Pedro Benítez (ALN).- Precandidatos presidenciales, políticos opositores, históricos militantes del sandinismo y hasta empresarios, en las últimas dos semanas las cárceles en Nicaragua se han llenado de presos políticos. De cara a las elecciones presidenciales previstas para noviembre de este año, Daniel Ortega ha decidido decapitar a toda la oposición real o potencial que amenace su reelección.
Ortega no quiere correr riesgos. No quiere que se repita la historia de 1990 cuando de manera sorpresiva la candidata presidencial de la Unión Nacional Opositora (UNO), doña Violeta Barrios de Chamorro, lo derrotó en las elecciones de ese año.
Treinta y un años después, ha decidido, por lo visto, asegurarse una nueva reelección presidencial decapitando a toda la oposición nicaragüense, incluyendo a los precandidatos presidenciales o posibles aspirantes a competir con él en las elecciones a realizarse el próximo mes de noviembre.
Para ello está haciendo uso de un instrumento legal que la Asamblea Nacional de Nicaragua (que él controla por amplia mayoría) aprobó en diciembre de 2020. La “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que los nicaragüenses llaman “Ley 1055” o, simplemente, “Ley Guillotina”.
La misma contempla que todo opositor considerado “golpista” o “traidor a la patria” quedará inhabilitado para optar a cualquier cargo de elección popular. ¿Quiénes entrarían en esas categorías según el gobierno de Ortega? Todos aquellos que participaron en las protestas sociales de 2018, o que luego hayan solicitado sanciones internacionales contra su régimen por la represión que siguió.
De hecho, Ortega ha llegado a decir que los que participaron en aquellas protestas han perdido su derecho a ser candidatos en los próximos comicios por haber sido parte de un “intento de golpe de Estado”. Y agregó: “No los podemos expulsar (de Nicaragua) porque nacieron aquí”.
La maniobra es evidente, eliminar cualquier competencia en su camino a la reelección.
Fiel a su estrategia, en las últimas dos semanas su Policía ha detenido a tres precandidatos presidenciales y nueve dirigentes de los partidos de oposición. A ellos hay que agregar a Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta, que también se promovía como candidata independiente, y ahora permanece bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero.
A este grupo hay que añadir a los representantes de un sector que tuvo una fructífera luna de miel con Daniel Ortega entre 2006 y 2018: los empresarios privados. Entre los dirigentes opositores detenidos la semana pasada por la Policía Nacional de Nicaragua destaca José Adán Aguerri, conocido hombre de negocios y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
En 2018 Aguerri fue uno de los primeros dirigentes empresariales que rompió con el “Modelo de Diálogo y Consenso” con que el sector privado nicaragüense se entendió con Ortega, mientras que éste, por otro lado, montaba su autoritarismo.
Pocas horas después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara, con una mayoría de 26 votos, una resolución en la que condena «inequívocamente» esa ola de detenciones, la Policía de Ortega detenía a otra importante figura de la empresa privada; Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo financiero centroamericano Banpro.
REPRESIÓN CONTRA EL SANDINISMO
Pero la ola represiva no se ha detenido allí. Complaciendo las inquietudes de los simpatizantes extranjeros de Ortega, que se quejan de que en la oposición nicaragüense siempre aparecen los mismos nombres, el autócrata centroamericano ha sumado a su lista de perseguidos y encarcelados a varios de sus antiguos compañeros de la épica lucha con la que el sandinismo histórico derrocó a Anastasio Somoza en 1979.
Entre los más destacados se encuentran Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Dora María Téllez.
Tinoco, un ex seminarista, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1973 y luego fue vicecanciller en el primer gobierno del Frente en los años ochenta. Sin embargo, en 1998 rompió públicamente con Ortega. Es uno de los líderes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamada Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).
Hugo Torres, ex guerrillero, fue parte del comando que efectuó la operación “Diciembre Victorioso” que en 1974 logró la libertad de varios presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba el propio Daniel Ortega. Es decir, Torres arriesgó su vida por la libertad de quien hoy se la priva.
En 1978 participó en el asalto al Palacio Nacional en Managua y, en la etapa posterior, fue uno de los jefes de más prestigio del Ejército Popular Sandinista, donde alcanzó al grado de general.
Pero la más conocida en el mundo de la izquierda latinoamericana es Dora María Téllez. Con 22 años, fue la única mujer en el comando que tomó el Palacio Nacional y mantuvo secuestrados a los diputados somocistas. Se dio a conocer mundialmente como la “Comandante Dos” por la crónica que del acontecimiento hizo el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Allí, la describe como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”.
Durante los años de la Junta de Reconstrucción Nacional, y de la primera presidencia de Ortega, fue ministra de Salud y diputada. En 1995 rompió con él para fundar Renovación Sandinista y desde entonces ha sido una de sus más ácidas críticas. No se ha estado con rodeos para llamarlo públicamente dictador.
No obstante, lo que al parecer sentenció su encarcelamiento fue la declaración que el pasado domingo le dio al diario La Jornada de México, donde le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo “a favor del pueblo nicaragüense”, “de elecciones limpias” y de “la liberación los presos políticos”.
Pocas horas después 60 policías entraron a su casa para arrestarla. Según la versión de sus familiares sus captores la tomaron por el cabello, le dieron un golpe en el abdomen y la esposaron.
La versión que La Jornada reproduce de la entrevista Tellez dice: “Yo esperaría que México asuma una posición contundente y directa contra la dictadura de los Ortega-Murillo…”, en alusión a la reunión del Consejo Permanente de la OEA que se efecturía dos días después.
Y agregó: “Porque si hoy alguien viene y me dice que Nicaragua es un gobierno de izquierda, y que no hay que criticarlo, entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar: a que la izquierda tiene que tener las manos libres para asesinar?” (sic).
EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO, ARGENTINA Y BOLIVIA
Ante este gravísimo cuadro político, las cancillerías de México y Argentina han manifestado por medio de un corto comunicado conjunto “su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”. Esa ha sido la manera más expedita que han conseguido de justificar su abstención en la votación que en el seno de la OEA condenó la masiva detención de opositores por parte de Ortega.
En el texto recurren al manido principio de no intervención en asuntos internos en otros países. El mismo “principio” que en sus respectivos momentos invocaron dictadores de distinto signo ideológico como Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet, pasando por Fidel y Raúl Castro, hasta Anastasio Somoza. Obviamente nadie quiere que se metan con “su” dictadura, razón por la cual no se meten con la de los demás.
Curioso, viniendo Argentina, país en el cual su oposición bastante solidaridad solicitó, y recibió, durante su última dictadura militar (1976-1983). Por no recordar la cantidad de saliva, tiempo y dinero que los gobiernos kirchneristas han gastado en usar esa etapa de la historia argentina en su propio beneficio político.
En el caso de Bolivia, su voto en contra de la resolución que condena al gobierno de Nicaragua en el seno de la OEA no debería sorprender, pues nos recuerda que por los mismos años Evo Morales estuvo haciendo exactamente lo mismo que Daniel Ortega. Intentar asegurarse una presidencia vitalicia.
