María Rodríguez (ALN).- La investigación de la empresa pública de aguas de Madrid por presunto desvío de fondos tiene ramificaciones en Colombia, Brasil, Panamá y Haití. Este martes fue detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, hasta 2016 presidente de la filial con la que el Canal desembarcó en Suramérica. América Latina no se queda fuera de la presunta trama de corrupción que investigan la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción españolas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid, por desvío de fondos y, específicamente, por supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
En el marco de la Operación Lezo, las autoridades detuvieron este martes a 12 personas, entre ellas a Ignacio González, expresidente de la comunidad autónoma y a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica.
Rodríguez Sobrino fue destituido hace un año del cargo de presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana con la que el Canal desembarcó en Suramérica hace más de 10 años para gestionar contratos de agua en la región. El detenido apareció vinculado a varias sociedades creadas en Panamá, por lo que Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, lo relevó del cargo.
Actividades no “razonables” ni “compatibles”
En julio de 2016, el Canal de Isabel II procedió a cerrar 10 empresas que el organismo tenía en Latinoamérica debido a su escasa actividad o porque ésta no era “razonable y compatible” con la gestión del agua, como “los cobros”, según explicó el entonces -y aún hoy- responsable de la empresa pública, Ángel Garrido.
En 2016, el Canal cerró 10 empresas en Latinoamérica porque su actividad no era ‘compatible’ con la gestión del agua
En ese momento, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid planteó a la Fiscalía Anticorrupción la desconfianza sobre la gestión del Canal del equipo anterior.
Entre las empresas con orden de cierre, Garrido destacó en dicho anuncio la radicada en Brasil: Emissao Engenharia e Construçoes, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba analizando por parte del Canal.
Inassa pagó 22 millones de dólares (aproximadamente 21,4 millones de euros) por Emissao a finales de 2013. Según el diario El Confidencial, un año después su valor contable era solo de cinco millones de euros (5,3 millones de dólares). El rotativo publica además que la filial del Canal hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada.
El Canal cerró 10 empresas en América Latina porque su actividad no era “compatible” con la gestión del agua / Foto: Canal de Isabel II
A este respecto, y según el mismo diario, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados.
Por su parte, la Audiencia Nacional española ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los 12 detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó la supuesta estafa en Brasil. Cristina Cifuentes también la destituyó tras esta sospechosa adquisición.
En Colombia, se investigan algunas de las operaciones de la empresa Triple A de Barranquilla, la joya de la corona de Inassa en el país. El juez que instruye el caso, Eloy Velasco, ha pedido el arresto de Diego García Arias, actual gerente de gestión corporativa de Inassa.
Más ramificaciones
Además de en Colombia y Brasil, el Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas en Ecuador, Panamá y República Dominicana, que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares (18 millones de euros) en beneficios, 93% más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.
Se investiga el desvío de dinero durante los trabajos de reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010
Las autoridades también podrían estar investigando operaciones en otros de los países donde tiene presencia el Canal, tal y como publica El Confidencial. El diario suma a la lista Haití por indicios de que se desviase dinero durante los trabajos de reconstrucción del país tras el terremoto de 2010.
Asimismo, fuentes de la investigación señalaron al mismo diario que en las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del organismo público, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas.
