso de la banca electrónica para quienes están fuera del país, se hayan adoptado otras acciones como la intervención de Banesco.
Así, intenta empujar las remesas a un mercado “flexible”, pero controlado, a través de las casas de cambio, desde donde alimentar al sistema cambiario nacional, ya que el Estado dejó de colocar divisas provenientes de la exportación petrolera para atender las necesidades de importación de la economía.
Si bien originalmente dijo que se podrían comprar “lingoticos” de oro de 1,5 y de 2,5 gramos, luego informó que en verdad ofrecerá “certificados de ahorro en oro”
En simultáneo, aspira a despertar el interés sobre su Plan de ahorro en oro. Si bien originalmente dijo que se podrían comprar “lingoticos” de oro de 1,5 y de 2,5 gramos, luego informó que en verdad ofrecerá “certificados de ahorro en oro” en custodia del Banco Central de Venezuela (BCV), con vigencia de un año y monetizables cada trimestre.
Maduro afirma que todos podrán ahorrar en oro, desde los beneficiarios de las becas que entrega el Gobierno hasta los inversionistas y empresarios: “lo pueden hacer en bolívares o en la moneda que quieran, en yuanes, dólares, euros, liras turcas”.
Aunque todavía no hay estimaciones de cuánto se pudiera recaudar, llama la atención que Maduro ofrezca cada lingotico de 1,5 gramos de oro de Ley 995 en 3.780 bolívares soberanos (más de 61 dólares), mientras que en las calles de Caracas -donde abunda el mercado negro de oro- un gramo se vende aproximadamente en 3.000 bolívares soberanos (49 dólares). Por precio el Plan puede lucir atractivo, pero el hecho de que los interesados nunca adquieren el oro puede jugar en contra, sin mencionar la baja credibilidad del Gobierno.
No hay que olvidar los compromisos que no puede cumplir con bonistas de la deuda, el intento de la minera Crystallex por tomar los activos de Citgo como vía para cobrarse lo que el Estado venezolano le debe y el reciente pacto con ConocoPhillips para impedir una medida similar, que implica pagar en lo inmediato 500 millones de dólares hasta llegar a 2.000 millones de dólares en tramos sucesivos en medio de una escasez de recursos.