Ysrrael Camero (ALN).- España y Estados Unidos fueron clave en la coalición internacional que ha apoyado a las fuerzas democráticas para enfrentar la deriva autoritaria de Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de los esfuerzos de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, el régimen autoritario parece consolidarse, mientras la oposición se muestra debilitada y arrinconada. Esta deriva interpela a los responsables de la política exterior: ¿Cuál es la línea más efectiva para impulsar la democracia en Venezuela?
Cuando las fuerzas democráticas ganaron las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, Nicolás Maduro decidió bloquear el funcionamiento de un Parlamento donde la oposición tenía mayoría calificada. El bloqueo al referéndum revocatorio, en octubre de 2016, clausuró una vía constitucional de resolución del conflicto.
Enfrentando masivas movilizaciones, en 2017, Nicolás Maduro tomó una vía inconstitucional para anular al Legislativo, convocando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin referéndum previo, con procedimientos que vulneraban la Constitución, la democracia y la tradición republicana. Esta decisión inició una disputa por la legitimidad del poder que arrastramos hasta hoy.
La comunidad internacional democrática prestó atención al deslizamiento autoritario. Tras la imposición de la ANC en 2017 se inició la conformación de una coalición internacional contra la autocratización. La Asamblea Nacional (AN) venezolana desconoció la Constituyente, decisión seguida por muchos países, incluyendo a Estados Unidos y España.
En paralelo, se incrementaron las sanciones contra funcionarios concretos de Maduro, buscando dividir al bloque de poder, al tiempo que se impulsaba una negociaciónen República Dominicana, para impedir el cierre autoritario y garantizar la realización de unas elecciones libres.
Tras hacer fracasar la negociación, Maduro convocó, a través de su Constituyente, unas presidenciales no competitivas, que no fueron reconocidas por la AN ni por la comunidad internacional democrática. Josep Borrell, siendo ministro de Asuntos Exteriores, ratificó que el gobierno español no reconocía este proceso.
La presión se incrementó en 2019. El reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó fue unificando a la comunidad democrática internacional. En España el gobierno de Pedro Sánchez reconoció a Guaidó. El resto de la Unión Europea (UE) siguió la pauta. Por su parte, la administración de Donald Trump encabezó la política en el hemisferio americano.
Muchos esperaban que la disputa entre Maduro y Guaidó se resolvería en meses. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones y de la presión externa, los fracasos en el ingreso de la ayuda humanitaria por Cúcuta en febrero de 2019 y del levantamiento del 30 de abril del mismo año dilataron el proceso.
Maduro logró reacomodarse y metabolizar, tanto la presión diplomática como las sanciones. Las infructuosas negociaciones de Oslo y Barbados no pudieron evitar que el régimen siguiera cerrándose, ilegalizando y secuestrando partidos, sometiendo a presidio a los disidentes, avanzando hacia unas elecciones no democráticas, con una oposición maniatada e intervenida. Con este escenario, en medio de la emergencia humanitaria más profunda y extendida de la historia contemporánea de Venezuela, y con cinco millones de venezolanos emigrados, llegó la pandemia global.
La posible convergencia de 2021
El gobierno español ha acompañado a la oposición democrática venezolana. Desconoció la ANC en 2017 y las presidenciales de 2018. Reconoció a Guaidó en 2019, ratificando dicho reconocimiento en 2020. Su consistencia ha sido clave para el apoyo que las instituciones europeas han brindado a la causa de la democracia venezolana.
A pesar de que el tema venezolano ha sido usado, en repetidas ocasiones, como arma arrojadiza en la política española, fundamentalmente para azuzar discordias entre el PSOE y Unidas Podemos, el gobierno español protegió a Leopoldo López en Caracas, Pedro Sánchez lo recibió en la sede del PSOE, y ha mantenido relaciones con los representantes de los partidos venezolanos que se encuentran en España.
Pero las perspectivas para 2021 son negativas. En Venezuela se cierra un ciclo político con unas “elecciones” realizadas sin las condiciones mínimas para ser consideradas democráticas, no reconocidas por la AN venezolana ni por la comunidad democrática internacional. Tanto Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores española, como Josep Borrell, alto representante de la UE en Asuntos Exteriores, han ratificado que España y Europa desconocen estos comicios.
El dominio de Maduro sobre el Estado, el poder fáctico, el debilitamiento, fragmentación y descoordinación interna de la oposición, así como la desarticulación y desmovilización social, no generan un escenario propicio para una negociación a corto plazo. Sin una normalización que permita a la sociedad adquirir un mínimo de capital social, la población no tendrá capacidad para organizarse, movilizarse, y retar al poder.
La pandemia tiene un importante impacto geopolítico. El golpe económico podría derivar en mayor conflictividad social, lo que hará que los gobiernos privilegien su política interna frente a la exterior. En España el retroceso económico, la administración de los fondos europeos y el tema migratorio generarán mayor atención pública que Venezuela.
El otro elemento que cambia el escenario es el retorno de Estados Unidos a la política multilateral, con la presidencia de Joe Biden, quien cuenta con una dilatada experiencia en política exterior, buenas relaciones con sus aliados europeos y una vocación dialógica, dentro y fuera de Estados Unidos.
La política de EEUU hacia Venezuela seguirá siendo bipartidista, pero ahora podrá ser mejor coordinada con la UE. Allí se abre un posible puente entre Madrid y Washington para definir una estrategia convergente. Europa ha insistido en privilegiar la atención a la emergencia humanitaria y la apertura de canales de negociación con todas las partes, que conduzcan a elecciones verdaderamente democráticas, competitivas, libres y abiertas, que desbloqueen la crisis pacíficamente. Parece probable que los americanos se acerquen a esta posición europea, coordinando los esfuerzos multilaterales del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto.
A corto plazo se dedicará más esfuerzo a atender la emergencia humanitaria que a impulsar un cambio político, lo que podría replantear el rol de las sanciones. Estas no son un fin en sí mismo, sino acciones tácticas realizadas dentro de una estrategia, generalmente para dividir al bloque de poder entre moderados y radicales, haciendo posible una negociación democratizadora.
Desde 2019 pudo haberse perdido esta lógica, contribuyendo, primero a unificar a la élite en el poder, y segundo, a dificultar el acceso a recursos para quienes podrían oponerse al régimen. El intercambio de sanciones por liberalización política podría estar en agenda.
El impulso democratizador en Venezuela requiere una oposición coordinada internamente, que sea interlocutor ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional. La fragmentación y las disputas por el liderazgo interno impulsan una retracción del compromiso de los actores internacionales, al no percibir claridad.
Por ende, para que la política exterior española de promoción de la democracia en Venezuela sea efectiva, es necesario preservar el reconocimiento a una dirección política legítima en la oposición. Hasta el momento, el liderazgo nucleado alrededor de Guaidó y de los partidos democráticos, sigue siendo la mejor alternativa. Mantener este reconocimiento se convierte en una necesidad de política.
En medio de una crisis global, lo más probable es que la presión diplomática converja alrededor de una democratización pactada internamente, que pase por la normalización de la vida social, con un proceso de liberalización y apertura políticas, que se exprese en una sucesión de procesos electorales competitivos, libres y abiertos, con observación internacional. Los plazos no serán cortos, y los tiempos estarán marcados por la dinámica de las fuerzas internas más que por la presión externa.
Porque es importante recordar que la presión internacional no sustituye a la política interna, puede generar incentivos, inhibir conductas autoritarias, aumentar el costo de la represión, pero no reemplaza la coordinación política y la movilización que, generada dentro del país, puede crear un escenario para una democratización. En 2021 se inicia otro ciclo político.
