(EFE).- El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales «amparadas por funcionarios corruptos», según un informe publicado este domingo por la ONG Transparencia Venezuela.
«La red de corrupción es capaz de generar anualmente alrededor de 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas, 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible y cerca de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos», dice un comunicado de la organización.
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Asimismo, prosigue la ONG, la extracción de oro, que se lleva a cabo principalmente en el sur del país y «de formal ilegal», produjo en 2021 unos 2.385 millones de dólares, de los cuales, siempre según el informe, solo el 25 % ingresaron a las arcas del Estado.
«Esto significa que el 75 % del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializó por canales irregulares«, subraya Transparencia Venezuela, que asegura haber constatado estos datos mediante el trabajo de un grupo de investigadores que estudiaron estas actividades durante 10 meses.
La ONG estima, de acuerdo a estas observaciones, que el volumen de las operaciones ilegales es equivalente al 21 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
«La investigación concluye que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos», reza el escrito.
La organización explica también que la crisis económica de los últimos años, en medio de la cual los salarios de los funcionarios cayeron por debajo de 50 dólares mensuales, sirvió como caldo de cultivo para que estos trabajadores públicos optaran por «ampliar su participación en las actividades económicas ilegales».
Además, Transparencia Venezuela advierte que el Gobierno está usando figuras lícitas para obtener recursos de «manera irregular» y mantener su operatividad.
En este sentido, aseguró que el traspaso, «bajo condiciones de opacidad», de empresas públicas o activos estatales a privados durante 2020 y 2021, «generaron grandes pérdidas para el país» por encima de los 148,2 millones de dólares.
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