Rafael Alba (ALN).- Bruselas quiere que el gobierno español le aporte más detalles de los planes para cuadrar las cuentas públicas. El ambiente previo a las nuevas elecciones obliga al PSOE a mantener la ambigüedad y no dar detalles sobre la inevitable subida de impuestos que pondrá en marcha.
Los españoles van a votar de nuevo y a los partidos les toca otra vez congraciarse con sus electores potenciales. Hay muchos temas urgentes en la agenda y, pendientes de ellos, muchos colectivos con demandas que satisfacer, dispuestos a pasar rápido la factura correspondiente al próximo presidente del gobierno sea del color político que sea. Porque junto a los asuntos que apelan directamente a las emociones, como el puzzle de las identidades nacionales, la igualdad entre sexos o la memoria histórica, hay otras incógnitas que sólo pueden resolverse si existen partidas presupuestarias suficientes para financiar las medidas que se adopten. El lío de las pensiones, por ejemplo. Y afecta a un grupo humano, el de los mayores de 65 años, al que nadie se atreve a defraudar y al que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha prometido ya subidas de sus emolumentos en línea con el aumento del coste de la vida.
Un propósito loable, desde luego, que sólo plantea un problema. ¿Alguien sabe de dónde va a salir el dinero necesario para costear la fiesta prometida? Nadie, por supuesto. O a lo mejor todos los implicados. Pero, tal vez, prefieren no decirlo. De lo único que los expertos parecen mostrarse seguros estos días, es de que habrá una inevitable subida de impuestos a cuenta de este y otros problemas estructurales como la financiación autonómica, que los redactores del programa electoral del PSOE se abstienen de detallar. Aunque, tal vez las pistas lleguen pronto por otro lado, como les contaremos a lo largo de estas líneas. Pero, en cualquier caso, parece que esos aumentos de la presión fiscal van a llegar a corto plazo con independencia del color del partido, o los partidos, que triunfen en las próximas elecciones.
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No hay otra manera de cuadrar las cuentas, cumplir con los criterios de Bruselas en lo referente al control del déficit y aumentar, aunque sea levemente, el gasto social. Dos cosas que tendrá que hacer sí o sí el próximo inquilino de la Moncloa, si quiere sobrevivir por lo menos media legislatura. Que ya es mucho visto lo visto. Y tampoco sería la primera vez que pasa. En 2011, Mariano Rajoy y el PP lograron el poder, prometiendo rebajas fiscales y, después, realizaron una fuerte subida de impuestos. Dijeron que las arcas públicas estaban exhaustas y que no había otra forma de evitar que el país fuera intervenido. Y, de hecho, lo fue, aunque por la vía blanda, por culpa del sector bancario. Una deuda privada que se transmutó en pública, que ha costado casi un 10% del PIB, según algunas estimaciones, y que provocó, a pesar de los recortes, un sustancial aumento del déficit público y una escalada del desempleo hasta cifras superiores al 27%.
Los pensionistas en estado de alerta
Así que discúlpenme si les despierto de su plácida siesta, amigos. Pero nos toca recordar cómo están las cosas en la España de ahora mismo: el gobierno sigue en funciones, hay nuevas elecciones generales en sólo unas semanas, los independentistas catalanes se movilizan contra la sentencia que ha condenado a algunos de sus principales líderes a pasar un buen puñado de años en prisión y, quizá lo peor de todo, desde las castigadas clases medias empiezan a llegar señales claras de un peligroso aumento de la temperatura de su enfado estructural. Nada bueno para los políticos, porque, como decíamos al principio de este artículo, en este rabioso sector de la población se encuentra la mayor parte de los votantes potenciales de cuyas papeletas deben nutrirse los partidos para alcanzar el poder. Y la ira de estos justos no es extraña, todavía no se han repuesto de los efectos devastadores de la penúltima crisis, y ya atisban en el horizonte nuevas amenazas.
Se temen lo peor. Podrían estar a punto de ver cómo vuelven a frustrarse sus esperanzas de recuperar el terreno salarial perdido y los pedazos del estado del bienestar que les arrancaron los recortes promovidos por las políticas de austeridad. Y la idea no les hace mucha gracia. Los vientos económicos que soplan en el mundo no son buenos y el efecto de la tormenta global parece empezar a apreciarse en la Península Ibérica. Los expertos más pesimistas ya dibujan algunos escenarios de catástrofe y hasta los más moderados empiezan a admitir en público que la economía española pierde impulso y que el frenazo que viene puede hacerles mucho daño a los sufridos ciudadanos de a pie. Y a sus bolsillos. Por eso, aunque la emergencia de las turbulencias catalanas les aleje de la primera página, algunos colectivos, como los pensionistas, se mantienen en estado de alerta y movilización. Para recordar a los políticos olvidadizos que tienen varias cuentas pendientes con su electorado.
Y, por eso, no resulta raro que las aguas de los sondeos bajen envenenadas y que no sea posible descartar una nueva situación de bloqueo político que impida la formación inmediata de un gobierno. Y a lo mejor ni la izquierda ni la derecha suman y los independentistas catalanes vuelven a ser decisivos. Un lío de mucho cuidado, desde luego. Pero la vida sigue su curso. Y, aunque parezca increíble visto desde aquí, los funcionarios de Bruselas son inasequibles al desaliento y la maquinaria burocrática de la Unión Europea (UE) se mantiene a pleno rendimiento. Con Brexit o sin Brexit, tanto da. Ellos siguen a lo suyo que para eso les pagan. Una constancia y un empecinamiento que, a estas alturas, pueden resultar hasta tranquilizadores para los jugadores de la partida económica española, tanto trabajadores como empresarios, porque, al fin y al cabo, los hombres de negro aportan un cierto atisbo de certeza a un terreno abonado por las semillas del desasosiego que siembra la incertidumbre.
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El PSOE de Susana Díaz y las cuentas de Sánchez
Es lo que hay. Llega el otoño y los responsables económicos de los distintos países comunitarios tienen que mandar a Bruselas sus proyectos presupuestarios. Sí o sí. Para que quien corresponda se los revise y si viene al caso, les recuerde las viejas verdades del control del déficit. Y, por mucho que apriete Cataluña, a Sánchez, y a sus dos ministras económicas, la jefa de Hacienda, María Jesús Montero, y la responsable de Economía, Nadia Calviño, les ha tocado arremangarse y escribir una suerte de carta a los reyes de la moderación, en la que se dibuja una especie de cuadratura del círculo que consiste en subir el gasto social sin aumentar los impuestos, sobre la que no se dan demasiados detalles. No vaya a ser que los votantes se asusten antes de tiempo. Lo malo es que los matemáticos de Bruselas son inmisericordes y, al parecer, no están dispuestos a creerse la versión edulcorada del futuro económico perfecto que el gobierno español les ha hecho llegar.
Y se disponen a pedir explicaciones. Sobre todo, por lo visto, les interesa saber de dónde piensa sacar Pedro Sánchez el dinero que necesita para aplicarle a las pensiones la subida que ha prometido. Aunque no es la única incógnita para la que requieren respuestas. Por lo menos, según las informaciones aportadas esta semana por algunos portales de internet como El Confidencial Digital, en las que se cita el borrador de una supuesta carta que estarían elaborando en Bruselas para exigirle al gobierno español que explique de dónde van a salir los, más o menos, 6.000 millones de euros que necesitaría para llevar a cabo los planes de gasto que se enumeran en el borrador presupuestario que acaban de hacerles llegar para cumplir en plazo con el requerimiento normativo europeo. Un papel bastante incompleto, en el que faltaría, por ejemplo y siempre según esta versión, la correspondiente previsión de ingresos.
El dinero de la subida de las pensiones no saldrá, por lo visto, de la subida de dos puntos del IRPF que estaba previsto aplicar a las rentas superiores a los 130.000 euros anuales, que iban a tributar al 47%, ni del alza de cuatro puntos en el mismo tributo para las superiores a los 300.000 que iban a ser gravadas al 49%, según el fallido pacto presupuestario que se forjó con Unidas Podemos a principios de año. O eso es lo que la ministra Montero aseguró a un grupo de periodistas en un corrillo que se formó antes de una presentación de la empresa Vodafone a la que asistió. Sí siguen en pie, al parecer, el llamado impuesto digital a las grandes tecnológicas foráneas y el previsto para las transacciones financieras. También la implantación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
Con estos tres pilares básicos y lo que se recupere en la lucha contra el fraude debería ser suficiente para mantener el déficit en el 2% del PIB pagar la subida de las pensiones, inyectar liquidez a las autonomías y rebajar en dos puntos la carga fiscal de las empresas pequeñas. No sé si a ustedes les parece suficiente. A algunas figuras relevantes del PSOE no. Una parte de ellas se integraron en su día en las filas de Susana Díaz, la dirigente socialista andaluza que se enfrentó a Sánchez en la batalla por la Secretaría General del partido y perdió a pesar de tener a todos los líderes históricos de su lado. Alguno hasta se ha atrevido a decirlo en público. Por ejemplo, el economista José Carlos Díez, que fue el gurú de Susana en su momento. Este experto ha usado su columna semanal del diario El País, para poner en cuestión al equipo de Sánchez y sus cuentas macroeconómicas. En su opinión, el papel que han presentado en Bruselas parte de unos supuestos de crecimiento del PIB, la inversión, el consumo y el empleo que contradicen la idea formulada por el presidente Sánchez de que la economía española se ha enfriado. Veremos quién tiene razón.
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