Rogelio Núñez (ALN).- Alberto Fernández asumirá el 10 de diciembre como presidente de Argentina lastrado por una compleja situación económica. Con el país endeudado, en medio de una espiral inflacionaria, altos déficits, elevación del tipo de cambio y decrecimiento del PIB. Ante este panorama, el proyecto de Fernández tendría unos objetivos inmediatos y otros a medio plazo.
Alberto Fernández recibirá una Argentina sumida en una de las peores crisis económicas y sociales desde 1983, cuando tuvo lugar la recuperación de la democracia (el FMI estima que el país terminará 2019 con un crecimiento negativo del -3,1%). La pobreza ha llegado ya al 40% de la población, la inflación ronda el 60% (en 2018, los precios subieron un 47,65% y en lo que va de este año ya acumulan un alza del 37,7%) y la deuda pública creció más del 50% entre diciembre de 2015 y junio de 2019: superó los 334.000 millones de dólares al incrementarse del 53% del Producto Interno Bruto en 2015, al 81% del PIB actual.
El repunte inflacionario de este mes –en torno al 4%- es parte de la herencia de Mauricio Macri, que cerrará 2019 con una inflación de 55%, y un promedio del 40% anual de su Administración. Esa herencia fiscal que recibirá el nuevo gobierno lo deja casi sin márgenes de maniobra, ya que el déficit financiero (los intereses de la deuda) cuadruplica el déficit primario (recaudación frente a gastos). Por último, el dólar ha pasado de costar 9,75 pesos cuando Macri asumió, a rondar, en estos momentos, los 60, aunque ha llegado a cotizar a 65 pesos.
Lucas Gardiner, director de la firma Portfolio Personal Inversiones, señala a este respecto que “reservas en baja, financiación cerrada y pagos de deuda por más de 25.300 millones de dólares (entre capital e intereses) en los próximos seis meses dejan clara la necesidad de una reestructuración de deuda más temprano que tarde”.
El proyecto de Alberto Fernández
Ante este panorama, el proyecto de Fernández tendría unos objetivos inmediatos y otros a medio plazo.
El inmediato es calmar las turbulencias y disminuir la incertidumbre por medio de una renegociación con el FMI para el pago de la deuda y un acuerdo con empresarios y sindicatos para establecer la subida de salarios y precios a fin de controlar la inflación. “Significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación”, ha dicho Fernández.
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De lograr esto, el nuevo presidente ganaría tiempo y margen de acción para acometer nuevas reformas de carácter más estructural. Como apunta Santiago Fioriti en Clarín, “a Fernández, que ya se dijo que reniega del marketing, lo atrae un número: los primeros 100 días de gestión. Cree que habrá que lanzar medidas para paliar el malhumor social y para demostrar que otro gobierno, más sensible, está en marcha. Otra vez: lo maneja con tanta reserva como sus nombres para el Gabinete. “Se trata de un paquete de buenas noticias. Trabajamos todos los días en eso”, confirman en su entorno”.
1-. La renegociación de la deuda
El gobierno de Alberto Fernández necesita una negociación relativamente rápida de la deuda pública con el FMI y los acreedores privados a fin de despejar de incógnitas en el frente externo (mercados y organismos internacionales). El nuevo presidente aspira a que con Argentina se repitan renegociaciones exitosas de otros países que evitaron caer en default (Uruguay y Portugal), lo cual incluyó, en todos estos casos, superávit primario durante varios años gracias a un ajuste fiscal creíble en el medio plazo, con amplio consenso político interno y apoyo del FMI. En ningún caso, entre en los planes del futuro mandatario, se encuentra repetir la pesadilla de la cesación de pagos ni caer en un nuevo y costosísimo default.
De todas maneras, persiste la duda de que si estas primeras medidas tienen éxito, el nuevo gobierno preferiría eludir el costo social que suponen posteriores ajustes.
Néstor O. Scibona en La Nación apunta que “por ahora, analistas y empresarios desconocen si el equipo técnico de Alberto F. está trabajando en un programa de este tipo, con rebalanceo de gasto público, impuestos, tarifas, subsidios y emisión monetaria, que, además, evite un retroceso del tipo de cambio real. No pocos se preocupan de que el acuerdo social con empresarios y gremialistas, destinado a contener precios y recuperar salarios, pueda ser un sustituto de ese plan para ganar tiempo, en vez de un complemento que permita alinear expectativas”.
Por el momento, el futuro presidente se ha anotado un gran éxito: ha conseguido el respaldo de la Administración Trump (muy vinculada a Macri y aparentemente recelosa del regreso del kirchnerismo). Sin embargo, la llamada del presidente estadounidense a Alberto Fernández ha despejado muchas dudas al confirmar que las relaciones entre el FMI y el nuevo gobierno serán fluidas gracias a las gestiones del mandatario de EEUU: “Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión (…) He instruido al FMI para trabajar con usted. Usted va a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo. No dude en llamarme”.
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Este inesperado acercamiento se debe a que Argentina necesita volver a acceder al financiamiento externo a fin de evitar un ajuste mayor, y Estados Unidos y el FMI quieren que respete sus compromisos y no se convierta en otra nube negra en un contexto internacional volátil. Rafael Masthus en La Nación apunta que “la señal amistosa de Trump al hablar con Fernández puede ser leída como un intento de Estados Unidos de forjar un aliado, y evitar que un primer contacto duro o confrontativo alimente a un adversario”.
2-. Acuerdo social de precios y salarios
La otra pata del plan Fernández, en el corto plazo, es acordar con sindicatos y empresarios el control de precios y salarios para contener la inflación que en un año ha pasado de más del 40% a más del 60%, cuando en 2015 se preveía que para 2019 rondara sólo el 10%.
El acuerdo social de precios y salarios fue una de las propuestas estrella por el candidato del Frente de Todos: “Significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación”. En el debate presidencial, Fernández dio más detalles cuando adelantó que propondrá una política de consensos, “que nos sentemos en una mesa industriales, el campo, los que trabajan y el Estado y entre todos diseñemos qué país queremos construir”.
Una vaca muerta que da vida
El futuro gobierno ya prepara un conjunto de medidas para avanzar en los primeros meses. La mayoría de las iniciativas son de carácter económico y van vinculadas a dos puntos (“poner en marcha la economía” y “generar dólares”). En ese sentido, los hombres de Fernández trabajan en una ley para promover nuevas inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
En este contexto una de las grandes apuestas de Alberto Fernández es Vaca Muerta, una formación geológica situada en la cuenca neuquina, en cuatro provincias (las de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza) que tiene la capacidad para que Argentina se convierta en una potencia exportadora de gas ya que en Vaca Muerta hay energía suficiente para los próximos 100 años. Si se alcanza todo el potencial de Vaca Muerta se podría llegar a exportar unos 20.000 millones de dólares anuales en petróleo y gas, y además sustituir unos 10.000 millones de dólares en importaciones de energía.
Por esa razón, el presidente electo está decidido a potenciar el desarrollo de Vaca Muerta como herramienta para salir de la actual crisis. Martín Rodríguez Yebra recuerda en La Nación que “el pacto económico y social que sigue negociando con sindicalistas y empresarios podría darle algunos meses para ofrecer dosis de alivio y estabilidad mientras tantea las aguas que navega. Siempre que consiga limar las desconfianzas que la idea empieza a generar entre los industriales. Prepara leyes para aliviar a las pymes y cambios impositivos que no alcanzan a calificar de ‘reforma fiscal’. Las salidas al laberinto son todas traumáticas. No puede endeudarse. Recurrir a la emisión -y no parece tener más remedio que hacerlo- lo expone al peligro de profundizar la fiebre inflacionaria. La supersoja es un recuerdo en sepia. No quedan joyas por vender. Y Vaca Muerta -ese sueño de salvación- está paralizada a la espera de reglas claras y un horizonte económico razonable para la inversión”.
La idea es poner en marcha un proyecto de ley para promover nuevas inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. El objetivo es acelerar el ingreso de inversiones por 28.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. El proyecto será uno de los primeros que discutirá el Congreso después del cambio legislativo del 10 de diciembre.
Vaca Muerta es la bala de plata del futuro gobierno porque considera que es capaz de cambiar el complejo tablero económico argentino en varios niveles.
Primero, se trata de una carta con la que jugar cuando el nuevo gobierno deba negociar con el FMI los términos del pago de la deuda.
Y segundo, porque Vaca Muerta se transforma en un imán para atraer inversiones extranjeras. De hecho, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (hombre cercano a Alberto Fernández), llegó a Buenos Aires con un plan para detener la caída de inversiones que se registra desde agosto del año pasado en el yacimiento más importante del país por el congelamiento del precio de los combustibles dispuesto por el gobierno y las restricciones para el movimiento de divisas. El proyecto del Frente de Todos y del gobierno neuquino incluye la liberación del precio del barril y el diseño de un mecanismo para evitar que los cambios en la cotización se trasladen a los precios.
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De hecho, La Nación señala que “el desarrollo de Vaca Muerta está en el centro de los planes de Fernández. Consciente de que la Argentina necesita producir dólares, apostará a la puesta en marcha de un plan de desarrollo productivo con eje en el yacimiento situado en Neuquén. En el equipo del presidente electo consideran que es un sector que en unos años puede llegar a dar hasta 40.000 millones de dólares de exportaciones adicionales al año, lo que modificaría sustancialmente la ecuación externa. Destacan, además, que es una actividad que demanda una gran cantidad de proveedores, por lo que, según calculan, puede generar unos 500.000 nuevos puestos de trabajo”.
