Ysrrael Camero (ALN).- En el marco de la conmemoración de los 40 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, salió humo blanco para los acuerdos de Estado entre el PSOE y el Partido Popular, que permiten la renovación de instituciones tan importantes como la Radio y Televisión Española, el Consejo General del Poder Judicial, el defensor del Pueblo, entre otros. Pablo Casado prosigue en su movimiento hacia el centro, y Pedro Sánchez consigue superar el bloqueo político.
Luego de dos años el bloqueo parece haber terminado. Tras superarse las elecciones autonómicas realizadas en Cataluña el 14 de febrero, el calendario político anuncia un dilatado período sin confrontación electoral. Esta pausa permite el despliegue de una estrategia de pactos y acuerdos que hacen que el sistema democrático funcione.
Acá coinciden dos procesos. Pablo Casado prosigue en su voluntad de mover al Partido Popular (PP) al centro del tablero político, enfatizando sus diferencias con la ultraderecha de Vox. Casado se mostró dispuesto a pagar el costo político necesario, a corto plazo, porque sabe que a mediano y largo plazo, una normalización de la vida política incrementa las posibilidades de que su política de moderación vaya deslizando a su electorado hacia el sentido común.
Una deriva similar ocurre dentro de las filas del PSOE. Mantener el gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP) ha generado mucha tensión interna. Pedro Sánchez ha de sentirse presionado por los recurrentes gestos de distanciamiento de la gente de Pablo Iglesias. Las declaraciones altisonantes, las iniciativas inconsultas, las acciones contradictorias, parecen ir más allá de las diferencias naturales que existen en toda coalición de gobierno, hasta entrar en el terreno de la deslealtad política.
Si no fuera porque la relación política entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez es de mutua dependencia, a causa de la aritmética parlamentaria, ya los socialistas habrían roto la coalición y despachado a Unidas Podemos fuera del gobierno.
A pesar de que no sea posible la ruptura, varios voceros socialistas han mostrado su incomodidad y desagrado con la conducta de sus socios minoritarios. Algunos han llegado a solicitar el cese de Iglesias, y la vicepresidenta Carmen Calvo ha asumido el control de las iniciativas de género, desde una perspectiva feminista, alejada de la propuesta trans que impulsa UP.
En el Partido Popular saben bien que la amenaza de Vox se alimenta de la escalada de confrontación y de la crispación política cotidiana, por lo que la postergación de cualquier evento electoral es percibida como un imprescindible respiro político.
En el mismo sentido el PSOE, que ya no se siente amenazado electoralmente por Iglesias, también aprovechará el momento para marcar sus diferencias con los radicales, fortaleciendo su perfil de partido de Estado. Esa capacidad de ser la organización hegemónica en la izquierda, pero posicionándose en el centro, ha brindado importantes ventajas a los socialistas españoles.
Un interés común
De esta manera, Pedro Sánchez y Pablo Casado tienen un interés común claro, un espacio de cooperación fundamental, siendo los líderes de los dos partidos de Estado que han sostenido a la democracia española durante las últimas cuatro décadas. Sánchez avanza en estos acuerdos cuando el PP pasa por un momento de debilidad, lo que ablandó la posición de Casado de bloquear los nombramientos para excluir a UP.
Hay agrias polémicas sobre estos acuerdos. Ciudadanos y Vox elevaron sus voces de protesta. Sin embargo, es necesario recalcar que el mandato constitucional y legal es un mensaje político claro. En el Congreso de los Diputados se encuentra la representación plural del pueblo español. Que sean los representantes electos, en mayoría calificada, quienes decidan la conformación de estas instituciones, forma parte del control democrático que se ejerce sobre el funcionamiento del Estado.
Los negociadores centrales han sido Félix Bolaños, como secretario de Gobierno, y Teodoro García Egea, por el Partido Popular. El prudente abogado socialista Félix Bolaños, quien ha trabajado con Pedro Sánchez desde las primarias del PSOE en 2014, estuvo implicado en la estructuración del gobierno de coalición, en la negociación de los presupuestos, en el marco legal para la exhumación de Francisco Franco y en la redacción del estado de alarma. Teodoro García Egea, ingeniero y diputado por Murcia, es el secretario general del PP desde 2018.
A pesar de que los acuerdos se estructuraron entre PSOE y PP, se incorporan nombres vinculados a otras organizaciones, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), donde el diputado Aitor Esteban ha demostrado una gran capacidad para la negociación. Estos acuerdos han implicado cesiones de todas las partes.
El consejo de Radio y Televisión Española (RTVE), que será presidido por José Manuel Pérez Tornero, no había sido designado por consenso desde el año 2009, con lo que este acuerdo representa un paso importante. Pérez Tornero sustituye a Rosa María Mateo, quien era administradora provisional única desde 2018.
El Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo, han estado presididos por el magistrado Carlos Lesmes desde 2013, estando en funciones desde diciembre de 2018, al haberse vencido su período, siendo incapaces los parlamentarios de ponerse de acuerdo. Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista, ha sido defensor del Pueblo en funciones desde julio de 2017; Juan José González Rivas preside el Tribunal Constitucional desde marzo de 2017 y Mar España Martí ha dirigido la Agencia Española de Protección de Datos desde hace seis años.
Estos acuerdos, trascendentales, pueden ser el inicio de un cambio de tono general de la vida pública española. Quedan más de dos años para unas próximas elecciones generales. En la medida que la retórica política deje de estar crispada por la inminencia de unas elecciones es más probable que se recupere la centralidad y se fortalezca la moderación de los ciudadanos.
Esta moderación es del común interés de Pedro Sánchez, para poder gobernar con alguna estabilidad en medio de la más grave crisis que ha vivido España desde hace 80 años, pero también lo es para Pablo Casado, que debe fortalecer un nuevo perfil del Partido Popular para superar la amenaza radical que representan Santiago Abascal y Vox.
