Daniel Gómez (ALN).- Los índices de calidad democrática colocan a Costa Rica como la segunda democracia de Latinoamérica, sólo superada por Uruguay. Ahora acaba de demostrar por qué es así en el escándalo que provocó la dimisión de Epsy Campbell como canciller. Y es que este país sigue siendo una excepción en la región.
Tembló Costa Rica. No fue un terremoto. Fue la dimisión de Epsy Campbell como canciller. Campbell no es una funcionaria cualquiera. Es la ministra estrella del gobierno de Carlos Alvarado. Porque también es la vicepresidenta. La primera vicepresidenta negra de la historia de América Latina.
La figura de Campbell se erigió como la de una heroína. Por la lucha racial. Por la defensa de la mujer. Por el apoyo a los más pobres. En el extranjero es casi más conocida que el propio Alvarado. Tenía hechuras de presidenta. Incluso lo fue por unos días a raíz de un viaje del mandatario.
Campbell gustaba en todo el mundo menos en Costa Rica. Al menos, así era en una parte del país. La oposición siempre cuestionó su gestión. Y en el momento que la Procuraduría General de la República también lo hizo, no le quedó otra que dimitir. Como ocurre en las democracias.
Y es que Costa Rica es eso. Una democracia. La segunda democracia de América Latina, según el índice que elabora la unidad de inteligencia del periódico británico The Economist.
Según este listado, divulgado de forma anual, Uruguay es la única democracia plena de Latinoamérica. El único país donde todo funciona correctamente. Las elecciones son libres, la separación de poderes es real, y la opinión de los ciudadanos es representada en el Parlamento.
La categoría de democracia plena está al alcance de muy pocos. Ni siquiera potencias como Francia y Estados Unidos son considerados tal cosa. Estos son democracias imperfectas, como definen a Costa Rica. Un país donde la calidad de la democracia es superior a otras pujantes naciones de la región como Chile y Panamá.
El escándalo Campbell
En el caso de Campbell, se demostró que la Justicia, en este caso la Procuraduría, que es el representante legal del Estado, funcionó de forma independiente. Fuera de la influencia del Gobierno.
La Procuraduría General de la República de Costa Rica emitió el pasado viernes un criterio vinculante en que asegura que los puestos de dirección en Cancillería no son “de confianza”, y que deben ser desempeñados por personas sujetas a requisitos del Estatuto de Servicio Exterior. Es decir, por embajadores.
Costa Rica es una democracia. La segunda democracia de América Latina, según el índice que elabora la unidad de inteligencia del periódico británico The Economist
Lina Ajoy y Sergio Vinocour, que ocupan la Dirección del Servicio Exterior; Gina Guillén y Cyrus Alpízar, en Protocolo y Ceremonial del Estado; y Adriana Solano Laclé, de Cooperación Internacional, son los nombramientos cuestionados.
Campbell, quien renunció este martes ante el Congreso, defendió que ella hizo los nombramientos acordes a la ley. De hecho, según su versión, no conocía a estas personas, sino que se las recomendó un asesor legal.
Agregó, además, que los nombramientos pasaron los filtros institucionales, así como el de la Presidencia, y que su dimisión no es por el escándalo sino por el “bien del país”. Para zanjar la polémica y que los políticos vuelvan a “los temas reales” y “a los debates de fondo”.
Campbell seguirá como vicepresidenta con un objetivo claro. Eso dijo en Twitter. Quiere “construir sociedades justas e inclusivas, donde no exista espacio para la discriminación”.
