Zenaida Amador (ALN).- Desde el 13 de marzo en Venezuela hay una medida nacional de aislamiento social, que implica una paralización general de actividades y restricciones de movilidad, medidas de control que están en manos de militares y de cuerpos especiales de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Aun así, el malestar social comienza a romper el cerco y a desbordarse en protestas a lo largo de todo el país. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Amenazar al empresariado, asomar la posibilidad de una “normalidad vigilada” y querer medir el ánimo de la población.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas por derechos sociales no cesan ni siquiera en medio de las medidas de cuarentena y confinamiento. Tan solo en las primeras tres semanas de abril se han producido más de 500 manifestaciones.
Este jueves “se registraron protestas por alimentos en al menos 15 estados del país” y además hubo “saqueos o intentos de saqueo en al menos tres estados: Bolívar, Monagas y Sucre”. En Bolívar, según confirmó la organización, fue asesinado un hombre de 29 años de dos impactos de bala en la cabeza mientras protestaba.
La escasez de gasolina, la falta de agua, las fallas eléctricas, la ausencia de gas doméstico y más recientemente el temor a la escasez de alimentos, más la incertidumbre ante el repunte de los precios cuando el grueso de la población está laboralmente inactiva por la cuarentena, son los detonantes de esta oleada de protestas populares en tiempos de prohibición de aglomeraciones públicas.
Y es que en Venezuela el problema del hambre alcanza dimensiones históricas. El Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias muestra que en 2019 Venezuela era el cuarto país con crisis de alimentación, solo superado por Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. El Programa Mundial de Alimentos estimó recientemente que hay 9,3 millones de venezolanos en inseguridad alimentaria.
ONU dice que Venezuela es el 4º país del mundo afectado por el hambre y necesitado de asistencia urgente
Ese es el país que encontró el brote global del COVID-19, coyuntura que agrava aún más la crisis. Venezuela no solo se ha quedado prácticamente sin ingresos con el desplome de los precios del crudo y el desmantelamiento productivo de la industria petrolera, sino que carece de ahorros y no tiene acceso al financiamiento internacional.
Recientemente el régimen de Maduro retomó la emisión monetaria como una vía para sostener el gasto público, lo que añade presión alcista al dólar.
El 13 de marzo, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en Venezuela y se emitió el decreto de estado de alarma, el dólar paralelo se cotizaba en 79.990 bolívares y este jueves ya rompió la barrera de los 200.000 bolívares, una variación de 150% en el tipo de cambio en seis semanas.
A la par de esto se ha acelerado el ritmo de incremento de los precios como parte de una hiperinflación que ya corre su tercer año, pulverizando el poder de compra del ingreso de buena parte de la población.
La respuesta del régimen
Frente a este cuadro crítico, que se acentúa con el paso de los días, la respuesta de Maduro ha sido represión y más control.
Sin resolver los problemas estructurales de la economía se limitó a amenazar con aplicar medidas contra el sector empresarial, al que responsabilizó de especular en medio de la pandemia. Aseguró que tomará “medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo”.
A la par de estos señalamientos, diversos voceros del chavismo han indicado que la escalada del dólar también responde a actores especulativos, evadiendo toda responsabilidad al respecto. De hecho, a lo largo de este jueves se activó la artillería digital del régimen para posicionar en redes sociales la etiqueta #BloqueaAlParalelo, que servía para lanzar acusaciones y amenazas directas a las páginas web que informan sobre la cotización del dólar en el mercado no oficial.
Hoy #23Abr se registran saqueos y disturbios en estados como #Bolívar, #Monagas y #Barinas, por comida y también por falta de gasolina, ¡hay hambre!
El régimen ha destruido nuestro país, en medio de la pandemia la crisis se profundiza, urge una solución. pic.twitter.com/hNNkUHtDWa
— Julio Borges (@JulioBorges) April 23, 2020
Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, salió al paso de estos planteamientos señalando que el tipo de cambio oficial, que publica el Banco Central de Venezuela, se ha incrementado 252,24 % en lo que va de año mientras que el tipo de cambio paralelo, en el mismo período, ha subido 239,65 %. “Esto es para los que dicen que el ‘problema’ con la devaluación es una página web”.
En un intento por aclarar responsabilidades, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, señaló que tanto el agua, la electricidad, el combustible y el propio bolívar “son administrados exclusivamente por el Estado, nunca por el comercio”.
En todo caso, el discurso oficialista indica que Maduro estaría evaluando restaurar total o parcialmente los controles de cambio y de precios que demolieron el aparato productivo nacional en sus 16 años de aplicación continua, hasta que en 2019 fueron flexibilizados para darle un respiro al sector privado y permitirle que surtiera al país se los bienes y los servicios que el Estado ya no puede garantizar.
El caramelo
El 13 de marzo, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en Venezuela y se emitió el decreto de estado de alarma, el dólar paralelo se cotizaba en 79.990 bolívares y este jueves ya rompió la barrera de los 200.000 bolívares, una variación de 150% en el tipo de cambio en seis semanas.
Maduro aplica un férreo cerco para contener la expansión del COVID-19 en Venezuela que mantiene 90% de la actividad comercial del país paralizada. Aun así, según la CEPAL, Venezuela es uno de los países que menos acciones compensatorias en materia económica ha adoptado en la región. Según Consecomercio, los pequeños prestadores de servicios y comerciantes no cuentan con ahorros suficientes para enfrentar esta cuarentena extendida, lo que hace temer que en mayo muchas de estas empresas necesitarán ayuda para poder mantenerse.
En este cuadro de alta tensión, Maduro asomó la posibilidad de una flexibilización. Dijo que han avanzado “en todo el territorio nacional en la ruptura de la cadena de transmisión” y la idea es ir a una etapa de “control por estados”.
Explicó que la fase se completará cuando se declare el control estado por estado y se iría entonces a una “normalidad relativa y vigilada”, lo que implica una flexibilidad frente al cerco actual. Aunque explicó que pudiera ocurrir que un territorio registre un brote y eso implicará volver a la cuarentena, pero en esa zona.
Sin dejar de pedirle “al pueblo máxima paciencia” mientras esto se concreta, anunció que abrirá una encuesta nacional digital llamada “Análisis de la Cuarentena y Situación del Covid-19” para monitorear los problemas principales de los venezolanos, su estado de ánimo, disposición y sus ideas. Dijo que se busca saber “¿cuál es su opinión?, ¿cuál es su percepción?, ¿cuál es su visión”.
Sin mencionar en ningún momento las protestas ciudadanas, dijo que la encuesta es “necesaria para nosotros seguir cruzando toda la información y poder precisar exactamente las decisiones que hay que orientar”.
