(EFE).- La retirada de la inmunidad parlamentaria al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont allana el recorrido hacia su extradición, si bien cualquier procedimiento judicial queda todavía condicionado a la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) revocó este viernes la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio de concederles temporalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de su partido, JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, hasta que resolviera sobre el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo de España.
Los tres abandonaron España tras el intento secesionista en Cataluña en octubre de 2017 y se refugiaron en Bélgica, país en el que continúan viviendo desde entonces, a excepción de Ponsatí que se trasladó poco después a Escocia donde da clases en la universidad.
SE PUEDEN REACTIVAR ÓRDENES EN SU CONTRA
La decisión del TGUE no supone que pierdan su condición de eurodiputados ni que sean extraditados automáticamente, sino únicamente que se puedan reactivar las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron su escaño como eurodiputados.
Pero antes falta resolver un último escollo judicial, que no es otro que la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por Llarena para decidir, precisamente, si mantiene o retira la orden europea de detención de los tres procesados en España por el intento secesionista en Cataluña de 2017 que huyeron a Bélgica.
Dicho de otro modo, la retirada de la inmunidad para actuar contra Puigdemont y sus dos exconsejeros no permite retomar la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí) de manera automática, en tanto en cuanto el TJUE no se pronuncie sobre la ejecución de la euroorden.
ACUDEN A LA JUSTICIA EUROPEA
Llarena acudió a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconsejero del Gobierno regional catalán Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Tribunal Supremo de España sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Un escenario que, de no haber consultado previamente al tribunal europeo, podría haberse planteado con Puigdemont y sus exconsejeros, ya que hasta la fecha los tribunales belgas y escoceses no han sido proclives a los intereses españoles en ninguna de su decisiones.
Llarena pidió al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación y con la respuesta decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, Comín, Ponsatí y la secretaria general de la formación independentista catalana Esquerra Republicana Marta Rovira, procesados en España en rebeldía por los delitos de sedición, malversación o desobediencia.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
De hecho, la sentencia de hoy se hace eco de esto y recuerda que hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, las euroordenes dictadas contra los eurodiputados se han suspendido.
«Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas», destaca la resolución.
Pero eso llevará tiempo, dado que el TJUE acordó tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario y no acelerado como había solicitado el juez del Tribunal Supremo español.
