Daniel Gómez (ALN).- Naciones Unidas asegura que en Nicaragua persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, de asociación, y de participación. El país tampoco ha dado pasos para mejorar la justicia, ni ha generado condiciones para unas elecciones generales justas. Estas se celebran el 7 de noviembre. Y es que de las 13 medidas que recomendó la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el gobierno de Daniel Ortega sólo ha puesto en marcha una.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le dijo al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que terminara con “las detenciones arbitrarias” y pidió la “liberación de personas aprehendidas en el contexto de la crisis”. Y Ortega lo cumplió, pero “parcialmente”, aclaró Bachelet en un informe publicado este miércoles.
De hecho, esta es la única de las recomendaciones cumplidas por Ortega de un total de 13 que dictó Bachelet hace ya un año y medio de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 7 de noviembre. De ahí que Naciones Unidas asegure que la situación en Nicaragua continúa siendo “deficiente”.
En el documento, las siguientes recomendaciones aún están “por cumplirse”:
– Restablecimiento del diálogo.
– Garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a los defensores de derechos humanos.
– Restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación sancionados.
– Establecer un plan de rendiciones de cuentas.
– Investigar las violaciones de derechos humanos.
– Reformar el sector judicial.
– Medidas para cumplir con los derechos a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
– Desarticulación de elementos y grupos armados progubernamentales.
– Medidas efectivas para prevenir y erradicar la tortura.
– Modificación de la legislación penal en línea con los estándares internacionales, en particular en materia de privación de libertad y debido proceso.
– Reformas para garantizar elecciones justas y transparentes.
– Que la Institución Nacional de Derechos Humanos en Nicaragua cumpla de pleno su mandato y se fortaleza con el apoyo internacional.
A la vista de que el gobierno de Ortega no ha cumplido con los llamados de la ONU, Bachelet le pide a Managua que se deje asesorar. Que permita el ingreso de una misión de la Oficina para los Derechos Humanos al país.
“Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, sentaría las bases de una futura cooperación técnica dirigida a contribuir más eficazmente a la respuesta del Estado a los diversos desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos. La alta comisionada espera una respuesta positiva del gobierno a esta iniciativa y hace un llamado a la comunidad internacional para que la apoye”, dice el informe publicado este miércoles.
La Oficina de Bachelet insistió en que, en “un escenario tan complejo, existe un amplio consenso en que la resolución de la crisis sociopolítica, también mediante la aplicación de reformas electorales derivadas de un diálogo inclusivo y significativo con la oposición, constituye un requisito crucial para apoyar la recuperación económica y restablecer la confianza. Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en la agenda con miras a reducir la pobreza sin dejar a nadie atrás”.