(EFE).- El cannabis medicinal podría ser una realidad en España antes de que acabe el año, después de que el Congreso emplazara al Gobierno a encontrar un «encaje» normativo a estos nuevos medicamentos, que se dispensarán siempre con receta médica y preferentemente en farmacias hospitalarias.
El Ejecutivo deberá basarse ahora en el dictamen que se aprobó hoy para regularizar el cannabis medicinal como complemento terapéutico para calmar el dolor de algunas patologías, y para ello, tendrá un plazo de seis meses.
El primer paso es remitir el texto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con el fin de que empiecen cuanto antes los trabajos necesarios para que los medicamentos con productos derivados del cannabis puedan ser una realidad en España en breve.
El cannabis medicinal estará destinado a pacientes que sufren dolor crónico -también el neuropático-, dolor oncológico, endometriosis, la espasticidad de la esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia y las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, con la posibilidad, añade el dictamen, de ampliarse «a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes».
La vía para recetar cannabis medicinal
El texto recomienda que la dispensación de esas fórmulas magistrales se realice a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias, y serán prescritas «exclusivamente por profesionales sanitarios», preferentemente por los especialistas que atienden las áreas para las que se va a indicar el cannabis medicinal, a los que habrá que formar en su uso terapéutico.
Para algunos grupos políticos, como Unidas Podemos (izquierda radical), los nacionalistas vascos (PNV), independentistas catalanes (ERC) o Ciudadanos (liberales), la propuesta se queda corta, aunque la consideran un primer paso.
Por el contrario, se opusieron el conservador Partido Popular (PP), por considerar que la evidencia científica disponible es «insuficiente», y el partido de derecha radical Vox, que ve esta regulación como un «caballo de Troya» para el uso recreativo.
