Ernesto J. Tovar (Lima/ALN).- Episodios de violencia familiar y sexual, en su amplia mayoría contra mujeres, se registran sistemáticamente en la sociedad peruana. Han ocurrido más de 1.000 feminicidios desde 2009. Se apunta a la falta de educación e impunidad como los factores que causan el flagelo, según explica a ALnavío Marina Navarro, de Amnistía Internacional.
Eyvi Agreda, una mujer peruana de 22 años de edad, murió en un hospital en Lima tras varias semanas en cuidados intensivos por quemaduras de segundo y tercer grado que padeció en más de 60% de su cuerpo. Lo increíble de las heridas es que fueron provocadas por un ataque que sufrió a finales de abril de este año en un transporte colectivo por parte de Carlos Javier Hualpa Vacas, un hombre de 37 años que pretendía mantener una relación sentimental con la mujer, pero que era rechazado por ella, según la versión de la Policía Nacional del Perú.
“Si no eres para mí, no serás para nadie”, gritó Hualpa Vacas a Agreda -según testigos- tras rociarla con gasolina y prenderle fuego, en un ataque que además dejó seis heridos también por quemaduras.
La muerte de Agreda, con el nivel de ensañamiento mostrado, devela la intensidad y gravedad del problema de la violencia de género, en particular contra la mujer, que asola a la sociedad peruana.
Las últimas estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indican que entre enero y julio de 2018 se reportaron 72.550 casos de violencia familiar o sexual, y 85% de las víctimas fueron mujeres. La cifra representa casi 350 casos por cada día del año, y equivale a más del doble de los 33.324 casos contabilizados entre enero y julio de 2015.
El Ministerio de la Mujer indica que entre enero y julio de 2018 se reportaron 72.550 casos de violencia familiar o sexual
En el incremento se percibe tanto una mayor incidencia de sucesos como la consideración de que hay más conciencia de parte de las víctimas para denunciar ante los organismos competentes.
Al respecto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Capítulo Perú, Marina Navarro, explicó a ALnavío que “hay un aumento de la violencia en feminicidios, y también de víctimas que han sufrido violencia de todo tipo. Y, por otra parte, hay una mayor conciencia en la sociedad peruana con un buen número de denuncias que antes estaban ocultas. Ahora pensamos que está menos aceptado por la sociedad y se denuncia”.
El Ejecutivo peruano contabiliza 1.085 feminicidios desde 2009 hasta el 31 de julio de 2018. Los años punteros son 2009 y 2013, con 139 y 131 víctimas, respectivamente. Asimismo, se registran 1.492 tentativas de feminicidios (casos en los que las mujeres pudieron salvar la vida tras la agresión) en el mismo lapso.
Por su parte, los datos de la Fiscalía de la Nación apuntan a más de 1.100 feminicidios desde 2009, y dos tercios de los casos afectan a mujeres entre 18 y 34 años en el último lustro. En cuanto a las violaciones, en el mismo lapso hubo más de 63.000 casos (un promedio de 35 agresiones cada día), y 83% de las víctimas fueron menores de edad, según un reporte del diario El Comercio.
En lo correspondiente a los feminicidios en 2018, 59% de los agresores eran la pareja sentimental de la víctima, 13% eran la expareja, mientras que familiar y conocido significaron 5% y 6%, respectivamente. Englobando los datos, 83% de los feminicidios fueron perpetrados por personas allegadas a las víctimas.
Sociedad machista
Según Amnistía Internacional, en Perú siete de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia de género. Y la mayoría de estos delitos “quedan en absoluta impunidad”, en palabras de Navarro.
Resalta con preocupación que hay un serio problema educativo respecto a la gravedad de la violencia de género y su inadmisibilidad. “Hay un porcentaje de la sociedad que considera que el problema de la violencia contra las mujeres es que ellas se lo han buscado, y eso es totalmente inaceptable”.
“Estamos en una sociedad que tiene unos valores machistas y patriarcales muy extendidos”, dice Marina Navarro
Al no formarse a los ciudadanos en una conciencia de igualdad de género, tácitamente se incentiva la inferioridad de las mujeres, algo ilustrado de forma extrema en el caso de Agreda y su agresor, que la consideraba su propiedad.
“Estamos en una sociedad que tiene unos valores machistas y patriarcales muy extendidos que deben combatirse”, dice Navarro, alertando que ello debe reconocerse en las políticas públicas y en la educación, donde según afirma ha habido “serios retrocesos”.
“No se han tomado medidas para avanzar sino más bien restrictivas, que no ayudan en la lucha de género, como los cambios en el currículo escolar” (que eliminaron el enfoque de género). Esto, explica la directora de Amnistía Internacional, “constituye un retroceso en materia de derechos humanos de niñas, mujeres y de la población LGBTI porque sufren acoso por su orientación sexual y sufren rechazo en los colegios y en sus familias”.
Justicia en la mira
El escándalo de corrupción que sacude el Poder Judicial peruano, donde jueces supremos, magistrados y fiscales están envueltos en supuestas negociaciones de decisiones y nombramientos en favor de determinados grupos de poder, incluso abarcó la posible liberación de un acusado de violación a una niña de 11 años, mediante el pago de coimas en un tribunal.
Esta ausencia de administración de justicia afecta la incidencia de la violencia de género, en un entorno en que los agresores se sienten impunes.
Las estadísticas del Ministerio de la Mujer indican que entre enero y julio de 2018 ocurrieron 82 feminicidios, 15% más que en el mismo lapso de 2017. Y de esos 82 casos, en 50% (41 casos) el agresor está detenido sin sentencia, en 16% (13 casos) está prófugo, y en 10% (8 casos) el indiciado está libre o apenas en investigación.
Entre las causas del crecimiento de los números de violencia Marina Navarro menciona la situación con la justicia. “Hay un componente de acceso a la justicia, porque, aunque aumentó la denuncia, también hay personas que no quieren denunciar, por ejemplo, en la violencia sexual, y hay muchas que no lo hacen porque en el sistema judicial hay mucha impunidad”.
El acceso a la justicia es reconocido como un problema en la materia, y por eso el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció hace algunos días la creación de 10 fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, destinando para ello casi dos millones de dólares.
Comisión presidencial y movimientos sociales
La muerte de Eyvi Agreda desencadenó varias reacciones en la opinión pública peruana. El presidente Martín Vizcarra anunció una comisión de emergencia que presentaría un programa de varias medidas para luchar contra la violencia de género.
Y hace un mes, en el mensaje anual al Congreso, el mandatario mencionó los nombres de 13 víctimas de feminicidio, manifestando que “no podemos permanecer en silencio un minuto más ante la grave realidad de la violencia hacia las mujeres. Este no es un minuto de silencio, sino ¡un minuto para recordarlas y exigir justicia para ellas y sus familias!”.
“No podemos permanecer en silencio un minuto más ante la grave realidad de la violencia hacia las mujeres”, ha dicho Martín Vizcarra
En el discurso Vizcarra dijo que ya se han tomado medidas como mejorar la capacidad de atención en comisarías de policía, crear nuevas redes de protección vecinal para la violencia, duplicar los escuadrones policiales contra la violencia familiar, y fortalecer los servicios de atención a las víctimas.
Otro eslabón importante es el de los movimientos sociales y ciudadanos en pro de la igualdad de género. El movimiento NiUnaMenos ya ha realizado varias manifestaciones de calle y marchas por las calles de Lima, para exigir el cese de la violencia contra la mujer y la depuración de un sistema de justicia corrupto que protege a los agresores y no defiende a las víctimas.
La última convocatoria de este grupo contó incluso con la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social peruana, Liliana La Rosa, y tuvo el apoyo del presidente Vizcarra.
Marina Navarro subraya que los movimientos sociales “son imprescindibles para que haya cambios”. A su juicio, “esto es algo que tiene que hacerse, que los gobiernos actúen, que se asuman responsabilidades como campañas de sensibilización”.
La ONG asegura que ha enviado una comunicación a Vizcarra, para que “tome medidas urgentes, concretas y eficientes”.
Y en este punto son claves los roles que puedan jugar la ciudadanía y los medios de comunicación, indica Navarro, para dar a conocer la situación y sensibilizar a las personas.
“Debe haber una fuerte condena social hacia los agresores, en donde sientan que no pueden considerar a las mujeres como propiedad y que en ningún caso se puede justificar una agresión hacia alguna mujer”, explica.
Concluye alertando que casos como el de Agreda “son brutales y demuestran un machismo muy fuerte en el cual se considera a la mujer como propiedad”.
