Pedro Benítez (ALN).- Hace pocas horas tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmaron la condena de seis años de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el Tribunal Oral le había dictado en diciembre de 2022 por el denominado caso Vialidad.
En las 1541 páginas de la sentencia se le considera como responsable principal y jefa de una asociación ilícita que otorgó licitaciones de manera discrecional, dando órdenes, disponiendo de traslados, organizando reuniones, solicitando información, tomando decisiones claves para el funcionamiento de esa organización y creando así un marco legal que favoreció la corrupción.
Además, se le señala de participar en el “plan limpiar todo” y beneficiarse económicamente de la maniobra en perjuicio de la Administración Pública Nacional en al menos de 84.000 millones de pesos.
Los hechos juzgados remiten a la tramitación de 51 licitaciones de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Es decir, bajo los mandatos presidenciales de su marido y de ella.
En esos años la provincia de Santa Cruz (de la cual Néstor Kirchner había sido gobernador) fue la más beneficiada por la obra pública vial nacional y el 80% de las mismas se otorgaron a las empresas constructoras de Lázaro Báez, que ganaron todas las licitaciones. La mayoría de las mismas no se terminaron.
En esa época se efectuó la maniobra fraudulenta por medio de la empresa Austral Construcciones, principal beneficiaria, adjudicando de manera irregular la mayoría de los contratos viales santacruceños (el 82%). La ex presidenta autorizó a su secretario de Obras Públicas, José López, hacer uso de los fondos respectivos de manera discrecional.
Tiempo para apelar
El fallo también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión) del ex secretario de Obras Públicas, José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), y de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Otros implicados fueron absueltos.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la ex presidenta no pise una prisión. La sentencia puede ser apelada ante la Corte Suprema, la última instancia que intervendrá en el caso y en cuyas manos quedará su destino.
Ella y sus abogados disponen de 10 días para ejercer la apelación, pero la Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos para resolver. Si ratifica la condena ésta quedará firme y en condiciones de ejecutarse; si no resuelve en el transcurso de los próximos meses la señora Kirchner podría ser candidata en las elecciones del año que viene.
Podría no ir a prisión
Además, la ley establece que a partir de los 70 años una persona puede pedir por cuestiones de edad la prisión domiciliaria. Ella cumplirá 72 años en febrero próximo.
No obstante, esta historia no termina aquí. El anterior es solo uno de los cuatro juicios que tiene abiertos.
Hace cinco años estaba involucrada en ocho expedientes por corrupción elevados a juicio oral, dos procesamientos en instrucción y cinco pedidos de prisiones preventivas.
Como no podía ser de otra manera, la ex mandataria ha hecho de este juicio (así como de los otros) una causa para la agitación, declarándose víctima de una persecución política por parte del Poder Judicial de su país.
“Me castigan por ser mujer”, ha sido una de sus primeras reacciones ante este revés. Sin embargo, olvida, convenientemente, que esa misma justicia ha desestimado otro caso en el que se le acusaba de fraude a través del mercado de venta de dólares a futuro.
Fuerza política considerable
También fue sobreseída de la causa que la señalaba por conspirar con Irán para encubrir la presunta participación de ese país en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita en Buenos Aires en 1994; caso que en su momento llevó el malogrado fiscal Alberto Nisman.
Asimismo, en otra decisión de dos votos contra uno, los jueces del Tribunal Oral Federal 5 decidieron descartar las llamadas causas Hotesur y Los Sauces, que vinculan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia.
Con un apoyo público de alrededor del 30% de los argentinos, Cristina Kirchner sigue contando con una fuerza política considerable, aunque venida a menos en comparación con otras épocas. A lo largo de los últimos años hizo uso de ese poder en un intento de transformar sus problemas judiciales en un conflicto político, con ella en el centro del escenario.
El 9 de diciembre de 2020, un día antes de cumplirse un año del inicio del gobierno de Alberto Fernández, en su condición de vicepresidenta de la nación y auténtica líder de la coalición que llevó a aquel a la Presidencia, publicó una extensa carta en sus redes sociales atacando abiertamente a la Corte Suprema de Justicia. A juzgar por sus palabras le declaraba la guerra total y sin tregua a ese poder público.
Un detalle que pasó por alto
Acusó a la Corte de ser parte de la “articulación mediática-judicial” que se dedicó a perseguir opositores, es decir, a ella y a sus colaboradores, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019); persecución que, en sus palabras, habría continuado.
En su misiva la señora Kirchner cuestionó las acciones del alto tribunal, e incluso la legitimidad y naturaleza de su papel como salvaguarda ante los otros dos poderes: “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, afirmó.
Por supuesto, pasaba por alto un detalle, dos de los cinco miembros de esa Corte Suprema fueron designados por Néstor Kirchner, uno por el expresidente peronista Eduardo Duhalde y los otros dos durante la presidencia de Macri.
Cristina Fernández denunció “lawfare”
No obstante, si ella pensó que la victoria de su coalición aquel 27 de octubre de 2019 sería suficiente para detener los procesos judiciales en su contra, se equivocó. Poco después, la máxima instancia judicial argentina, al ratificar la condena de cinco años y diez meses de prisión por corrupción contra su ex vicepresidente Amado Boudou, envió un mensaje clarísimo de determinación. Ahora la historia se repite con ella.
Pocas semanas después de aquel triunfo, siendo vicepresidenta electa, hizo uso de sus conocidas habilidades histriónicas al desafiar a jueces y fiscales del Tribunal Oral Federal 2, precisamente por este caso de asociación ilícita y fraude en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en el que ahora se le condena.
En esa ocasión se negó de manera desafiante a responder a las preguntas, efectuó un largo monólogo donde acusó al tribunal de “lawfare” (guerra jurídica con fines políticos), a los fiscales de “corsarios judiciales”, y cerró parafraseando a Fidel Castro: “La historia me absolvió. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”.
Resistencia al poder político
Evidentemente ella se consideró absuelta por el voto popular que recibió su coalición en 2019. Eso era suficiente para detener los juicios en su contra. Esa fue la razón por la cual se reconcilió e hizo candidato presidencial a Alberto Fernández.
Él sería presidente a cambio de conseguirle inmunidad a ella. Pero las cosas no se han dado como habían planeado. El Poder Judicial argentino ha demostrado una sorprendente resistencia a la presión del poder político.
Es bastante probable que este tira y afloja entre el kirchnerismo y la justicia argentina sea uno de los momentos cruciales en la historia reciente de esa nación.
Si Cristina Kirchner, se hubiera salido con la suya, ninguno de sus críticos estaría hoy fuera de su alcance, la impunidad reinaría en todo el país y la última garantía de protección constitucional se hubiese diluido.
Síguenos en nuestro canal de Telegram aquí
