Pedro Benítez (ALN).- Las versiones encontradas que han suministrado tanto el ministro del Interior, Néstor Reverol, como el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, sólo han contribuido a asentar entre los dirigentes opositores venezolanos la convicción de que el concejal Fernando Albán no se suicidó, sino que por el contrario fue una víctima mortal del aparato represor y que este suceso es el inicio de una nueva escalada por parte del régimen. Esta certeza tendrá consecuencias políticas.
La dividida oposición venezolana puso por un momento sus diferencias a un lado ante el estremecimiento provocado por las circunstancias que han rodeado la muerte del edil y dirigente del partido Primero Justicia Fernando Albán (Leer más: El polémico ‘suicidio’ que le recuerda al mundo la crueldad del régimen de Maduro).
El instinto básico de sobrevivencia física los ha acercado. Entre los dirigentes opositores que asistieron a las honras fúnebres de Fernando Albán en Caracas no hay duda alguna: fue asesinado.
La consecuencia política de este sentimiento es que ya nada será igual. Hacer oposición implicaba riesgos de cárcel y exilio, pero no la muerte. Una línea ha sido cruzada.
La dividida oposición venezolana puso por un momento sus diferencias a un lado ante el estremecimiento provocado por la muerte de Fernando Albán
Desde hace tres lustros es numerosa la cantidad de presos por razones políticas en Venezuela. En una primera etapa los sujetos a cárcel o persecución judicial fueron personalidades involucradas en los sucesos del 11 y 12 de abril de 2002 que sacaron brevemente del poder al expresidente Hugo Chávez. El presidente de facto y expresidente de la patronal (Fedecámaras), Pedro Carmona Estanga, y un grupo de funcionarios policiales, sobre los cuales ha caído con particular inquina la sevicia oficial y entre los que destaca el comisario Iván Simonovis, fueron el primer lote de presos políticos del régimen chavista. También el entonces alcalde Henrique Capriles pasó tres meses de presidio por aquellos sucesos.
Estanga “escapó” a Colombia, mientras que los funcionarios en cuestión han pasado tres lustros privados de libertad sin ser beneficiados por ninguna de las medidas de gracia que en ocasiones dictara Chávez.
El siguiente preso emblemático fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Carlos Ortega, duro opositor a Chávez en aquella primera etapa y el dirigente más destacado del paro petrolero de diciembre de 2002. Fue sometido a persecución y posteriormente cayó detenido. Unos meses después también escapó del país con cierta facilidad.
Por entonces parecía que Chávez prefería tener en el exilio que en una cárcel a los dirigentes políticos o sociales opositores destacados.
Pero partir de 2007, cuando perdió el referéndum de la reforma constitucional, las cosas empezaron a cambiar y su régimen tomó una deriva cada vez más abiertamente autoritaria.
Esto incluyó inhabilitaciones contra potenciales candidatos opositores, campañas de desprestigio y difamación por los medios de comunicación públicos contra los disidentes, hostigamientos judiciales, que incluyeron la prohibición de salida del país a directivos de medios de comunicación independientes y a periodistas, cárcel para ciertos empresarios e incluso una juez, María Lourdes Afiuni, y para el exministro de la Defensa de Chávez, y antiguo compañero de su logia militar, el general Raúl Isaías Baduel.
A ese cuadro hay que sumar una línea de acción que vista en la distancia, a la luz de los hechos de hoy, tiene cierta lógica: la persecución contra los tres dirigentes políticos que en 2006 crearon un frente común con el propósito de que la oposición venezolana retomara la ruta electoral, abandonada en el proceso para elegir el Parlamento en 2005. Manuel Rosales, gobernador entonces del estado Zulia (el más grande del país), Teodoro Petkoff, exministro, antiguo guerrillero comunista y editor del diario TalCual, y Julio Borges, diputado fundador de Primero Justicia.
Cada uno de los mencionados sería en su momento objeto de una operación política para sacarlos del juego. Rosales, quien luego de perder la elección presidencial con Hugo Chávez en 2006 se convirtió en la principal cabeza opositora (posición que consolidó al ser reelecto alcalde de Maracaibo, la capital del estado Zulia, en 2008), fue directa y públicamente amenazado por el entonces presidente con mandarlo a la cárcel. Rosales huyó y pasó cinco años en el exilio.
Petkoff, duro y certero crítico del régimen chavista desde las páginas de TalCual, vería cómo su diario sería constantemente acosado por multas y procesos judiciales, hasta sufrir él mismo (hoy con más de 80 años de edad) una medida de prohibición de salida del país.
El turno de Julio Borges
En tiempos más recientes le tocó el turno a Julio Borges, quien presidió la Asamblea Nacional (AN) en 2017. En su caso, ha sido víctima por años de una campaña de desprestigio personal desde los medios oficiales y de un acoso que ha llegado al terreno de la agresión física en dos ocasiones. Una de las cuales fue dentro de la propia sede parlamentaria cuando la presidía Diosdado Cabello, que ha manifestado contra él una particular inquina personal.
La consecuencia política de este sentimiento es que ya nada será igual. Hacer oposición implicaba riesgos de cárcel y exilio, pero no la muerte. Una línea ha sido cruzada
Lo que une a estos tres políticos es su coincidencia en una estrategia de largo plazo según la cual la oposición venezolana debía ir de elección en elección (acumular fuerzas) hasta el punto de arrebatarle al chavismo la legitimidad de la mayoría electoral.
Ese objetivo se alcanzó en las parlamentarias de diciembre de 2015. Sin embargo, en el camino, a medida que más factores y partidos se sumaban a esa estrategia y la oposición como un bloque unido incrementaba su caudal electoral y conquistaba más espacios políticos, el chavismo cometía más atropellos institucionales y se hacía más represivo.
Las masivas protestas de 2014 y 2017 fueron contestación a esos abusos, que a su vez fueron respondidas con mayores dosis de represión. Con Nicolás Maduro en el poder una nueva vuelta de tuerca ha llevado a prisión y al exilio a dirigentes políticos de primera línea, como Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, y a varios alcaldes electos en ejercicio de sus cargos, entre los que se cuentan Antonio Ledezma, Alfredo Ramos y David Smolansky.
¿Una nueva etapa represiva?
Pero hasta ahora, pese a todos los abusos que se cometen en las cárceles destinadas a los presos políticos, nunca un dirigente político opositor había muerto en manos de los funcionarios de la policía política dentro de las instalaciones oficiales.
Un aspecto políticamente siniestro de este asunto es que Fernando Albán fue secuestrado (detenido sin orden judicial) por los funcionarios de la policía política con la intención de que vinculara a Julio Borges, de quien era un colaborador político cercano, con el supuesto plan de magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro en agosto pasado. La misma razón por la cual el diputado Juan Requesens fue detenido y se le mantiene aislado e incomunicado.
Pero resulta que dentro de la oposición venezolana Borges ha sido desde 2006 uno de los partidarios más firmes de la participación electoral. Su agenda política ha sido lo más distante de alguna acción violenta, y no obstante Maduro y Diosdado Cabello lo han señalado desde el frustrado intento de negociación en República Dominicana como el enemigo mortal por su determinación de no avalar el proceso electoral del pasado 20 de mayo.
La pregunta que hoy muchos dirigentes y activistas políticos opositores se hacen en Venezuela es si la muerte de Fernando Albán fue una consecuencia no deseada, producto de las torturas que ahora el régimen trata de encubrir, o es un mensaje. El anuncio de una nueva etapa represiva (Leer más: Cronología del ‘suicidio’ que indigna a Venezuela y al resto del mundo).
En este sector nadie da por cierta la versión oficial (que en menos de 48 horas cambió tres veces). Esto tendrá consecuencias dentro de la oposición, como por ejemplo las posibilidades de entablar alguno tipo de diálogo o negociación con el Gobierno. De entrada, el lamentable suceso transtornó el propósito de la visita del senador estadounidense Bob Corker a Venezuela.
Un nuevo puente ha sido roto en el país. La posibilidad de entendimiento entre los que controlan el poder y el inmenso y diverso país que se le opone se ha puesto más lejos. Del lado de los ilegalizados partidos opositores sólo se espera lo peor.
