María Rodríguez (ALN).- Con un 63% de ‘síes’ en la consulta popular, el gobierno de Lenín Moreno tiene vía libre para anular el actual Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador -con poder sobre nombramientos judiciales y encabezado por leales al expresidente Rafael Correa- y convocar otro transitorio. Para Torino Capital la lectura es clara: el uso de referendos populares para reemplazar cargos por personas más afines “elimina la separación de poderes”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que no se altere el Consejo actual.
Todas las preguntas planteadas en la consulta popular celebrada este domingo en Ecuador lograron el ‘sí’ con más del 60% de los apoyos. Entre ellas la polémica pregunta número tres, que buscaba reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una entidad estatal con poder sobre los nombramientos judiciales y encabezada por leales al expresidente Rafael Correa, según la define la unidad de Inteligencia de The Economist en el Índice de Democracia 2017.
Con el 63,08% de ‘síes’ -el porcentaje más bajo de apoyos de las siete preguntas planteadas- el gobierno de Lenín Moreno tiene ahora vía libre para enmendar la Constitución, anular el Consejo actual y convocar otro transitorio. Este asumirá las funciones hasta que se elija a los nuevos miembros del organismo a través del voto popular en unas elecciones que previsiblemente coincidirán con las regionales de febrero de 2019, según apunta la casa de análisis Torino Capital en su último informe sobre la actualidad política de Ecuador.
Los miembros del nuevo Consejo se elegirán a través del voto popular en las elecciones regionales de 2019
Para Torino Capital, los resultados del referéndum son positivos para el mercado, siempre que permitan a Moreno impulsar reformas económicas y ajustes fiscales. Ahora bien, “el uso de referendos populares para eliminar las cabezas de otras ramas del Gobierno y reemplazarlos por nuevos nombramientos que probablemente sean más favorables para el Gobierno actual, efectivamente elimina la separación de poderes que es el sello distintivo de las democracias occidentales modernas”, subraya el informe, elaborado por el economista jefe de la firma, Francisco Rodríguez.
Torino Capital sostiene igualmente que “al llevar una fuerte concentración de poder a manos del Ejecutivo, estas prácticas conducen a la creación de sistemas políticos donde el [candidato] vencedor toma el control de todo, lo que exacerba la polarización política y desencadena un mayor riesgo de conflicto político”.
Esta pregunta fue una de las que Correa criticó con mayor vehemencia. “Eso es apoderarse de toda la estructura del Estado. Esa pregunta (habla de) reemplazar al Consejo de Participación con delegados de Carondelet, será una sucursal de la Presidencia”, dijo para a renglón seguido acusar a Moreno de buscar “un presidencialismo absoluto”.
En una entrevista con el diario ALnavío previa a la celebración de la consulta, Luis Verdesoto, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, también se manifestó sobre esta cuestión.
El catedrático afirmó que a Correa le preocupaba esta pregunta porque podría dejar fuera de las instituciones a sus principales colaboradores, cuyos cargos van más allá del periodo presidencial. “Eso sí le preocupa. Y obviamente que su antagonista tenga tanto poder, también me preocupa a mí y a todos los demócratas”, puntualizó Verdesoto. Y es que con esta consulta “se autoriza al presidente Moreno a proponer las ternas de las 18 autoridades en el Congreso”, explicó el experto.
La CIDH pide que no se cree un Consejo transitorio “que pueda generar riesgos” en el Estado de derecho de Ecuador
También se refirió al respecto -una vez celebrada la consulta- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este organismo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), también de la OEA, una solicitud de medidas provisionales para ordenar a Ecuador que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS. Estos fueron nombrados para el periodo 2015-2020 y conforme a la normativa interna sólo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional.
La CIDH también pidió que no se cree un Consejo transitorio “que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos”.
Inicios viciados del Consejo de Participación Ciudadana
En la presentación de las preguntas que integrarían la consulta popular, Moreno se remontó a los inicios del CPCCS, en 2009. “Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea de este Consejo, se hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos, organizase la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad”, explicó Moreno, al tiempo que añadió: “Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un Consejo fruto de la voluntad popular”.
Hasta ahora las ternas de candidatos las proponía, según la Constitución, “una fórmula muy extraña que se daba en las funciones del Estado y organizaciones sociales”, tal como explicó a este diario Verdesoto. “Entonces, esto llevaba a que Correa, como controlaba todas las funciones del Estado y controlaba una buena cantidad de proponentes, ponía los miembros del Consejo y los miembros de este Consejo controlaban -y en algunos casos nombraban- la elección de funcionarios. Esto explica que todos los Consejos de Participación fueran hechos por sus colaboradores más inmediatos”, detalló el catedrático.
En otras palabras, “el Consejo de Participación Ciudadana, que se creó con la retórica de que el pueblo iba a controlar los poderes políticos, era una perversión de la democracia y del poder efectivo que acabó siendo el camino para que el poder no fuese controlado por nadie”, resume Luis Espinosa Goded, profesor en la Universidad San Francisco de Quito, en un artículo publicado en el diario ALnavío.
