Redacción (ALN).- No existe unanimidad, pero algunos diputados aseguran que se encuentran buscando acuerdos respecto a la reforma del instrumento legal que garantiza la continuidad del Parlamento de 2015 y el gobierno interino.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a una sesión del Parlamento del 2015 este jueves para discutir la “prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición” y extender el funcionamiento de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023.
“O hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático (…) el Estatuto que rige la transición ha sido el mecanismo que ha garantizado la generación de consenso en torno a temas determinantes para la nación, como lo son la lucha por la recuperación de la democracia y la institucionalidad, así como la protección de activos”, precisa una misiva de Guaidó dirigida a la junta directiva de la AN y divulgada el domingo por la noche.
Sería la tercera reforma del Estatuto que establece el “piso jurídico” para garantizar la continuidad constitucional del parlamento electo en el 2015 y el mandato del gobierno interino, sustentado en los artículos 233, 333, y 350 de la Constitución de Venezuela.
Días atrás, Guaidó había adelantado que el 5 de enero, como cada año, se instalará la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
Sin embargo, parlamentarios consultados por la Voz de América admiten que aún no hay unanimidad respecto a la decisión que se va a tomar, pero coinciden en que es necesaria la continuidad de la AN debido a que es la institución reconocida por países donde se encuentran resguardados los activos del país.
Karim Vera, diputada por el partido Primero Justicia, afirma que se está trabajando en “acuerdos políticos” que permitan “tomar la decisión más acertada” para todos los venezolanos respecto a la continuidad de la AN de 2015 y del interinato.
“Estamos trabajando en los acuerdos unánimes, sin embargo, tenemos mayoría en cuanto a la decisión que se va a tomar y creo que debe continuar la AN por ser un órgano de elección popular legítimo, reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos y en base a eso se debe tomar la mejor decisión”, subrayó.
¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Y los activos?
Los diputados explican que, si no se acuerda la reforma del Estatuto de Transición, el gobierno interino llegaría a su fin porque no tendría el sustento “desde el punto de vista de una ley orgánica de la AN”.
De no existir un acuerdo de las mayorías parlamentarias, de acuerdo a Vera, se presentaría una situación “preocupante” en cuanto al resguardo de los activos debido a que la AN es reconocida por EEUU e Inglaterra “a efectos” de esos bienes.
Al respecto, el parlamentario por el partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila agrega que, de no darse un acuerdo para reformar el Estatuto, los activos podrían quedar sin titularidad, lo que, asegura, podría darle a Maduro el “derecho de exigir” la titularidad de los activos.
“No habría quien defendiera los juicios, yo creo que sería muy lamentable que nosotros que hemos luchado por rescatar la institucionalidad, por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselos si nosotros tomáramos una decisión de eliminar todo y por supuesto los activos quedarían sin protección y desprovistos de una fuerza institucional que los respalde”, alertó.
A juicio del parlamentario, en esta ocasión debe prevalecer “el interés nacional” y recordó que la oposición tiene previsto celebrar elecciones primarias presidenciales el año próximo.
Además, Dávila insiste en que los supuestos “de hecho y de derecho” que sustentan al gobierno interino “no han desaparecido”.
“Sigue habiendo un vacío de poder. Esas elecciones convocadas por Maduro en 2018 no cumplieron el procedimiento que debía seguirse por la vía de la autoridad electoral, sino que fue convocada de una manera inconstitucional y no es una elección reconocida por la comunidad internacional”, explica.
Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”.
Dirigentes políticos de oposición han cuestionado la continuidad del interinato, entre ellos Julio Borges, vicepresidente de estrategia, comunicación y relaciones internacionales del partido PJ, quien en diciembre del año pasado renunció a su cargo como Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno interino y dijo que “la noción de gobierno interino debe desaparecer completamente”.
“En nuestro modo de ver el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, en una especie de casta donde se ha profesionalizado o se ha burocratizado en un espacio que no está cumpliendo su manera de ser”, expresó en ese entonces.
En diciembre del 2020 fueron celebradas unas elecciones legislativas en las que se impuso el chavismo y que fueron desconocidas por la mayoría de la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional. Sectores de la oposición, entre ellos el ex candidato presidencial Henrique Capriles, convocaron a participar en los comicios.
