Rogelio Núñez (ALN).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, aparece como imbatible en los ámbitos político y económico. Sin embargo, tiene un talón de Aquiles que quizá no le impida ganar las presidenciales de 2019 pero que condicionará la evolución de un cuarto hipotético gobierno entre 2020 y 2025: su extrema dependencia de las exportaciones de gas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aparece como imbatible en los ámbitos político y económico: ha ganado en primera vuelta todas las elecciones presidenciales desde 2005 y su país parece invulnerable a las crisis, recesiones o ralentizaciones económicas que golpean a Latinoamérica desde 2013.
En el terreno político-electoral su predominio ha sido abrumador: fue electo en 2005 con el 53% y 25 puntos de diferencia sobre el segundo; en 2009 superó el 64% de los votos (casi 38 puntos sobre su principal rival), y en 2014 aventajó en 39 puntos al candidato más cercano sumando más del 63% de apoyo en primera vuelta.
En el ámbito económico, los largos años de bonanza en Bolivia, apoyados en el auge del precio del gas, explican el actual favoritismo de Evo Morales con vistas a las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Las encuestas le otorgan amplia ventaja sobre sus rivales. Ronda el 40% de intención de voto y si supera ese porcentaje, esto le garantizaría no tener que someterse a un balotaje si además obtuviera una diferencia de 10 puntos sobre su principal adversario.
Bonanza del gas y hegemonía de Evo Morales
Esta hegemonía se ha sostenido en el liderazgo de Evo Morales y en la bonanza económica que le ha aportado los recursos suficientes para desplegar una eficaz política social. En los 13 años de hegemonía evista, el país ha crecido siempre cerca o por encima del 5% (salvo en dos ocasiones que lo hizo superando el 3%) y en la actual coyuntura de ralentización regional (con América Latina expandiéndose apenas al 1-2%) el país andino se mantiene muy por encima, alrededor del 4%.
Ese fuerte y continuado crecimiento boliviano ha llevado aparejada la disminución de la pobreza y la consolidación de una clase media -emergente y heterogénea-, lo que ha redundado en más apoyo hacia el Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera Morales.
Esa nueva clase media, que claramente se inclinó por Morales en las elecciones de 2009 y 2014, fue la beneficiaria, junto a las clases populares, de la nacionalización de los hidrocarburos y la minería en 2006 que permitió que el Estado contara con más recursos y que la inversión pública creciera de 629 millones de dólares en 2005 a 6.210 en 2018. Igualmente, fue la base y el sustento de las políticas sociales, de expansión del gasto y de mejoras de los servicios públicos, que captaron y consolidaron el mayoritario respaldo social hacia el régimen de Evo Morales.
La nacionalización petrolera decretada por Morales en mayo de 2006, a poco de llegar al Palacio Quemado, dio al Estado boliviano el control del negocio del gas: determinó que todas las empresas petroleras que operaban en Bolivia deberían entregar su producción a YPFB para que esta se hiciera cargo de su comercialización. La participación del Estado pasó a ser del 50% del ingreso petrolero en los campos pequeños y del 82% en los grandes.
Resultado: en 2005, en materia de renta petrolera, el Estado recibía 673 millones de dólares; en 2014, la cifra era casi 10 veces superior, ya alcanzaba los 5.489 millones de dólares.
La nacionalización de los hidrocarburos incrementó los aportes que ha recibido el Estado (gracias además a una coyuntura de elevados precios de los commodities), lo que dobló los ingresos tributarios de Bolivia entre 2010 y 2019.
Lo hizo en la coyuntura más propicia ya que como señala el analista Fernando Molina el país andino ha vivido “el mejor momento económico de la historia boliviana. La existencia de una relación causal entre ambos hechos es dudosa, ya que el principal dinamo de la bonanza nacional son los elevados ingresos por exportaciones, que en una década han pasado de alrededor de 2.000 millones de dólares a estar en el orden de los 10.000 millones”.
Con esos ingresos el gobierno casi cuadruplicó la inversión pública (de 6.000 millones de dólares en 2005 a más de 20.000 en la actualidad), creando un ampliado mercado interno gracias al aumento del salario mínimo y los bonos sociales.
Los esfuerzos de redistribución del ingreso permitieron la reducción de la pobreza extrema en Bolivia, que pasó del 38,2% en 2005 al 15,2% en 2018: una reducción de 23 puntos porcentuales en 13 años, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Y la pobreza moderada cayó de forma significativa igualmente, del 60,6% en 2005 al 36,4% en 2017, una disminución de 24,2 puntos porcentuales.
El talón de Aquiles del régimen de Morales
Sin embargo, tanto Evo Morales como su régimen tienen un talón de Aquiles que quizá no le impida ganar las presidenciales de 2019 pero que condicionará la evolución de un cuarto hipotético gobierno entre 2020 y 2025: su extrema dependencia de las exportaciones de gas.
Una dependencia que se descubre con las cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas: en el periodo 2005-2016, la utilidad de YPFB representaba más de 37.000 millones de bolivianos de los 41.000 millones generados por las empresas públicas. El 80% de las exportaciones bolivianas dependen de la industria extractivista (del gas, pero también estaño y zinc) y, por lo tanto, los bajos precios internacionales incrementan los problemas ya que durante la hegemonía evista no se ha desarrollado ningún tipo de industrialización ni se ha diversificado la economía. De hecho, la oleada de incendios que padece la región de Chiquitania (Santa Cruz) y que han consumido 2,1 millones de hectáreas no son sino una prueba de que, pese a su discurso aparentemente anticapitalista, el régimen ha fomentado y apoyado modelos intensamente extractivistas (en este caso de la agroindustria de la soya).
Como apunta el analista Joshua Bellott Sáenz, “en los primeros seis años de este periodo, el aumento de la producción de gas fue desde 8,8 a 35,7 MM de mcd, lo que significa un crecimiento de 278%; en cambio, si bien la producción a partir de ese año tuvo unos picos, en 2014 y 2015, con 59 MM de mcd, bajó hasta 2018, a 54,2 MM mcd, lo que significó un crecimiento de sólo 52% en 13 años. Por lo tanto, en este periodo de 13 años (más del doble en años respecto al anterior) se creció cinco veces menos… La conclusión clara es que con 13 veces más dinero se creció cinco veces menos y, lamentablemente, esto fue en el doble de años. En otras palabras, esto es un verdadero desastre”.
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Bolivia se acerca a una tormenta perfecta: menor exportación y precios bajos, lo que se une a la creciente deuda pública y elevado déficit fiscal. La participación del gas natural descendió hasta llegar a un 34% en 2018, lo cual provoca una drástica caída de los recursos en comparación con los que percibió el Estado en los últimos 13 años y que provenían de las exportaciones de gas y la recaudación de impuestos, los cuales se encuentran muy afectados y reducidos.
La deuda pública, que oficialmente está en el 24%, se disparó según otros analistas (los cuales computan la deuda externa, la deuda interna y los préstamos del Banco Central de Bolivia) hasta superar el 50% del PIB desde 2017, un aumento del 15% en comparación con el 36% de 2014. En 2007, el endeudamiento externo del país ascendía a 2.208 millones de dólares, producto de varias condonaciones efectuadas por organismos internacionales. A partir de ese año la deuda externa se incrementó de manera significativa, llegando a alcanzar 9.713 millones de dólares hasta octubre de 2018, lo que significa un incremento del 339,9%.
De igual forma, Bolivia acumula ya cinco años consecutivos de creciente déficit fiscal producto de la caída del valor de las exportaciones. Incluso, en 2019 marcó el mayor déficit fiscal en Sudamérica, del -8,3%, seguida por Brasil con el -7,1 y Argentina (-5).
Y el panorama de futuro no es bueno: no sólo por las caídas del precio de las materias primas sino, sobre todo, por la existencia de mayor competencia para el gas boliviano. Los contratos con sus principales clientes (Brasil y Argentina) están siendo renegociados (y se hará a la baja) justo cuando ambas naciones persiguen aumentar su propia producción y diversificar sus compras accediendo al creciente mercado global de gas natural licuado. YPF SA, la estatal energética de Argentina, proyecta construir una terminal de exportación que le permitirá licuar el gas que produzca y exportarlo. Argentina busca en un trienio la autosuficiencia, que será posible gracias a la producción de Vaca Muerta, y con la conclusión del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que dotará de gas natural a seis millones de argentinos.
Fernando Valle, analista de petróleo y gas en Bloomberg Intelligence, destaca que “hay una nueva tendencia en la ciudad que ha roto el monopolio boliviano del gas natural en Sudamérica. Cuando hay márgenes muy altos en algún lugar, alguien finalmente va a encontrar una manera de ingresar a dicho mercado y socavarte. Eso es lo que le está pasando a los bolivianos ahora”.
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Caen los precios de las materias primas, baja la demanda (la de Brasil cayó en los últimos meses casi un 20% y la de Argentina a la mitad en el verano, lo que supone un 40% menos de precio y en volúmenes entre 40% y 50% menos); existe más competencia para el gas boliviano (a futuro el gas boliviano deberá competir con el GNL que llega a Brasil y Argentina) y además disminuyen las reservas actuales y las capacidades de producción. Álvaro Ríos Roca, ingeniero químico especializado en hidrocarburos, observa que “sin embargo, el gas boliviano es competitivo. Hay que ir a competir y tener una estrategia comercial muy bien definida para acomodar una producción declinante. Estamos en 14 meses cruciales para ver cuál es la estrategia comercial de YPFB, dueña del gas natural, para ver cómo se firmarán los contratos de gas, sus precios y condiciones. Hay algo de exploración, nueve prospectos, esperemos que se vayan descubriendo y en la medida que se descubra habrá que comercializarlo. Habrá que cruzar los dedos para que esos prospectos rindan buenos resultados. Para la era del gas es un momento desafiante, pero complejo”.
El incendio de la Amazonía supone el riesgo más inminente para Evo y su régimen, el cual incluso puede deteriorar sus opciones electorales. Pero por encima de todo, Bolivia afronta un reto de carácter más estructural: abandonar su actual matriz productiva de carácter monodependiente y extractivista por otra que apueste por la productividad, la competitividad y el valor añadido de las exportaciones. Todos ellos son terrenos en los que el régimen de Evo Morales no avanzó en estos 13 años y son parte de su legado (como asignatura pendiente) para el próximo gobierno, sea este de carácter continuista o rupturista.
