Pedro Benítez (ALN).- El golpe militar contra el gobierno de Rómulo Gallegos del 24 de noviembre de 1948 fue recibido por el resto de los partidos políticos civiles de Venezuela, Unión Republicana Democrática (URD), Copei, y las dos fracciones del Partido Comunista, como una reacción exclusiva en contra de Acción Democrática (AD).
En los siguientes días al acto de fuerza, los líderes de esas organizaciones políticas se presentaron en la sede del Ministerio de la Defensa. Allí, sostuvieron conversaciones con el nuevo gobierno militar, y todos recibieron la promesa de que sería respetada la libre actuación de sus partidos. Incluso, algunos de sus militantes aceptaron puestos en gobernaciones de estado o cargos subalternos. No hubo protestas por parte de ellos a la deposición violenta del presidente constitucional, así como tampoco al cierre del Congreso Nacional en el que ocupaban curules como senadores y diputados.
Además, en sus primeras declaraciones públicas se cuidaron de no condenar la cuartelada. Prefirieron dirigir sus críticas hacia AD, a la que responsabilizaron por crear el clima de pugnacidad que llevó a la interrupción del proceso democrático.
Así pues, el Comité Nacional de Copei publicó un comunicado el 2 de diciembre de 1948 en el que, palabras más palabras menos, condenó la política sectaria y exclusivista de los dirigentes adecos en el ejercicio del Gobierno. Sobre esta cuestión Caldera nunca cambiaría de opinión. No obstante, en ese momento declaró enfáticamente que en la acción militar del 24 de noviembre ni él ni su partido tuvieron injerencia alguna, pero ofreció aportar “sin ambición de cargos públicos” todo lo que fuera necesario para contribuir a que el país retornará a la normalidad.
Para los líderes de Copei, cumplido el hecho militar, el proceso iniciado solo podría culminar de manera feliz a través de elecciones verdaderamente limpias que “coloque en manos capaces de respetar los derechos a la persona humana, mantener el orden y las instituciones”. Insistieron en la necesidad de llevar al país a un proceso electoral bajo las normas de igualdad para todos los partidos.
Si bien es cierto que hubo miembros de Copei que participaron abiertamente en conjuras y conspiraciones contra Betancourt y contra Gallegos, entre 1945 y 1948, los mismos quedaron al margen de la organización, y posteriormente colaboraron con la dictadura. Fueron los casos de Pedro José Lara Peña, José Barrios Mora, Antonio Pulido Villafañe, y Roberto Vetancourt.
Caldera aseguró, a raíz del golpe de noviembre: “somos opositores cívicos, pero no conspiradores”. Él, Lorenzo Fernández, Luis Herrera Campins, Godofredo González, José Antonio Pérez Díaz y Pedro del Corral, asumieron una posición institucional y afrontaron el hecho violento como algo inexorable dentro de una crisis provocada por AD. Sin embargo, el tiempo demostraría que ninguno participó en la conspiración contra Gallegos, validó la conjura, y mucho menos justificó la represión posterior.
No fue el caso de Jóvito Villalba y que URD, que sí habían participado en conspiraciones que estallaron y fracasaron antes del golpe del 48. Al líder margariteño lo incitaba a conspirar el ejemplo Betancourt; la aparente manera tan fácil como había tomado el poder en octubre de 1945 de mano de la juventud militar.
Jóvito no desaprovechó la ocasión para criticar en duros términos la pasividad de frente al golpe de noviembre por parte de los adecos y su ausencia de reacción. Pero sus duras palabras luego se le devolverían cuando le arrebataron el triunfo electoral del 30 de noviembre de 1952.
En un primer manifiesto público, después del golpe contra Gallegos, URD elogió “la promesa democrática de la Junta Militar”. Al parecer, a Jóvito le entusiasmó un discurso de su presidente, Carlos Delgado Chalbaud, en el que prometió llamar a la nación a elecciones “bajo la garantía de un gobierno imparcial”. Después de todo, esa era la tesis que URD había sostenido bajo los gobiernos de Betancourt y Gallegos.
Por supuesto, Villalba no olvidaba que esta era su oportunidad de atraer a las masas adecas cuyos líderes estaban en la clandestinidad, en el exilio o en la cárcel; pero, también, llamando “a la unidad de todas las fuerzas democráticas, para asegurar el pronto retorno de las garantías constitucionales y “facilitar el cumplimiento de la promesa de la Junta militar de llevar al país a la celebración de elecciones democráticas”.
Según la versión de Alfredo Tarre Murzi eso no cayó del todo bien en el nuevo gobierno militar, donde ya empezaban a presentarse las disputas internas por el control del poder.
En el caso del Partido Comunista, por tratarse de un régimen militar instaurado en el marco de la Guerra Fría, no parecía lógico que se le permitiera por mucho tiempo su actuación legal, de modo que, efectivamente, a los pocos meses pasaría a la clandestinidad.
El 1 de enero de 1949, como presidente de la Junta, Delgado dirigió unas palabras al país desde el Palacio de Miraflores. En las mismas repitió la promesa básica de convocar elecciones bajo las reglas de la igualdad.
Por su parte, Villalba y Caldera intentaron influir por medio de amigos comunes dentro del gobierno de facto a fin de que honrara su compromiso público. Pero aquella declaración de Delgado sobre la transitoriedad del gobierno militar no era compartida por los otros miembros de la Junta, Marcos Pérez Jiménez, ministro de la Defensa, y Luis Felipe Lloverá Páez, ministro del Interior. Así fue cómo empezó a desarrollarse el marcado enfrentamiento entre la corriente delgadita y la tendencia perezjimenista. Entre el sector blando y el sector duro.
Mientras tanto, continuaron los destierros de los presos políticos, en su mayoría ministros, gobernadores y altos dirigentes del gobierno caído.
En la propia URD se presentaron también fisuras por la línea del partido frente al gobierno militar. Unos dirigentes se oponían a colaborar, mientras otros insistían en sostenerla y tratar de reforzar la línea delgadita de la normalización democrática.
Incluso, varios connotados urredistas recibieron cargos importantes, como fue el caso Jesús López Sánchez, quien fue designado gobernador del estado Zulia, o Alirio Ugarte Pelayo, que primero fungió como Director de Política del Ministerio del Interior y luego pasó a la gobernación del estado Monagas. No obstante, y como no podía ser de otra manera, el ambiente de represión se fue intensificando a medida que pasaron los meses, alcanzado a URD y a Copei. Luis Herrera fue detenido por la publicación de sus artículos en el Gráfico y de Edecio La Riva Araujo recibió una paliza de manos de desconocidos, pero todo indicaba que detrás de ello estaba la policía política.
Desde la clandestinidad, AD intentó inútilmente devolver el golpe y, entre otros intentos, ocurrió en mayo de 1950 el alzamiento militar en la base aérea de Boca del Río con un saldo de muertos y heridos. La Junta calificó el hecho de acción terrorista provocada por civiles armados y negó la participación de oficiales del Ejército. Acto seguido a la protesta estudiantil se cerró la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Al parecer, Delgado seguía insistiendo en privado que el objetivo, muy difícil por el ambiente de represión, era llegar a la realización de unas elecciones y “demostrarle al país y a los norteamericanos que en Venezuela podemos practicar la democracia sin Betancourt y sus adecos”. Sin embargo, esos planes recibieron una alteración dramática cuando el 13 de noviembre de 1950 fue asesinado por una banda criminal dirigida por Rafael Simón Urbina.
El gobierno de facto se reorganizó y nombró a un civil, Germán Suárez Flamerich, como su presidente, pasando a denominarse Junta de Gobierno, permaneciendo en la misma Pérez Jiménez y Llovera Páez.
El asesinato Delgado nunca quedó aclarado, pero dio pie a que aumentar todavía más las persecuciones, particularmente contra los grupos que estaban en la clandestinidad, pero también con algunos dirigentes de URD y de Copei. Por esos días la oposición clandestina se reorganizó comandada por Leonardo Ruiz Pineda y comenzaron entonces a circular por Caracas, y en algunas otras ciudades, manifiestos desafiantes. Fue entonces cuando se empezó a enviar a los presos políticos a las colonias móviles de El Dorado.
Pese al ambiente de creciente represión, en la cual fue muy significativo el asesinato el 22 de octubre de 1952 de Ruiz Pineda por agentes de la Seguridad Nacional en Caracas, cuánto transitaba por la avenida principal de San Agustín del Sur, la Junta continuó con sus planes de llevar adelante las elecciones, tal como había previsto. Pero la intención ahora era muy distinta a la promesa inicial de que fueran libres y en un ambiente equilibrado.
De hecho, la propia Junta decidió participar presentando sus propias listas de candidatos en el denominado Frente Electoral Independiente (FEI), dirigido por Laureano Vallenilla Planchart.
La oposición ilegalizada intentó reunirse en el Bloque Democrático Nacional, pero la prensa oficial, acusó a sus miembros de ser “un mascarón del disuelto partido AD”. Eso bastó para que no se legalizara, siendo detenidos y expulsados sus promotores.
Así las cosas, solamente quedaban URD y Copei como la oposición tolerada. La dirección nacional de Copei anunció que concurrirá a las elecciones a pesar de la acusación de que eso legitimaría al régimen. Villalba y Caldera se dedicaron a recorrer el país entre riesgos y amenazas. Superando el escepticismo inicial, fueron levantando un auténtico movimiento en contra del gobierno de facto.
Por su parte, en septiembre 1952, poco antes del asesinato de Ruiz Pineda, el comando clandestino de AD difundió un manifiesto en el que expresó su rechazo al proceso electoral, llamando a la abstención electoral como acto de protesta.
Alegaba el comunicado que la farsa electoral estaba destinada “a legalizar la dictadura del coronel Pérez Jiménez”. No obstante, la línea de AD no es seguida. Jóvito logró provocar un sentimiento de entusiasmo en medio de la represión y de la violencia presentando el voto como una salida.
En vísperas de los comicios se efectuó un mitin, en un ambiente emocionalmente muy cargado en el Nuevo Circo de Caracas, donde llamó a votar y, en determinado momento, acompañado del escritor Mario
Briceño Iragorry, solicitó un minuto de silencio en memoria de Ruiz Pineda. Según los testigos un mar de pañuelos blancos cubrió el recinto.
Por su lado, Copei presentó listas distintas a URD. Es decir, aún en esas circunstancias la posición fue dividida.
Postuló como sus candidatos al Congreso Constituyente a Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernández y Pérez Díaz, entre otros dirigentes.
En una intervención pública, Caldera expresó la posición de los copeyanos: “el proceso electoral lejos de ofrecer libertad y facilidad para la propaganda política, se ha caracterizado por el atropello y el ventajismo por parte del gobierno”. Reclamó una vez más el restablecimiento de un clima de garantías que permitiera “sin trabas ni represalias” la expresión de las opiniones políticas de los venezolanos. Además, demandó la eliminación del campo concentración de Guasina, así como del resto de las medidas arbitrarias e ilegales.
Lo que parece que nadie previó fueron los resultados de la elección del 30 de noviembre de 1952. URD y Copei conquistaron la mayoría absoluta de los curules. A todas luces, el partido que dirigía Jóvito Villalba recibió el apoyo masivo de los votantes.
Según el testimonio de Guillermo García Ponce y Francisco Camacho en Diario la Resistencia: “la mañana del 30 de noviembre de 1952 sorprende a todos con la presencia multitudinaria del pueblo en las mesas electorales. Ya al mediodía circula en Caracas una noticia: en una mesa electoral de la parroquia Altagracia, donde votan los agentes de la policía municipal, ha sido derrotado el gobierno y gana URD. No menos sorpresivo es para el gobierno el resultado de las mesas electorales parroquia San Agustín, donde el FEI había realizado la más intensa campaña a base de regalos de planchas de zinc, dinero, cobijas y otros
obsequios. En la medida que llega la noche es evidente que el gobierno pierde las elecciones y URD las ganas. Sobre la base de esta realidad hay una confusa situación. El gobierno es sorprendido con la derrota, tanto como la oposición con su triunfo”.
El Alto Mando Militar desconoció sus resultados. La misma noche de la elección ordenó el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas en todo el país y la censura de prensa. Se prohibió la publicación de las actas de escrutinio, para luego alterarlas. Así fue como se consumó el golpe contra la voluntad popular. Se repitió el fraude perpetrado con el Mocho Hernández en 1897, de manera igualmente descarada.
El presidente del Consejo Supremo Electoral, Vicente Grisanti, se negó a prestarse a la maniobra, razón por la cual renunció a su cargo y se asiló en la embajada de Brasil. Lo mismo hicieron los demás miembros de ese cuerpo.
A toda carrera la Junta se reorganizó, saliendo Suárez Flamerich y el secretario Miguel Moreno, a quienes se responsabilizó por la catástrofe electoral. El 2 de diciembre, con el respaldo de sus compañeros de armas, Pérez Jiménez asumió la Presidencia.
El nuevo ministro del Interior, Laureano Vallenilla a Planchart, designó a toda carrera un nuevo órgano electoral, el cual publicó las nuevas cifras que le otorgaban al FEI la mayoría de la Constituyente.
Junto con eso, envió un famoso telegrama a Jóvito Villalba en el cual afirmaba que la institución armada no estaba dispuesta a admitir el triunfo de AD y el Partido Comunista “que URD ha propiciado “.
Peso a esto, la oposición se las arregló para publicar sus propias cifras, las cuales le otorgaban a URD la mayoría absoluta con 67 curules y a Copei 19.
En medio de lo que parecía ser una crisis política, Vallenilla convocó a Jóvito Villalba y a la primera plana de URD al despacho del Ministerio a fin de conversar sobre la situación. Se trató de una trampa, los convocados fueron apresados allí mismo y vía Maiquetía deportados rumbo a Panamá.
La prensa mundial registró los acontecimientos como un claro golpe contra la soberanía popular en Venezuela. Pero los gobiernos de la región aceptaron el hecho consumado.
Tal como había ocurrido cuatro años antes cuando derrocaron a Gallegos, no hubo ni resistencia civil ante el nuevo golpe.
No obstante, en un intento por vestir con harapos legales el acto de fuerza, Vallenilla le ofreció a Copei ocupar espacios en la Asamblea. Pese a las presiones y las amenazas, Caldera y sus compañeros se negaron a convalidar con su presencia el fraude.
Eso fue algo que, tanto Pérez Jiménez, que fue elegido por ese cuerpo como “Presidente Constitucional” para el periodo 1953-1958, como Vallenilla, nunca le perdonaron al Caldera.
@PedroBenitezF
