Pedro Benítez (ALN).- La vicepresidenta y auténtica líder de la coalición gobernante en Argentina, Cristina Kirchner, le ha declarado la guerra abierta a la Corte Suprema de Justicia de su país. Sus motivos son clarísimos, detener los 10 procesos judiciales que todavía siguen abiertos en contra de ella, su familia y sus colaboradores. Asegurarse la impunidad personal. A su favor cuenta con el apoyo que tiene entre sus seguidores, el Congreso y la historia. Varias veces el poder político le ha puesto la mano a la Corte Suprema a lo largo de los últimos 70 años. No obstante, el Poder Judicial sigue desafiando sus designios. Un momento clave se acerca para Argentina.
El pasado 9 de diciembre, un día antes de cumplirse un año del inicio del gobierno de Alberto Fernández en Argentina, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta en sus redes sociales atacando abiertamente a la Corte Suprema de Justicia de su país. A juzgar por sus palabras la guerra que le ha declarado a ese poder público es total y sin tregua.
Con ello mantiene una tradición que ha marcado la inestabilidad institucional argentina desde hace décadas. Cristina Kirchner, auténtica líder de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, pretende seguir los pasos de Juan Domingo Perón, Carlos Menem, Néstor Kirchner y de cada gobierno militar: tener una Corte Suprema que le sea afecta. Pero no desde la presidencia (a ella le tocó gobernar con la designada por su marido) sino ejerciendo el poder detrás del trono.
La vicepresidenta acusa a la Corte de ser parte de la “articulación mediática-judicial” que se dedicó a perseguir opositores, es decir, a ella y a sus colaboradores, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019); persecución que, en sus palabras, ha continuado.
Dos de los cinco miembros de la actual Corte Suprema fueron designados por Néstor Kirchner, uno por el expresidente peronista Eduardo Duhalde y los otros dos durante la presidencia de Macri.
En su misiva la señora Kirchner no sólo cuestiona las acciones del alto tribunal, además pone en duda el origen mismo de su legitimidad y la naturaleza de su papel como salvaguarda ante los otros dos poderes:
“De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.
En la Constitución argentina, como en todas las Constituciones de las sociedades democráticas del mundo, el Poder Judicial existe precisamente para eso. Como abogada de profesión la vicepresidenta lo debería saber. Pero por supuesto ese alto principio no figura entre sus prioridades personales.
Cristina Kirchner pensó que la victoria de su coalición el 27 de octubre de 2019 sería suficiente para detener los procesos judiciales en su contra, incluyendo el que investiga el pacto con Irán que hace cinco años llevaba el fiscal Alberto Nisman. Pero no ha sido así. Por el contrario, la decisión de la máxima instancia judicial argentina de ratificar la condena de cinco años y 10 meses de prisión por corrupción contra su exvicepresidente Amado Boudou ha sido un mensaje clarísimo de determinación por parte de sus magistrados.
Hace un año (3 de diciembre 2019), siendo vicepresidenta electa, Kirchner hizo uso de sus conocidas habilidades histriónicas al desafiar a jueces y fiscales del Tribunal Oral Federal 2. En ese juzgado tiene un caso abierto por asociación ilícita y fraude en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
En esa ocasión se negó de manera desafiante a responder a las preguntas. Por el contrario, hizo un largo monólogo donde acusó al tribunal de “lawfare” (guerra jurídica con fines políticos), a los fiscales de “corsarios judiciales”, y cerró parafraseando a Fidel Castro: “La historia me absolvió. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”.
Evidentemente la expresidenta se consideró absuelta por el voto popular que recibió su coalición en 2019. Eso era suficiente para detener los juicios en su contra. El detalle que ella y sus más acérrimos defensores pasan por alto cuidadosamente es que si su nombre hubiera figurado en la boleta presidencial esa elección con toda probabilidad la hubiera perdido. Esa fue la razón por la cual se reconcilió e hizo candidato presidencial a Alberto Fernández.
Él sería presidente a cambio de conseguirle inmunidad a ella. Pero las cosas no han salido hasta ahora como habían planeado. El Poder Judicial argentino está demostrando una sorprendente resistencia a la presión del poder político. Tal vez siguiendo el ejemplo de vecinos como Brasil o Perú.
Qué se juega
Es muy posible que este tira y afloja entre el poder político kirchnerista y la justicia argentina sea uno de los momentos cruciales en la historia reciente de esa nación.
La exdiputada y excandidata presidencial Elisa Carrió, acérrima oponente de Kirchner, ha captado la gravedad de esta ofensiva en contra de la Corte. Si la vicepresidenta se sale con la suya ningún crítico estará fuera de su alcance. La impunidad invadirá todo el país y la última garantía de protección constitucional se perderá.
Ante la falta de reacción contundente de otros referentes opositores, Carrió ha acusado a la vicepresidenta de golpista y advierte que presentará el pedido de juicio político en su contra.
La independencia del Poder Judicial es más importante que la independencia del Banco Central, la disciplina fiscal o la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La garantía de estabilidad a largo plazo de un país es su justicia. Pero eso no es gratis. Una pelea política y de opinión pública de grandes proporciones se podría está avecinando en Argentina en las primeras semanas del próximo año con Alberto Fernández en medio de la tormenta.
