Zenaida Amador (ALN).- Sin atender el pliego de propuestas del empresariado venezolano, donde recomendaban flexibilizaciones y garantías para remontar la parálisis general de actividades impuesta por las propias autoridades, más las otras secuelas que dejará la pandemia del coronavirus, el régimen de Nicolás Maduro decidió recargar en el sector privado las primeras medidas económicas dictadas cuando se cumple la primera semana de cuarentena general en el país.
Recientemente en el diario ALnavío nos preguntábamos si había llegado la hora de que Nicolás Maduro le pida ayuda a los empresarios para sobrellevar la crisis agravada por el Covid-19. Este domingo dio su respuesta. Señaló que está por emitir un decreto de emergencia donde se contemplan algunas de sus decisiones para enfrentar los efectos de la pandemia en el área económica, un comentario que llega tan sólo tres días después de que su gabinete evaluó las propuestas hechas por Fedecámaras en nombre de los empresarios venezolanos.
Pero las medidas que terminó anunciando dejaron por fuera buena parte de las necesidades expuestas por el sector privado para poder garantizar su operatividad en esta coyuntura, con el peso en la espalda de seis años consecutivos de recesión.
Maduro terminó haciendo anuncios desconectados de los problemas de fondo, sin dimensionar su alcance, ni los recursos involucrados, ni sus impactos, ni mucho menos precisar quién asumirá sus costos.
Lejos de transmitir tranquilidad, los anuncios de Maduro generaron más zozobra en un país que antes de la llegada del coronavirus ya estaba sumido en una crisis humanitaria
Entre lo informado destaca la suspensión por seis meses del pago de alquileres de establecimientos comerciales y de viviendas principales. Al respecto se limitó a señalar que “luego serán compensados”. Vale recordar que el chavismo, en sus dos décadas en el poder, ha cercado el mercado de alquiler de viviendas creando una indefensión para los propietarios. Su reciente anuncio sólo aviva los temores de un sector largamente lesionado por las políticas del régimen.
De igual manera, Maduro prohibió por seis meses el corte de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios. Se trata de otro anuncio impreciso, sin explicar qué mecanismo se usará para compensar a las compañías que prestan el servicio (la mayoría privadas) en caso de que los suscriptores incurran en impagos a lo largo de ese período.
Llama la atención la medida a dos días de que Movistar Venezuela emitiera un comunicado señalando que su red se ha visto desbordada desde que comenzó la cuarentena, por lo que pedía la colaboración de los usuarios para que moderaran el consumo de datos.
“Estamos experimentando incrementos exponenciales del tráfico en nuestra red. En la primera semana de contingencia el aumento del consumo de datos casi alcanzó al incremento registrado en todo el 2019, el tráfico de protocolos de entretenimientos se multiplicó por 2,5 veces; todo esto sobre una red que ya operaba a máxima capacidad”, señaló José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Movistar en Venezuela.
En cuanto a la banca Nicolás Maduro le ordenó la suspensión por seis meses del pago de capital e intereses de los créditos comerciales. También decidió la reestructuración de los términos de los créditos para los pequeños y medianos productores y señaló que es obligatorio direccionar el esfuerzo crediticio de la cartera única productiva a alimentos y fármacos.
No explicó los términos de tales decisiones, la forma como se recalcularán los pagos involucrados ni otros detalles de fondo. Tampoco se refirió a si piensa revisar o flexibilizar la política de encaje legal aplicada por su régimen, que ha dejado prácticamente sin financiamiento al sector productivo nacional, y que es uno de los principales clamores del empresariado.
Oídos sordos
Para Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), los anuncios de Maduro son “absolutamente decepcionantes”. Queda claro, a su juicio, que “las autoridades que detentan el poder no tienen ningún interés real en la recuperación económica”.
Fedecámaras, por su parte, se limitó a comentar en una primera reacción que es muy preocupante que las autoridades pretendan tomar medidas aisladas, pues “la mayoría de los países que están enfrentando la situación del coronavirus han definido esquemas de trabajo conjunto: Gobierno, sector privado y sindicatos”.
Esto es lo que está pasando en Venezuela con Maduro, el coronavirus y el FMI
No hay que olvidar que Fedecámaras había pedido medidas concretas para garantizar el abastecimiento alimentario, de medicinas e insumos médicos, lo que implica -entre otras cosas- suministro de combustible y de servicios básicos como electricidad, agua y aseo urbano, precarios en Venezuela mucho antes de la crisis del coronavirus.
Un punto clave que también fue solicitado es la flexibilización impositiva, en especial por la reforma tributaria recientemente impulsada por Maduro que eleva las cargas sobre el sector formal de la economía. Pero esta petición parece no haber sido atendida aun cuando al cierre de marzo vence el plazo para la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta. Los empresarios pidieron una prórroga de hasta tres meses de la declaración, liquidación y pago del ISLR, así como el otorgamiento de exoneración para las personas naturales perjudicadas por la emergencia y con salario inferior equivalente a 50 dólares a tasa de cambio oficial.
Pero ayer el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) seguía emitiendo el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Contribuyente, tiene hasta el 31 de marzo, no habrá prórroga para la declaración del #ISLR. Declara y paga el Impuesto Sobre la Renta”.
¿Y con qué dinero pagará Maduro?
Los empresarios habían pedido una compensación extraordinaria y única para los trabajadores de las actividades que resulten suspendidas o reducidas en sus jornadas debido a la cuarentena, con carácter no salarial, con un aporte parcial del Estado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En este sentido Maduro señaló que pagará las nóminas de las pymes por seis meses. Dijo que lo hará a través del Sistema Patria, que es la plataforma de control usada por su régimen para la entrega de ayudas sociales y la asignación de comida en el programa CLAP, entre otros. En 2018, luego de decretar un aumento salarial de más de 3.000%, el Estado asumió temporalmente el diferencial del incremento, y ahora parece retomar la iniciativa.
También a través del Sistema Patria prometió entregar bonos especiales para los trabajadores de la economía informal y de la empresa privada. Dijo que la medida alcanzará a unos seis millones de venezolanos, pero tampoco ofreció detalles.
No explicó cómo financiará estos gastos en un contexto de contracción profunda de la renta de la nación (60% menos de ingresos petroleros que en 2019), lo que hace temer que retomará con fuerza su política de monetizar el déficit emitiendo dinero para cubrir compromisos internos a un elevado precio hiperinflacionario difícil de resistir en la coyuntura.
Así que, lejos de transmitir tranquilidad, los anuncios de Maduro generaron más zozobra en un país que antes de la llegada del coronavirus ya estaba sumido en una crisis humanitaria.
