Pedro Benítez (ALN).- En el gobierno de Gustavo Petro todo lo que podía salir está saliendo mal. En la manifestación que este miércoles en la tarde convocó en respaldo a su gobierno en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente colombiano afirmó: “Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo”. Sin embargo, es muy probable que no tenga que verse en el espejo del malogrado ex mandatario peruano, sino, más bien, en uno de sus antecesores: Ernesto Samper Pizano.
Los inicios de su Presidencia hace diez meses fueron, en cierto sentido, bastante auspiciosos. Petro desechó la oferta (o amenaza) formulada en la campaña de 2018 que perdió frente a Iván Duque de convocar una Constituyente en caso de ganar, y en cambio, ya como presidente, armó una amplia alianza en el Congreso que incluyó a su grupo, el Pacto Histórico, a las bancadas de los centenarios partidos Conservador y Liberal, así como al partido de la “la U”, del ex presidente Juan Manuel Santos.
Esa potente coalición parlamentaria prometía facilitar la aprobación de su ambiciosa agenda de reformas. En plena luna miel hasta se permitió sumar el apoyo de un viejo adversario, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, para elegir, con los votos del Centro de Democrático, a su candidato a Contralor General de la República.
Impulso
Pero el cielo empezó a encapotarse cuando su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que no se aprobarían nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, entrando en abierta contradicción con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. La intranquilidad de los inversionistas de ese sector, la creciente dependencia en los últimos años del presupuesto público colombiano de los aportes fiscales generados por las exportaciones de hidrocarburos, así como un contexto económico mundial adverso hicieron el resto; mientras la cotización del dólar subía, comenzaba a descender la popularidad presidencial.
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No obstante, todavía tuvo suficiente impulso para que las dos cámaras del Congreso aprobaran su proyecto de reforma tributaria. Pero desde que se inició este año ha sido, parafraseando a Carlos Gardel, cuesta abajo en la rodada. Su plan de “paz total” en el que ha buscado negociar con el ELN, las disidencias de las Farc y El Clan del Golfo reducciones de penas a cambio de la desmovilización y contribución judicial, ha sido respondido con más atentados, mientras las acciones criminales y los asesinatos de líderes sociales no se han detenido. El ELN se dio el lujo de negar en enero que existiera un acuerdo de cese el fuego tal como lo había asegurado el propio presidente.
Petro y sus relaciones con Maduro
Si éste pensó que su sola llegada al poder sería suficiente para detener la violencia pues obviamente se equivocó. Ahora no tiene a quien acusar de la misma pues él es el jefe del Ejército y de la Policía.
En ese tema, por cierto, tampoco han rendido frutos sus esfuerzos por normalizar las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pese al costo que en términos de opinión pública ha tenido que pagar puertas adentro.
Además, la adquisición de electrodomésticos de lujo, cobijas de plumas de gansos por un valor de varios millones de pesos para dotar la Casa Oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, así como la forma en que ella ha justificado el uso de un helicóptero para su traslado diario no han contribuido en nada en dar una imagen positiva del nuevo grupo gobernante. Tampoco el escándalo que protagonizan su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando; los dos se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía señalados desde el círculo familiar de haber recibido dineros de extraditados e investigados por narcotráfico en la pasada campaña presidencial.
Petro rompe coalición
Tal vez como respuesta a ese deterioro en su imagen es que Petro optó en febrero por quebrar la coalición parlamentaria a fin de presionar al Congreso desde la calle, ante los reparos que la oposición política ha presentado a su proyecto de reforma de la salud.
De paso, hace un mes perdió a su principal aliado, el presidente del Congreso Roy Barreras, cuando el Consejo de Estado decretó la nulidad de su elección como senador acusándolo de doble militancia partidista.
Y así estaban las cosas cuando ha saltado este nuevo escándalo, protagonizado por uno de sus hombres de confianza, ex jefe de campaña y ex embajador en Venezuela, el controversial Armando Benedetti.
En el audio filtrado que ocupa los titulares de noticias en y sobre Colombia, Benedetti le dice en tono de amenaza a Laura Sarabia, entonces Jefe de Despacho de Petro: “Lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave”.
Sobrevivir, no gobernar
Como los de más edad tal vez recuerden el ex presidente Samper pasó sus cuatro años en la Casa de Nariño (1994-1998) no gobernando, sino sobreviviendo acosado por el proceso 8.000, denominado así por un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali. Aquel fue, probablemente, el más sonoro de los culebrones políticos latinoamericanos de la última década del siglo pasado que empezó, precisamente, por la filtración de un audio en donde los jefes de cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, admitían a un periodista haber financiado parte de la campaña del candidato liberal en la elección presidencial que ganó en 1994.
La grabación fue divulgada por Andrés Pastrana, candidato conservador derrotado en aquella oportunidad, quien desde ese momento acusó a su rival, y ya presidente en ejercicio, de ilegítimo. La misma acusación que varios factores políticos comienzan a formular contra Petro hoy. Esa fue la primera vez que en Latinoamérica hubo evidencias, y no acusaciones al voleo, de financiamiento del narco en una elección nacional seguido de un proceso judicial.
El Fiscal General colombiano de la época, Alfonso Valdivieso, inició una investigación y acusó a Samper ante la Cámara de Representantes. En el camino cayeron varios de sus aliados señalados de haber recibido dineros ilícitos, incluidos miembros del Congreso, así como el tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, y el que había sido jefe de la misma y luego ministro de la Defensa, Fernando Botero. Los dos admitieron los hechos y los dos aseguraron que Samper estaba al tanto de todo; pero Botero fue el único que cumplió toda la pena de cárcel.
Resentimiento
Al parecer Medina, igual que Benedetti en esa ocasión, se sentía relegado pues Samper le habría ofrecido la embajada de Francia y al final se tuvo que conformar con el consulado en Grecia; ese escondido resentimiento lo llevó a cantarle toda la historia a la Fiscalía.
Acusado por sus propios colaboradores, con la prensa, la oposición y la Fiscalía encima, Samper se vio acorralado. El proceso 8.000 tuvo un efecto devastador en la imagen de Colombia cuando el gobierno de Estados Unidos la desertificó en su lucha contra el narcotráfico y despojó al propio mandatario de la visa para ingresar a ese país.
Sin embargo, Samper no se dio por vencido; se jugó la carta de victimización acusando a la derecha, a los medios y a Estados Unidos de conspirar para derribarlo. Lo mismo que empieza a hacer Petro ahora cuando apunta contra la revista Semana y afirma que le quieren dar un golpe blando.
Como se podrá apreciar a estas alturas del relato, las similitudes entre los gobiernos de Samper y de Petro comienzan a ser cada vez más llamativas. Otra semejanza entre ambos casos: el enfrentamiento entre Samper y el Fiscal Alfonso Valdivieso fue casi a muerte; mientras que desde hace meses las relaciones entre Petro y el titular de ese despacho, Francisco Barbosa, difícilmente pueden ser peores.
Respaldo de EEUU
Al final Samper salvó su Presidencia de manera casi increíble mientras Colombia se deterioraba en todos los órdenes. Un papel clave en su defensa lo desempeñó el ministro del Interior, Horacio Serpa, quien alegó que una cosa es que hubiera ingresado dinero del narco a la campaña y otra muy distinta que el primer mandatario lo supiera. En julio de 1996 la Cámara de Representantes decidió, por 111 votos a favor y 43 en contra, archivar los cargos y una comisión parlamentaria determinó que el presidente no era “ni culpable, ni inocente”.
Samper admitió en 1998 que el narcotráfico pagó su campaña electoral.
Con todos estos antecedentes es razonable colegir que las perspectivas de Petro para los próximos tres años sean las de repetir el mismo calvario.
No obstante, juegan a su favor varios factores. La actitud del gobierno de Estados Unidos es muy distinta a la que tuvo contra Samper. Obsérvese que a pocas horas de haber reventado el escandalo el Departamento de Estado se pronuncia dándole su respaldo: “seguimos construyendo sobre nuestra excelente asociación con Colombia bajo la administración de Petro y a través de un amplio conjunto de objetivos compartidos”.
Apego a la legalidad
Luego, está la propia historia de Colombia. Desde 1958 todos sus presidentes han cumplido de principio a fin los respectivos períodos constitucionales. Pese a todas sus dificultades ese es un país con un fuerte apego a la legalidad formal.
Lo que nos lleva a un tercer aspecto a considerar: el papel que cumple el club más exclusivo de Colombia, lo ex presidentes vivos. Unos más que otros siguen teniendo peso e influencia, y a pesar de sus peleas personales al final del día siempre apuestan por la estabilidad del sistema. De ellos, en particular Cesar Gaviria y Álvaro Uribe tienen mucho poder y mueven los hilos tras las bambalinas, y veces no de manera tan oculta. Ninguno de los dos tiene razones para buscar la interrupción de la Presidencia de Petro. Pueden obtener más réditos políticos ayudándolo a terminar su mandato pues saben que ya no tiene fuerza para cambiar las reglas del juego. Eso fue lo que precisamente hizo Gaviria en los años de Samper, época en la cual lo acusaron de ser el auténtico “eslabón perdido” que salvó ese gobierno.
Bien podría el astuto ex presidente y líder del Partido Liberal repetir la misma actuación de lo que puede terminar siendo un remake con distinto protagonista.
