Pedro Benítez (ALN).- Por algún motivo aún no aclarado Daniel Ortega cambió de opinión. Hace dos años llegó a decir que los que de alguna manera habían participado en las protestas del 2018 contra su Gobierno habían perdido su derecho a ser candidatos en los comicios presidenciales de Nicaragua, por haber sido parte de un “intento de golpe de Estado”. Y agregó: “No los podemos expulsar porque nacieron aquí”.
Pues este jueves 9 de febrero sacó de sus cárceles y desterró a 222 de los 245 presos políticos nicaragüenses.
De manera unilateral la madrugada de ese día los movió desde distintos penales de Nicaragua, los reunió en el aeropuerto de Managua y allí lo embarcó en un avión Boeing con capacidad para 375 pasajeros en vuelo chárter rumbo a la ciudad de Washington donde aterrizaron al mediodía. En el viaje los liberados se enteraron que el Gobierno de su país los había despojado (i) legalmente de su nacionalidad. Ortega no puede actuar nunca sin un toque adicional de crueldad.
La justificación a las acciones de Daniel Ortega
En un comunicado el régimen orteguista “justificó” la “deportación inmediata” de los excarcelados por “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. Ese mismo día la Asamblea Nacional de Nicaragua, purgada de opositores y, por supuesto, totalmente controlada por Ortega, reformó el artículo 21 de la Constitución de ese país y los declaró apátridas. Previamente ya se les consideraba oficialmente como “traidores a la patria”, acusación bajo la cual permanecían privados de libertad sin ninguna fórmula de juicio.
La lista de expatriados es representativa de todos sectores de la sociedad nicaragüense. Incluye empresarios, líderes campesinos, periodistas, políticos, ex candidatos presidenciales, activistas estudiantiles, religiosos e históricos militantes sandinistas que lucharon durante la revolución de 1979 que sacó del poder a Anastasio Somoza y que luego formaron parte de los primeros gobiernos del FSLN.
El caso de María Téllez
De este último grupo destaca Dora María Téllez, a quien Gabriel García Márquez inmortalizó como la “Comandante Dos” en la crónica que hizo del asalto al Palacio Nacional en Managua en 1978 por parte de un comando guerrillero. Con 22 años fue la única mujer que participó en aquella operación que mantuvo secuestrados a los diputados somocistas.
Durante la época de la Junta de Reconstrucción Nacional, y de la primera presidencia de Ortega (1979-1990), fue ministra de Salud y diputada. En 1995 rompió con él para fundar Renovación Sandinista y desde entonces ha sido una de sus más ácidas críticas. Tal vez fue la primera personalidad nicaragüense en llamarlo públicamente dictador.
En junio de 2021, en plena ola represiva, en declaraciones que dio al diario La Jornada de México, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo “a favor del pueblo nicaragüense”, “de elecciones limpias” y de “la liberación de los presos políticos”.
Y agregó en esa ocasión: “Yo esperaría que México asuma una posición contundente y directa contra la dictadura de los Ortega-Murillo…Porque si hoy alguien viene y me dice que Nicaragua es un gobierno de izquierda, y que no hay que criticarlo, entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar: a que la izquierda tiene que tener las manos libres para asesinar?”. Pocas horas después 60 policías entraron a su casa para arrestarla, la tomaron por el cabello, le dieron golpes en el abdomen y la esposaron. Durante 605 días estuvo detenida en el penal de El Chipote de Managua.
Hugo Torres, el exguerrillero que murió bajo custodia del Estado
Sin embargo, hay que decir que ha tenido más suerte que Hugo Torres, el ex guerrillero que participó en la operación “Diciembre Victorioso” que en 1974 logró la libertad de varios presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba el propio Daniel Ortega. Cuarenta y seis años después, el mismo hombre por cuya libertad arriesgó su vida lo mandó a detener. Poco importó eso, o que haya sido uno de los jefes de más prestigio del Ejército Popular Sandinista donde llegó al grado de general, o su precaria condición de salud. A los 73 años fue el primer preso político de Ortega que falleció en manos de su Policía Nacional.
Daniel Ortega parece empeñado en superar la crueldad de los Somoza. En el mismo grupo de deportados se encuentran los hijos y un sobrino de Pedro Joaquín Chamorro y de Violeta Barrios de Chamorro. El primero fue un férreo opositor a los Somoza cuyo asesinato el 9 de enero de 1978 desató la insurrección que terminó acabando con esa tiranía familiar. En 1990 su viuda derrotó, contra todo pronóstico, a Ortega en las elecciones presidenciales de ese año y abrió el único periodo de democracia que ha tenido ese país, y que el mismo Ortega empezó a cerrar con su retorno al poder en 2006.
Ley Guillotina
Éste, a fin de evitarse una sorpresa como aquella y de asegurarse la reelección presidencial de 2021, procedió a decapitar a toda la oposición nicaragüense, incluyendo a los precandidatos presidenciales o posibles aspirantes a competir con él. Entre ellos destacaba Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta, que también se promovía como candidata independiente y ahora es parte de este grupo de expatriados. A ella la acusaron de lavado de dinero por medio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Fue una de los siete precandidatos presidenciales arrestados y los once inhabilitados en la ola de detenciones del 2021.
Para ello Ortega hizo uso de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada en diciembre de 2020, y que los nicaragüenses llaman “Ley 1055” o, simplemente, “Ley Guillotina”.
La misma contempla que todo opositor considerado “golpista” o “traidor a la patria” queda inhabilitado para optar a cualquier cargo de elección popular. ¿Quiénes entraron en esas categorías? Todos aquellos que participaron en las protestas sociales de 2018, o que luego hayan solicitado sanciones internacionales contra su régimen por la represión que siguió.
Esa guillotina incluyó como escarmiento a José Adán Aguerri, conocido hombre de negocios y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. En 2018 Aguerri fue uno de los primeros dirigentes empresariales que rompió con el “Modelo de Diálogo y Consenso” con que el sector privado nicaragüense se entendió con Ortega, mientras que éste, por otro lado, montaba su autoritarismo. Otra importante figura de la empresa privada detenido fue Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo financiero centroamericano Banpro.
Aún restan 38 presos políticos en la Nicaragua de Daniel Ortega
Otro de los desterrados es el líder universitario Lesther Alemán, quien en 2018, ante las cámaras de televisión, en vivo y directo, encaró a Ortega y a su esposa, y vicepresidenta, Rosario Murillo, por la represión durante la revuelta social de ese año.
En esta oportunidad no ha sido incluido en esta operación de ostracismo colectivo monseñor Rolando Álvarez, de quien Daniel Ortega dice que trasladó a la cárcel La Modelo porque no aceptó el destierro. La jerarquía religiosa tampoco se ha salvado de las persecuciones, las amenazas y las inhabilitaciones políticas.
Como se podrá apreciar no hay sector de la sociedad civil nicaragüense no haya sido perseguido, encarcelado y ahora desterrado. Oficialmente quedan 38 presos políticos en Nicaragua cuyo destino depende de la voluntad de los Ortega-Murillo o de las negociaciones que en secreto ellos, posiblemente, estén llevando a cabo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
